El Estado de Excepción decretado el 20 de junio de 2026 por el presidente Rodrigo Paz Pereira ha entrado en su último mes de vigencia sin cumplir el objetivo con el que fue justificado ante el país: normalizar el tránsito de cisternas y garantizar el abastecimiento pleno de diésel y gasolina en las estaciones de servicio. A dos meses del despliegue militar y tras reiterados plazos incumplidos por las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la escasez de carburantes continúa paralizando al transporte y a la producción agropecuaria, mientras el sector de cisterneros confirmó un paro nacional de transporte de combustible a partir de este lunes 24 de agosto.
La cadena de plazos rotos en YPFB
El argumento oficial de que los bloqueos de carreteras eran la única causa del desabastecimiento se desmoronó con el paso de las semanas. Levantadas las medidas de presión e instaurado el régimen de excepción, los compromisos de las autoridades energéticas se convirtieron en promesas fallidas:
- 26 de junio de 2026: El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, aseguró que «hasta mediados de la próxima semana deberíamos estar en condiciones más normales».
- 7 de julio de 2026: El vicepresidente nacional de operaciones de la estatal, Hugo Blacud, fijó un nuevo límite: «Estimo que hasta fin de mes vamos a poder solucionar absolutamente todos los problemas».
- 15 de agosto de 2026: El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, evitó fijar fechas y optó por pedir disculpas públicas a la población por las colas interminables.
- 18 de agosto de 2026: Daroca volvió a prometer que en «dos o tres días van a desaparecer las colas de gasolina», mientras los transportistas continúan varados entre dos y cinco días en los surtidores, enfrentando las bajas temperaturas del occidente del país.
El rechazo al Decreto Supremo 5676: Diésel a Bs 18
En medio de la escasez, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5676, eliminando la subvención para los grandes consumidores y fijando un precio referencial de Bs 18 por litro (manteniendo Bs 9,80 para particulares y transporte público). El presidente Rodrigo Paz justificó la medida afirmando que el contrabando hacia Perú y Chile desvía los carburantes subvencionados.
Sin embargo, los sectores que vivieron subvencionados han calificado la norma de «improvisada y discriminadora»:
- Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO): Su presidente, Klaus Frerking, declaró la emergencia del sector y convocó a un congreso extraordinario, advirtiendo que el decreto impone trabas burocráticas y obliga insólitamente a trasladar maquinaria pesada (tractores y cosechadoras) a las estaciones de servicio urbanas.
- Sector Arrocero: La dirigente Ana Isabel Ortiz alertó un riesgo inminente a la seguridad alimentaria, señalando que más del 50% de los productores evalúa no volver a sembrar por los costos insostenibles.
- San Julián: Productores dieron un plazo perentorio de 48 horas al Ejecutivo para abrogar el decreto bajo advertencia de nuevos bloqueos de carreteras.
- Municipios afectados: En Cochabamba, la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) tuvo que comprar el litro a Bs 18 y suspender temporalmente el recojo de basura domiciliaria por falta de cupos en YPFB, según informó el director de Comunicación de la Alcaldía, Juan José Ayaviri.
Los cisterneros paralizan el país este lunes
El escenario de desabastecimiento se tornará aún más crítico en las próximas horas. El presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, Sergio Kosky, confirmó que el transporte de combustible nacional e internacional irá al paro a partir del lunes 24 de agosto.
La medida responde al incumplimiento del acuerdo firmado el 9 de julio, en el que YPFB se comprometió a cancelar deudas pendientes por fletes que se arrastran desde hace cinco meses y a revisar las tarifas de transporte. Al no haberse hecho efectivos los pagos, la paralización de las cisternas amenaza con cortar de raíz el traslado de gasolina y diésel desde las plantas de almacenamiento hacia las estaciones de servicio de todo el territorio nacional.
Fragilidad política y aislamiento del Ejecutivo
El colapso en el suministro de hidrocarburos coincide con un momento de extrema debilidad política para Rodrigo Paz. En el Legislativo, la Asamblea aprobó con 91 votos la censura al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, mientras líderes de oposición como Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa articulan un frente común ante la crisis.
A ello se suman las tensiones internas y el silencio gubernamental tras los señalamientos de la activista Nadia Beller contra el entorno del mandatario, en un contexto donde el Estado de Excepción no logró frenar la crisis energética ni evitar que el país enfrente, a partir de este lunes, un nuevo freno a su aparato productivo.
