El discurso oficial choca frontalmente con la realidad que viven las familias de Tarija, hay fuego en sus casas. Mientras el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguraron este domingo que los incendios forestales en Quirusillas, Tucumillas y Erquiz Ceiba estaban “contenidos”, la situación en el terreno es desesperante. Vecinos de la Reserva Biológica de Sama y San Lorenzo reportan que las llamas no solo siguen activas, sino que han ingresado a zonas habitadas, destruyendo inmuebles y amenazando la vida de los pobladores.
La brecha entre el sobrevuelo y la realidad
El Gobierno basó su optimismo en un sobrevuelo realizado por altas autoridades, quienes constataron “focos de calor en sectores de difícil acceso” pero insistieron en que el incendio estaba bajo control. Sin embargo, la realidad en comunidades como El Rincón de la Victoria es otra. Elisabeth Carreras Paz, vecina de la zona, describió con angustia cómo la Reserva de Sama se consume ante la mirada impotente de los habitantes.
“Los incendios llegaron a tal punto que se necesita tecnología para hacerlo por aire… como siempre, la burocracia de las instituciones públicas y sus protocolos son muy lentos”, denunció Carreras a través de redes sociales, mientras el fuego continuaba su avance implacable. En San Lorenzo, otros vecinos mostraron imágenes de las llamas a escasos metros de sus casas, desmintiendo la versión gubernamental de que “no existen comunidades en riesgo”.
Un problema crónico: La negligencia presupuestaria
La crisis de los incendios en Tarija no es un evento fortuito; es una tragedia anual que se repite por la falta de una solución estructural. Un análisis técnico de los Planes Operativos Anuales (POA) del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) revela que la prevención de incendios es una prioridad marginal.
Para la gestión 2026, la Gobernación ha presupuestado apenas Bs. 1.000.000 para la partida de “Atención de Emergencias”, lo que representa un ínfimo 0,23% del presupuesto total departamental. Esta cifra, que se mantiene como un “piso legal” mínimo desde hace años, es insuficiente para enfrentar la magnitud de los desastres actuales. Mientras el departamento prioriza el pago de deuda pública y gastos corrientes, la gestión de riesgos ha operado con presupuestos que oscilan entre el 0,07% y el 0,81% del total anual, condenando a los bomberos a trabajar con recursos de subsistencia.
La paradoja de la solidaridad
Es una contradicción recurrente: la Gobernación, que cuenta con un presupuesto millonario para otras áreas, se ve obligada a habilitar puntos de acopio para pedir a la ciudadanía que done colirios, barbijos y agua para los brigadistas. Este llamado a la solidaridad es la confesión de un Estado que ha renunciado a su responsabilidad de equipar adecuadamente a quienes combaten el fuego.
La dependencia de fuentes volátiles como el IDH y el IEHD, sumada a la falta de una estrategia de prevención real, ha dejado a Tarija indefensa. Como señala el análisis financiero, con presupuesto o sin él, no se asignan recursos para evitar problemas ya identificados. Se reacciona cada año al mismo desastre, ignorando que la prevención es más económica que la reconstrucción.
Incendios en Bolivia
La crisis no se limita a Tarija; el fuego también ha cercado otras regiones estratégicas del país. En Cochabamba, el Parque Nacional Tunari enfrenta una situación crítica con 37 incendios registrados en lo que va de 2026, 18 de ellos concentrados en esta área protegida, donde las pendientes pronunciadas y los fuertes vientos han dificultado las labores de sofocación.
Paralelamente, en Santa Cruz, las brigadas luchan contra el avance de las llamas en el Parque Nacional Otuquis y a lo largo de la carretera Bioceánica, entre Pailón y San José de Chiquitos. En ambos departamentos, la respuesta estatal se ve limitada por la falta de recursos y equipamiento, mientras las autoridades departamentales advierten que la temporada será crítica y que los presupuestos actuales —como los escasos 2 millones de bolivianos destinados por la Gobernación cruceña— resultan insuficientes para contener una emergencia que, al igual que en Tarija, se repite año tras año sin una estrategia de prevención real.
Exigencia de justicia y ecocidio
Ante la recurrencia de estos desastres, el Concejo Municipal de Tarija y la Cámara de Senadores han comenzado a exigir investigaciones exhaustivas. El presidente del Concejo, Marcelo Zenteno, calificó de “insignificantes” las multas actuales por chaqueos, señalando que “es mucho más barato quemar que no hacerlo”. Por su parte, la diputada Marina Cachambi ha propuesto incorporar el delito de ecocidio al Código Penal, con penas de hasta 20 años de prisión, para frenar una práctica que, lejos de ser espontánea, parece responder a intereses que buscan la expansión de tierras mediante el fuego.
Mientras los helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) realizan descargas de agua y los vecinos rocían sus techos para evitar que sus hogares se conviertan en cenizas, la pregunta sigue vigente: ¿cuántas hectáreas más deben arder para que el Estado deje de lado la burocracia y asuma una inversión real en la protección de nuestro patrimonio natural?
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