La privatización del dólar en Bolivia quedó formalmente institucionalizada tras el abandono de la paridad fija de Bs 6,96 y la puesta en marcha del esquema de flotación regulado por la Resolución de Directorio N° 88/2026 del Banco Central de Bolivia (BCB). Al carecer de divisas líquidas suficientes en sus reservas para intervenir en el mercado y frenar la especulación, el Estado resignó su rol como autoridad rectora para transformarse en un mero validador estadístico de las cotizaciones que los grandes exportadores agroindustriales y mineros imponen a las entidades bancarias, empujando la cotización oficial a Bs 12,60 y trasladando el costo inflacionario a la economía cotidiana.
La trampa del promedio ponderado: el poder del gran volumen
El nuevo mecanismo cambiario se sustenta en una fórmula matemática que calcula a diario el Tipo de Cambio Oficial (TCO) a partir de las operaciones reportadas por el sistema financiero privado hasta las 20:00 horas. En este esquema, el volumen transaccionado es la variable determinante:
- Asimetría de mercado: Mientras las operaciones de pequeños ahorristas y comerciantes minoristas representan montos marginales, las liquidaciones de grandes corporaciones exportadoras alcanzan millones de dólares.
- Fijación de precios por grandes capitales: Ante la desesperación de los bancos por captar moneda extranjera para financiar importaciones críticas, los exportadores exigen tipos de cambio elevados para entregar sus fondos. Las entidades bancarias aceptan estas cotizaciones altas, las cuales terminan definiendo el promedio nacional.
- El margen de intermediación: El Artículo 6 de la normativa establece que los bancos pueden vender divisas al público con un recargo de hasta diez centavos por encima del TCO fijado la noche anterior, legalizando el encarecimiento progresivo del billete estadounidense.
De esta manera, la determinación del valor monetario dejó de responder a una política pública de estabilidad y pasó a regirse por la capacidad de presión de los sectores privados que concentran la oferta de divisas.
El BCB como espectador y el congelamiento de liquidez
Durante años, el ente emisor utilizó sus Reservas Internacionales Netas (RIN) como herramienta de intervención directa para abastecer el mercado y preservar el poder adquisitivo del boliviano. No obstante, el agotamiento de estos fondos operativos redujo el margen de maniobra estatal.
En un intento por maquillar este repliegue, la institución emitió la Nota de Prensa NP 21/2026 y la Resolución de Directorio N° 131/2026, mediante las cuales:
- Suspende temporalmente la compra de divisas: Argumentando contar con más de 1.000 millones de dólares en activos de alta liquidez para obligaciones externas, el BCB detuvo sus adquisiciones directas, dejando el flujo cambiario enteramente en manos privadas.
- Aplica la Reserva Monetaria Restringida: Obliga a los bancos múltiples y al Banco Público a inmovilizar de forma obligatoria el 3% de determinados depósitos en moneda nacional por un lapso de 180 días sin remuneración, con el fin de drenar circulante e intentar contener la presión inflacionaria.
Frente a la incapacidad estatal de generar divisas propias, el presidente del BCB, David Espinoza, planteó abrir mesas técnicas en el Legislativo para modificar la Ley 1503, buscando desbloquear y monetizar parte de las 22 toneladas de oro físico que la ley exige mantener en custodia de reserva.
Desregulación de combustibles: más demanda de divisas caras
El traspaso del control cambiario coincide con la promulgación del Decreto Supremo 5701 por parte del presidente Rodrigo Paz. La norma autoriza de forma excepcional a las refinerías privadas y estatales a importar petróleo crudo y comercializar sus derivados a precios de libre mercado sin subvención estatal, estableciendo una alícuota temporal de Bs 0 para el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) hasta el año 2030.
Esta medida añade mayor presión sobre el sistema financiero: las empresas importadoras de carburantes deben acudir a los bancos a comprar dólares al precio fijado por los grandes exportadores, consolidando un circuito en el que los costos de transporte y producción se trasladan directamente a los precios de la canasta familiar.
Desvalorización monetaria y el drama comercial en la frontera
La pérdida de soberanía sobre la divisa impacta con severidad en los pasos fronterizos. En la localidad de Desaguadero, el sol peruano alcanzó una cotización de entre Bs 3,60 y Bs 3,71 en los puestos de cambio (con una referencia indicativa del BCB de Bs 3,74), pulverizando el valor histórico de Bs 0,82 registrado en septiembre de 2023.
En tres años, la capacidad de compra del signo nacional frente a la moneda del vecino país se redujo de 1,22 soles a apenas 0,27 soles por boliviano. Esta devaluación práctica provocó que el comercio formal en las ferias binacionales decaiga, que los comerciantes peruanos rechacen el boliviano y que se dispare el contrabando de extracción de alimentos y garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) hacia territorio peruano, profundizando la vulnerabilidad económica de la población.
