El Decreto Supremo 5647, promulgado recientemente por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, es un tarifazo y vincula el precio de la luz al dólar, además de vulnerar derechos constitucionales. Bajo una fachada de tecnicismos sobre “nodos” y “fondos de estabilización”, la norma esconde una de las medidas de ajuste económico más agresivas de los últimos años: un tarifazo eléctrico que podría encarecer el servicio básico hasta en un 80% anual y que, en la práctica, dolariza el costo de la energía para los hogares bolivianos.
La trampa matemática: ¿Por qué tu factura subirá un 5% cada mes?
El núcleo del conflicto reside en el Artículo 2.I del decreto, que establece un límite de variación tarifaria del 5% mensual. Aunque el porcentaje parece moderado, el efecto acumulativo es devastador. Al aplicarse de forma mensual, se genera un interés compuesto que, en un escenario de aplicación constante, elevaría el costo de la electricidad casi un 80% al cabo de un año.
Lo que el Gobierno presenta como una medida de ajuste técnico, se traduce en una carga insostenible para la economía familiar, transformando un servicio básico en un gasto de lujo que golpeará directamente a los sectores más vulnerables.
Dolarización del tarifazo eléctrico: El riesgo de la indexación
Más allá del incremento mensual, el Artículo 3 del Decreto Supremo 5647 introduce una cláusula de peligro extremo: la posibilidad de superar el límite del 5% si se alteran factores como el precio del gas natural, la inflación o, lo más preocupante, el tipo de cambio del dólar oficial.
Esta medida implica que, ante cualquier devaluación de la moneda nacional, el costo de la electricidad se ajustará automáticamente al alza. En términos simples, los bolivianos, que perciben sus ingresos en bolivianos, terminarán pagando la luz a precio de dólar, trasladando el riesgo cambiario del Estado directamente al medidor de cada ciudadano.
Vulneración de derechos constitucionales
Nuestro análisis constitucional advierte que esta normativa contraviene principios fundamentales de la Constitución Política del Estado (CPE):
- Acceso a servicios básicos (Art. 20.I CPE): La Constitución garantiza el acceso “universal y equitativo” a la electricidad. La falta de asequibilidad provocada por este tarifazo vulnera el derecho de las familias a contar con un servicio esencial.
- Soberanía energética (Art. 378 y 379 CPE): Al indexar la tarifa al dólar, el Estado renuncia a su rol de protector de la economía interna, supeditando el bienestar social a las fluctuaciones de la divisa extranjera.
Efecto dominó: La inflación en la canasta básica
El impacto del Decreto Supremo 5647 no se limitará a la factura de luz. La electricidad es un insumo transversal en la cadena productiva. Panaderías, mercados, pequeñas industrias y comercios verán incrementados sus costos operativos mes a mes. Este “efecto dominó” se trasladará inevitablemente al precio final de los productos de la canasta básica, profundizando la crisis inflacionaria que ya afecta al país.
Mientras el Gobierno busca reducir el déficit fiscal eliminando subsidios, el costo de esta política recae sobre el ciudadano de a pie, dejando a las empresas generadoras como las únicas beneficiarias de un esquema que, bajo el pretexto de la modernización, esconde un ajuste estructural sin precedentes.
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