Paro nacional del Órgano Judicial es la medida de presión que ha puesto en alerta al Ejecutivo y Legislativo, luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, advirtiera con paralizar el sistema de justicia en Bolivia si no se atiende la demanda de asignar el 5% del Presupuesto General del Estado a este sector.
La amenaza, que contempla un escalonamiento desde las 24 horas hasta una huelga indefinida, marca un punto de inflexión en la relación entre los poderes del Estado y evidencia un distanciamiento político significativo respecto a la gestión del presidente Rodrigo Paz.
Del respaldo constitucional a la confrontación directa
La postura actual de Romer Saucedo contrasta drásticamente con el escenario político de inicios de 2026. El pasado 5 de enero, durante la inauguración del Año Judicial en Sucre, el magistrado fue el principal valedor de la gestión de Rodrigo Paz. En aquel entonces, Saucedo defendió públicamente la constitucionalidad de los Decretos Supremos 5503 y 5515, aunque no eran constitucionales,argumentando que las acciones del mandatario estaban permitidas por la Carta Magna y orientadas al “bien de Bolivia”, a pesar del fuerte rechazo de sectores sociales como la Central Obrera Boliviana (COB).
Hoy, el discurso ha virado hacia la confrontación. Saucedo justifica esta radicalización alegando una supuesta “desinstitucionalización” y denunciando que el Gobierno solo atiende a sectores que recurren al bloqueo y la protesta, dejando de lado a quienes, según él, respetan el Estado de Derecho.
La respuesta del Ejecutivo: “Hecho inaudito”
El Gobierno de Rodrigo Paz no ha tardado en reaccionar. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó la amenaza de paro nacional del Órgano Judicial como un hecho “inaudito” y de carácter “corporativo sindical”. Para el Ejecutivo, la paralización del servicio de justicia es una medida reprochable que, de concretarse, recaerá bajo la responsabilidad exclusiva de las autoridades judiciales.
Gálvez enfatizó que, en un contexto de crisis económica y política de contención del gasto público, la prioridad debe ser una reforma estructural del sistema judicial y no una disputa por recursos. “No estamos de acuerdo en que se adopten lógicas corporativas que ya le hicieron mucho daño al país”, sentenció el vocero, aunque mantuvo abierta la puerta al diálogo técnico.
El Legislativo busca una salida al conflicto
Ante la escalada de tensiones, el vicepresidente Edmand Lara ha convocado a las autoridades judiciales a una mesa de diálogo para este jueves. El objetivo es abordar los proyectos de ley presentados por el TSJ, que incluyen propuestas de financiamiento, modernización del aparato judicial y la convocatoria a elecciones para cubrir acefalías.
La resolución de este conflicto dependerá de si el Gobierno logra canalizar las demandas presupuestarias a través de una reforma integral o si la ruptura entre Saucedo y el Ejecutivo se profundiza, llevando al país a una parálisis judicial sin precedentes.
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