La ampliación del estado de excepción en Bolivia por un plazo adicional de 90 días, aprobada en gabinete ministerial mediante decreto supremo, abrió un severo conflicto constitucional y político en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de mantener el orden público frente a presuntos factores de riesgo y garantizar la ejecución de su agenda económica, juristas, bancadas parlamentarias y organizaciones sociales advierten que el Ejecutivo pretende utilizar un instrumento reservado estrictamente para desastres naturales o graves conmociones de Estado como una barrera de contención ante su propio desgaste de gestión y el creciente descontento popular.
Claves del debate por la prórroga del régimen excepcional
El marco constitucional: emergencias nacionales versus crisis de gobierno
La Constitución Política del Estado (CPE) delimita con precisión el alcance y la naturaleza de las medidas extraordinarias. De acuerdo con el Artículo 137 de la Norma Suprema, la potestad presidencial para declarar un régimen de excepción procede únicamente ante peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o catástrofe natural, prohibiendo expresamente la suspensión del derecho al debido proceso, a la información o de las garantías fundamentales.
Asimismo, el constitucionalista y diputado Juan Del Granado recordó que los Artículos 138 y 139 de la Carta Magna, en concordancia con la Ley 1740, obligan al Ejecutivo a rendir cuentas formales sobre los resultados obtenidos y someter cualquier prórroga a la autorización expresa del Legislativo. Del Granado enfatizó que el Artículo 140 prohíbe taxativamente la concesión o acumulación de facultades extraordinarias fuera de los preceptos constitucionales.
En ese sentido, analistas jurídicos coinciden en que los bloqueos viales que motivaron el Decreto Supremo 5636 el pasado 20 de junio concluyeron a los pocos días, por lo que prolongar la militarización y las restricciones por otros tres meses sin un hecho fáctico de conmoción desnaturaliza el mandato constitucional para convertirlo en una herramienta de control político.
El cerrojo del Artículo 140.III y el bloqueo a la reforma institucional
La prórroga planteada genera una consecuencia jurídica inmediata que impacta en el tablero político: el Artículo 140 (Parágrafo III) de la Constitución establece de forma categórica que «la reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción».
Esta disposición congela cualquier debate sobre los proyectos de ajuste a la Carta Magna promovidos por sectores de la oposición y el propio oficialismo para desconstitucionalizar normativas económicas o convocar a un referéndum. Al respecto, el vicepresidente Edmand Lara ya adelantó que no convocará a sesiones legislativas para reformas constitucionales mientras persista la medida de excepción.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó la falta de rendición de cuentas del Gobierno y alertó que prolongar el régimen excepcional por otros 90 días no solo posterga la salida institucional de la reforma constitucional, sino que busca eludir el control parlamentario en momentos en que el país se encamina hacia el retiro definitivo de los subsidios a los hidrocarburos en enero de 2027.
Ruptura con el PDC y desplome en la aprobación ciudadana
El pedido de ampliación se produce en el momento de mayor debilidad política del mandatario:
- Quiebre con su propio partido: La dirigencia nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC) anunció la ruptura definitiva con el binomio gubernamental. La diputada Sandra Rivero y el presidente del partido, Óscar Trujillo, denunciaron que tras diez meses de espera, la administración devino en una «estructura autocrática» paralizada por escándalos de corrupción y disputas internas. Con este alejamiento, el Ejecutivo pierde el respaldo formal de su bancada parlamentaria.
- Caída en los índices de popularidad: De acuerdo con el último informe de la encuestadora regional CB Global Data, el presidente registró una caída de 8,9 puntos porcentuales en septiembre, situándose con un 41,6% de imagen positiva frente a un 53,6% de desaprobación ciudadana, ubicándose en el puesto 12 entre 18 mandatarios evaluados en América Latina.
El frente social: protestas del magisterio y reclamos municipales
Lejos de disuadir el conflicto, el régimen restrictivo enfrenta la reactivación de las movilizaciones en las calles. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) ratificó la marcha nacional de «cacerolas vacías» en los nueve departamentos para este martes 15 de septiembre.
El dirigente del magisterio, Wilfredo Ajllahuanca, fundamentó la protesta en el rechazo al programa económico pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el congelamiento salarial y el riesgo de afectación al Escalafón Docente. «El hambre no conoce el estado de excepción», sentenció Ajllahuanca. Pese a que el ministro de Educación, Erick Sanjinés, remitió una carta convocando a mesas técnicas para postergar las demandas salariales a 2027, el sector docente ratificó sus medidas de presión.
En la misma línea, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM Bolivia), Jhonny Torres, advirtió que la prórroga no resuelve las tensiones estructurales del país, instando a las autoridades a priorizar el diálogo y los consensos antes que imponer medidas de fuerza.
Resistencia en el Legislativo ante la ausencia presidencial
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que el presidente declinó defender la prórroga en persona y que será el gabinete ministerial el encargado de sustentar el decreto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
No obstante, el trámite anticipa un escenario adverso. El senador José Manuel Ormachea ratificó el rechazo tajante de su bancada señalando que se requeriría «un verdadero milagro» para reconsiderar su voto. A su vez, el diputado Ricardo Rada recordó que el trámite debe resolverse antes del 18 de septiembre, advirtiendo que, de no alcanzarse los votos reglamentarios o vencer el plazo, la medida quedará automáticamente sin efecto.
