¿Quiénes son los pobres en Bolivia? Si la pobreza tuviera un rostro en el país, sería el de una mujer joven, indígena, con baja escolaridad, que vive en el área rural y sobrevive atada a la informalidad. Sin embargo, a este perfil histórico hoy se suma un nuevo y devastador factor: la inflación, que está empujando a miles de familias a la precariedad sin que el Estado lo registre.
Esta es la radiografía que presenta el informe «Pobreza en Bolivia» (Serie Debate Público Nº 138), elaborado por la Fundación Jubileo. El documento advierte que la pérdida del poder adquisitivo ha destrozado los avances sociales de la última década, evidenciando que el crecimiento económico no fue estructural y que la actual crisis de precios golpea con crudeza la mesa de los bolivianos.
La inflación oculta a 1,2 millones de pobres en Bolivia
El informe de Fundación Jubileo denuncia una peligrosa «trampa estadística». Oficialmente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la pobreza moderada en 37,7% (4,7 millones de personas) y la extrema en 12,8% (1,6 millones) para 2024. Pero estos umbrales no se han actualizado al ritmo del costo real de la vida.
Al recalcular las líneas de pobreza sumando la inflación acumulada —especialmente la de alimentos, que rondó el 30% hasta fines de 2025—, la realidad es alarmante. La incidencia real de la pobreza moderada salta al 44% – 47%. Esto significa que la inflación ha creado entre 800 mil y 1,2 millones de pobres «invisibles» que el Estado no contabiliza.
Empleo, Salud, educación
Asimismo, la pobreza extrema (quienes no pueden comprar ni la comida mínima) sube al 17,5% – 19%, sumando hasta 800 mil personas más a la miseria absoluta. En consecuencia, la publicitada «clase media», que el INE calcula en 59%, se reduce drásticamente al 51%, demostrando ser un grupo altamente vulnerable, donde un simple aumento de precios los devuelve a la pobreza.
1. La trampa del empleo informal: En Bolivia, trabajar no garantiza salir de la pobreza. El país tiene una tasa de informalidad del 83,9% (la más alta de Sudamérica). Esto se traduce en empleos precarios, de baja productividad y sin protección social (solo 2 de cada 10 trabajadores aportan para su jubilación). La Fundación Jubileo subraya que el crecimiento del PIB en años pasados no mejoró la calidad del empleo.
2. Educación sin pertinencia: Aunque los bolivianos estudian más años (10,6 años promedio en 2024), la calidad es crítica. En secundaria, el promedio de aprendizaje es de 43/100 en lectura y 28/100 en matemáticas. Además, las universidades siguen graduando profesionales en áreas saturadas, desconectadas de las necesidades productivas del país.
3. Salud: enfermarse es un lujo: El 81,9% de la población no tiene seguro médico a corto plazo, dependiendo exclusivamente del saturado Sistema Único de Salud (SUS). El sistema no ha evolucionado; sigue enfocado en atención primaria cuando el 72% de las muertes hoy se deben a enfermedades crónicas y no transmisibles.
Hambre y alimentos inalcanzables
El encarecimiento de los productos básicos ha desatado una crisis alimentaria silenciada. Los datos del estudio revelan que:
- El 58,5% de los hogares bolivianos teme que los alimentos se acaben en su hogar.
- El consumo de alimentos no saludables y baratos se duplicó (del 21,9% al 42,8% en tres años).
- El 29,3% de las familias comió menos de lo que debía.
- El 13,2% sintió hambre y no comió, una cifra que duplica los registros de 2021.
La pobreza tiene un fuerte componente territorial. La medición por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) —que evalúa vivienda, servicios básicos, salud y educación— muestra que la pobreza estructural afecta al 29,8% del país.
Pero la desigualdad es abismal: en el área urbana el NBI es del 15,8%, mientras que en el área rural se dispara al 61,8%. Departamentos como Potosí (45,1%), Beni (43,7%), Pando (40,8%) y Chuquisaca (37,6%) superan ampliamente el promedio nacional, careciendo de infraestructura básica, agua potable (donde el 56,8% rural no tiene acceso) y viviendas dignas.
El dilema del ajuste a la gasolina
Frente al agotamiento de las reservas internacionales y el déficit fiscal, el informe aborda un tema ineludible: el ajuste a los subsidios de los combustibles.
La Fundación Jubileo es clara al señalar que el actual modelo de subsidios «en surtidor» es insostenible, ya que beneficia más a quienes más consumen y facilita el contrabando. Sin embargo, advierten que un «gasolinazo» abrupto dispararía aún más la inflación y multiplicaría la pobreza.
Para evitar un estallido social, el estudio propone una «reforma energética gradual» (tomando como ejemplo a Indonesia). Recomiendan trazar una ruta previsible de precios, pero blindando a la población con un «piso social protegido». Esto implica eliminar el subsidio ciego y reemplazarlo con cupos digitales o tarifas sociales para el transporte público y pequeños productores, acompañados de transferencias temporales (compensaciones económicas) focalizadas exclusivamente en los sectores más vulnerables.
Las raíces del estancamiento: informalidad y servicios precarios
Más allá de los precios y la gasolina, la inflación castiga sin piedad porque la estructura laboral de Bolivia está rota:
- Informalidad asfixiante: El 83,9% de los trabajadores está en la informalidad (la tasa más alta de la región). Generan ingresos al día, sin seguridad social ni aguinaldos, por lo que la inflación devora sus ganancias de inmediato.
- Educación y salud: El país invierte, pero mal. El 81,9% de la población no tiene seguro de salud a corto plazo, y los estudiantes de secundaria tienen un nivel de aprendizaje crítico (28/100 en matemáticas), lo que perpetúa la pobreza intergeneracional.
Un nuevo pacto social
Para la Fundación Jubileo, los bonos sociales (Juancito Pinto, Renta Dignidad) sirvieron como alivio en época de bonanza, pero hoy son insuficientes.
Para revertir la situación, la institución propone:
- A corto plazo: Crear un Registro Social Único interoperable para focalizar la ayuda en quienes realmente la necesitan, digitalizar los pagos e indexar los montos de los bonos a la inflación de alimentos para proteger el poder adquisitivo.
- A largo plazo: Avanzar hacia un sistema de protección social universal, promover una transición realista hacia el empleo formal (con aportes parciales a la seguridad social), reorientar la educación técnica hacia sectores estratégicos, y establecer un Pacto Nacional de Cohesión Social que recupere la confianza en las instituciones.
Como advierte el documento, «el desarrollo humano integral no se puede reducir al crecimiento económico». Bolivia enfrenta el reto ineludible de sincerar sus cifras y reconstruir un modelo que ponga la dignidad de las personas en el centro de las políticas públicas
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