La Administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU colabora a Bolivia en el gobierno de PAz, sin embargo el descubrimiento de 1.080,8 toneladas de madera boliviana impregnada de cocaína y ketamina, llamado cas narcomaderas, en puertos chilenos no solo desnudó la abismal vulnerabilidad de los controles fronterizos de Bolivia, sino que ha desatado una crisis política interna. Acorralado por las críticas de todos los flancos sobre la inoperancia —o presunta complicidad— aduanera y policial y talv ez la misma DEA.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue el encargado de enfrentar la tormenta mediática, lanzando un inusual desafío a los líderes políticos que cuestionan la gestión estatal frente al narcotráfico transnacional.
Oviedo incluye a la DEA en narcomaderas y apunta a opositores
En medio de los 40 días de bloqueos que asfixiaron a las ciudades, la noticia del «megaoperativo narco» en Chile sirvió de munición para la oposición y el ‘evismo’, quienes acusaron al Gobierno de permitir la exportación a gran escala de estupefacientes mientras el pueblo carecía de alimentos y combustibles.
La respuesta de Oviedo llegó en tono de reto directo. El ministro desafió al expresidente Jorge Tuto Quiroga, a Evo Morales y al propio vicepresidente Edmand Lara a nombrar representantes para supervisar el caso. «Si tienen el valor civil, que designen un delegado cada uno para que acompañe y fiscalice esta tarea de verificación internacional (…) y dejen de denigrar y de dar una mala imagen del país», espetó.
Oviedo confirmó además que la investigación no quedará solo en manos bolivianas y chilenas. El Ejecutivo conformará un «equipo de verificación» integrado por la DEA, la Unión Europea y el Reino de España. Con este anuncio, el Gobierno formaliza en los hechos el papel operativo de la agencia estadounidense en Bolivia, cuya reincorporación —tras 18 años de haber sido expulsada por Morales— ya había sido confirmada como una «decisión política tomada» por el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.
Asimismo, Oviedo intentó matizar el impacto del hallazgo chileno asegurando que las «108 toneladas» reportadas inicialmente por algunos sectores corresponden al «peso total de distintas sustancias encontradas», argumentando que Bolivia aún no cuenta con los informes periciales oficiales de la Fiscalía de Arica. Lo que sí admitió el ministro es que, a pesar de que la investigación en Chile se desarrolla desde octubre de 2025, en Bolivia no existe ni un solo aprehendido ni responsable identificado.
La justificación gubernamental: un problema heredado y tecnológico
Para el Gobierno, la inclusión de la DEA y actores europeos se justifica bajo la premisa de que Bolivia enfrenta una «brecha tecnológica» insuperable por sí sola.
El cargamento intervenido en Chile estaba bajo la modalidad de «droga invisible»: cocaína y ketamina químicamente impregnadas en la madera de exportación, un método indetectable para los escáneres y canes antidrogas de la Aduana y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
No obstante, esta excusa tecnológica choca con los antecedentes históricos. Como se ha documentado, esta modalidad no es nueva en el país. Desde 2018 y con el escándalo del cártel de Pedro Montenegro (y sus cómplices en altos mandos policiales) en 2019, la exportación de cocaína mimetizada en madera hacia Bélgica y otros puertos europeos era un modus operandi conocido por el Estado. Incluso en enero de este año, se decomisaron 700 kilos bajo el mismo sistema, operado por ciudadanos españoles dueños de Export Mader Bolivia SRL, quienes huyeron del país impunemente.
¿Qué rol jugará realmente la DEA?
La invitación del Gobierno a la DEA plantea cuestionamientos serios sobre la eficacia de su retorno. El periodista investigativo en su canal Te lo Cuenta Víctor Hugo expuso recientemente que hay al menos una decena de empresas madereras legalmente establecidas en Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y La Paz implicadas en la exportación de estas 1.080 toneladas.
¿Era necesario esperar el retorno de una agencia internacional para investigar los registros comerciales, contables y aduaneros de empresas nacionales legalmente constituidas? El hecho de que la droga haya pasado todos los filtros institucionales internos apunta más a un problema de corrupción sistémica y protección política (como ha sucedido en gestiones anteriores) que a una simple falta de tecnología.
Mientras Oviedo reta a sus adversarios políticos a fiscalizar las pericias, la verdadera pregunta que recae sobre el Gobierno de Rodrigo Paz no es cuánto pesa exactamente la droga decomisada en Chile, sino cómo mil toneladas de mercancía adulterada cruzaron de extremo a extremo el territorio nacional sin que la FELCN, Aduanas ni los servicios de inteligencia se dieran por enterados.
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