Mientras Chile incautaba la carga de droga boliviana más grande de la historia, Rodrigo Paz daba un peculiar discurso. La crisis institucional en Bolivia ha tomado un nuevo rumbo tras un extenso y polémico mensaje a la nación emitido por el presidente Rodrigo Paz Pereira. En medio de un mes de protestas, bloqueos y desabastecimiento, el mandatario apuntó directamente al «narcoterrorismo» como el motor de la convulsión social, justificando así la promulgación de la Ley de Estados de Excepción, una normativa que otorga a la Policía y a las Fuerzas Armadas un marco de impunidad operativa para intervenir en el conflicto.
Sin embargo, el discurso presidencial quedó envuelto en una monumental paradoja. Simultáneamente a su alocución, la Fiscalía y la Policía Marítima de Chile informaban al mundo sobre un golpe histórico al narcotráfico internacional: la incautación de 1.080 toneladas de madera boliviana impregnada con cocaína y ketamina. Inexplicablemente, este megaoperativo fue silenciado por la gran mayoría de los medios de comunicación en Bolivia.
El discurso: «Narcoterrorismo», gas y luz verde a los militares
Dirigiéndose principalmente a la población de La Paz y El Alto —ciudades severamente afectadas por el cerco campesino y sindical— Paz estructuró su defensa en la necesidad de «retomar la normalidad para que la economía crezca con seguridad».
El mandatario fue enfático al deslegitimar las protestas, asegurando que las justas reivindicaciones sociales están siendo «boicoteadas por el narcoterrorismo con recursos económicos y con presencia física de instigadores». En clara alusión a la dirigencia del Trópico de Cochabamba, cuestionó: «¿Por qué tanto chapareño en ciudades de La Paz, El Alto o el altiplano? ¿Es acaso ahora el departamento de La Paz un anexo del Chapare?»
En su afán por mostrar empatía social, Paz anunció dos decretos complementarios: uno para la reprogramación de deudas en beneficio de gremiales, transportistas y pequeños empresarios, y otro donde los miembros del gabinete se reducen el salario en un 50% para destinar esos recursos a enfermos de cáncer y renales.
No obstante, el núcleo de su mensaje fue el anuncio de la promulgación de la ley aprobada por el Parlamento. «Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado», sentenció Paz, dirigiéndose al Alto Mando Militar y Policial presente en el acto. Al advertir a los bloqueadores que «sus días están contados», el presidente activó la herramienta legal necesaria para iniciar un Estado de Excepción mediante Decreto Supremo, lo que anticipa una inminente y severa represión militarizada en las carreteras del país.
El megaoperativo en Chile que los medios bolivianos ocultaron
Mientras el presidente Paz denunciaba la presencia del «narcoterrorismo» en los bloqueos internos, el verdadero golpe a los cárteles bolivianos ocurría fuera de nuestras fronteras, revelando el nivel de penetración del narcotráfico en la estructura exportadora del país.
Según reportó el periódico digital Arica al Día, el Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, y el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunciaron la incautación de 45 contenedores con 1.080,8 toneladas de maderas impregnadas con clorhidrato de cocaína, ketamina y precursores químicos. La carga ilícita, proveniente de Bolivia, fue detectada en los puertos chilenos de Arica, San Antonio y Valparaíso tras seis meses de investigación de la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado.
Las autoridades chilenas estiman que entre el 10% y el 20% de la madera estaba compuesta por sustancias ilícitas, configurando un alijo superior a las 100 toneladas de droga pura. Las organizaciones criminales utilizaban sofisticados procesos químicos para impregnar la droga en la madera y exportarla desde Bolivia con destino a Europa, Norteamérica y Oceanía.
El valor proyectado de esta incautación en el mercado internacional supera los 8.334 millones de dólares, lo que habría significado la distribución de 584 millones de dosis ilícitas. Pese a la magnitud histórica de este hallazgo y a su evidente conexión con el territorio boliviano, el silencio de los medios tradicionales en Bolivia sobre este tema durante la jornada fue ensordecedor.
Una paradoja insostenible
El escenario político de este lunes deja a Bolivia frente a una profunda contradicción. Por un lado, el Gobierno central endurece su retórica y blinda jurídicamente a las Fuerzas Armadas para reprimir a sectores sociales, campesinos y sindicales, acusándolos de ser financiados por el «narcoterrorismo» y minimizando las denuncias previas sobre el uso de grupos parapoliciales.
Por otro lado, la porosidad del Estado boliviano frente a los verdaderos carteles de la droga queda en evidencia internacional. El hecho de que más de mil toneladas de madera contaminada con cocaína hayan logrado vulnerar todos los controles aduaneros y policiales internos para salir hacia Chile, demuestra que la maquinaria del narcotráfico en Bolivia opera a niveles industriales y de comercio exterior, muy lejos de las barricadas de llantas y piedras en las carreteras.
Con la ley de Estados de Excepción ya promulgada, el gobierno de Rodrigo Paz se prepara para una intervención militar que promete pacificar el país. Queda por ver si el peso del Estado caerá únicamente sobre las protestas sociales, o si también enfrentará a las estructuras logísticas millonarias que hoy exportan toneladas de droga ante los ojos vendados de las instituciones y la prensa nacional.
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