El ajuste del FMI en Bolivia comenzó a materializarse en la economía cotidiana antes incluso de su ratificación formal en la Asamblea Legislativa Plurinacional, consolidando un patrón histórico donde las exigencias de estabilización recaen desproporcionadamente sobre las clases populares y los trabajadores informales. A través de la desregulación de los precios energéticos, el congelamiento de la masa salarial y el desmontaje de las tasas de interés protegidas, el programa financiero de 1.900 millones de dólares bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) favorece la rentabilidad del sector bancario y asegura el cobro de los acreedores externos, mientras encarece el costo de vida de la población más vulnerable.
Lo más importante: Quiénes ganan y cómo paga el pueblo el ajuste
La privatización de combustibles en marcha: el diésel y la gasolina a Bs 18
La retirada gradual del subsidio estatal ya dio sus primeros pasos en el mercado interno. En estaciones de servicio de Santa Cruz de la Sierra y Montero, empresas privadas iniciaron la venta de gasolina importada desde Argentina (Ultra Premium 100) a un precio de Bs 18 por litro, marcando una brecha de Bs 11,04 frente a la gasolina especial subvencionada (Bs 6,96).
Este ensayo de comercialización privada anticipa lo estipulado en los Decretos Supremos 5676 y 5652, que establecieron un precio de referencia de Bs 18 por litro de diésel para el sector industrial y pautaron la supresión total de las subvenciones para enero de 2027. Al trasladar el precio del barril internacional y los costos de flete directamente al surtidor, la medida amenaza con desatar un incremento en cadena en las tarifas de transporte interdepartamental y en los costos de producción agrícola, golpeando directamente el precio de los alimentos de la canasta básica.
La letra chica del programa SAF: sobretasas punitivas y muro de vencimientos
Aunque el discurso gubernamental destaca una tasa base inicial de 3,48% para el empréstito multilateral —inferior a los rendimientos exigidos por los Bonos Soberanos (9,45%) o créditos de la CAF (4,80%) y el BID (4,90%)—, los anexos técnicos revelan severos riesgos financieros:
- Peligro de sobretasas (surcharges): Si el monto contratado supera el 300% de la cuota del país ante la institución, se aplica un recargo punitivo de 200 puntos básicos (+2,0%), que se eleva a 275 puntos básicos si el saldo permanece alto por más de 51 meses. Con ello, la tasa real superará rápidamente el 5,5% al 6,2% anual.
- Pico histórico de deuda en 2027: El coeficiente de deuda pública total respecto al PIB trepará al 94,5% en 2027 debido al nuevo endeudamiento y la devaluación cambiaria.
- Muro de pagos (2030-2032): El país enfrentará compromisos anuales de deuda externa por $us 2.509 millones en 2030 y $us 2.705 millones en 2031, concentrando una asfixia de divisas para la siguiente década.
- Privilegios para el sistema financiero: El acuerdo impone reformar la Ley de Servicios Financieros para eliminar los topes a las tasas de interés activas y suprimir las cuotas obligatorias de Créditos Productivos y de Vivienda de Interés Social (CPVIS), permitiendo a la banca cobrar márgenes más altos a costa de encarecer el crédito para microempresarios y familias trabajadoras.
El espejo de Siria: recetas ortodoxas, alza de combustibles y protestas
El impacto social de este recetario encuentra un paralelismo directo en Medio Oriente. En Siria, mientras el Ministerio de Finanzas coordinaba con una misión técnica del organismo multilateral la adopción del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas y proyectaba estabilizaciones macroeconómicas, el gobierno aplicó un severo ajuste en los precios de la gasolina, el diésel y el fueloil argumentando costes de importación y paradas técnicas en la refinería de Banias.
La respuesta popular fue inmediata: provincias como Hama, Daraa, Idlib, Alepo, Raqqa, Deir Ezzor y Hasakah registraron protestas masivas, quema de neumáticos, huelgas de transporte público y bloqueos de autopistas estratégicas como la Damasco-Alepo y la M4. El caso sirio ilustra la constante global de estos programas: los organismos técnicos diseñan esquemas de equilibrio contable sobre el papel, pero la eliminación de subsidios y el encarecimiento de carburantes desatan crisis sociales incontrolables en sociedades ya empobrecidas.
Vulneración del PIDESC y regresividad en derechos humanos
El compromiso de ejecutar una consolidación fiscal equivalente al 8,5% del PIB entre 2026 y 2029 —en un contexto de recesión donde la economía cayó 1,6% en 2025— colisiona frontalmente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Bolivia.
El Artículo 2.1 del PIDESC prohíbe de forma expresa las medidas regresivas que reduzcan el nivel de goce de derechos fundamentales como la alimentación adecuada (Art. 11), la salud (Art. 18 CPE) y la educación (Art. 77 CPE). Reducir la masa salarial del sector público en más del 1% del PIB y reemplazar la protección social universal por un «registro social focalizado» con comprobación de medios marginará al 80% de los trabajadores informales que no cuentan con respaldo institucional frente a la inflación.
Asimismo, someter reformas legales orgánicas al escrutinio trimestral de técnicos extranjeros vulnera la reserva de ley y las facultades exclusivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Arts. 12, 158 y 322 de la CPE), confirmando que el costo de la liquidez externa es la pérdida de soberanía y el empobrecimiento de la población.
