En un movimiento que ha encendido las alarmas de organizaciones indígenas y expertos ambientales, el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, anunció la liberación de 1,5 millones de cuadrículas mineras, equivalentes a 33.000 nuevas áreas de trabajo en todo el país. Este anuncio, realizado durante un encuentro con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), marca un hito en la política extractivista del gobierno de Rodrigo Paz, consolidando un acuerdo que, prioriza los intereses del sector cooperativista sobre la integridad de las áreas protegidas y los territorios indígenas.
El Gobierno de Rodrigo Paz cumplió con los mineros auríferos y liberó áreas protegidas
El origen de esta “liberación” de tierras se remonta al 14 de mayo de 2026, cuando el Ejecutivo firmó un acta de ocho puntos con Fencomin en medio de una crisis social marcada por bloqueos y presiones. El punto final del acuerdo, titulado “Políticas en Medio Ambiente”, dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) restablezca el reglamento para otorgar derechos mineros en áreas protegidas, ignorando las salvaguardas ambientales vigentes.
La diputada de Unidad, Cecilia Requena, calificó este pacto como “nefasta y macabra”, advirtiendo que el Gobierno ha cedido a la presión de un sector que utiliza la fuerza para obtener concesiones inaceptables. “El Gobierno no puede sacrificar bienes comunes vitales como nuestras áreas protegidas y fuentes de agua”, señaló Requena a Mongabay el 11 de junio de 2026.
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La “droga invisible” y el mercurio: Un costo humano incalculable
La expansión minera no solo implica deforestación; conlleva una crisis sanitaria silenciosa. El uso de mercurio en la minería aluvial —altamente tóxico y capaz de atravesar la barrera placentaria— está envenenando los ríos de la Amazonía. Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA, advirtió en 2025 que el mercurio es una de las diez sustancias más peligrosas según la OMS, afectando el desarrollo neurológico de niños en comunidades indígenas, citada en Mongabay.
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) pidió al Gobierno impulsar proyectos y alternativas que permitan sustituir el uso del mercurio en la explotación de oro, en el marco de los compromisos asumidos por el país para avanzar hacia una minería más limpia. Es decir, quieren que la solución y alternativa a Bolivia vengan del ejecutivo.
El “éxito” administrativo: 5.400 contratos en tres meses
El ministro Calderón defendió la gestión, asegurando que han cumplido con las demandas de Fencomin, incluyendo la adecuación rápida de derechos mineros mediante la Resolución Nº 069/2026. Esta norma ordena a la AJAM regularizar 5.400 contratos en un plazo de apenas tres meses.
“Todo lo que no pudo hacer en más de 10 años la anterior gestión, lo hemos hecho nosotros”, afirmó Calderón, celebrando la celeridad administrativa. Sin embargo, esta “eficiencia” es vista por organizaciones como Contiocap como una forma de eliminar el rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa y de las instancias ambientales, comprometiendo la aprobación de contratos que no cumplen con los requisitos técnicos ni salvaguardas ambientales.
Pueblos en aislamiento: Los más desprotegidos
La expansión de la frontera extractiva no solo afecta a las cooperativas y al Estado; pone en riesgo la supervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV). Según denunciaron organizaciones indígenas en el Encuentro Nacional realizado en marzo de 2026, pueblos como los Araona, Ayoreo, Tsimane y Yuqui enfrentan una amenaza directa por la invasión de sus rutas de tránsito y espacios de vida. La política estatal, al favorecer intereses empresariales y cooperativistas, está incrementando el riesgo de extinción para estos pueblos altamente vulnerables.
Un modelo que hipoteca el futuro
El Gobierno sostiene que la Cumbre Nacional Minera 2026 es un espacio de diálogo para modernizar el sector. No obstante, la realidad es que el Ejecutivo ha optado por una política de “puertas abiertas” para la minería aurífera, incluso en zonas donde la ley y las sentencias del Tribunal Agroambiental prohíben explícitamente la actividad extractiva.
Al ceder ante las presiones de Fencomin, el Estado boliviano no solo está vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE) —específicamente los artículos 14, 15, 60 y 66—, sino que está institucionalizando un modelo donde la rentabilidad inmediata del oro prevalece sobre la salud pública, la soberanía alimentaria y la protección de los ecosistemas que sostienen la vida en Bolivia.
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