El Gobierno boliviano, a través de su vocero presidencial José Luis Gálvez, ha intentado dar por concluido el escándalo de las “narcomaderas” —la red que utilizó cargamentos de madera para traficar cocaína y ketamina— asegurando que las pruebas preliminares han descartado la presencia de sustancias controladas. Sin embargo, la respuesta desde el exterior ha sido contundente: la investigación continúa vigente.
Chile y Brasil desmienten el cierre del caso
Lejos de la versión oficial boliviana, la Fiscalía de Arica (Chile) emitió un comunicado aclarando que la causa por las “maderas impregnadas con droga” mantiene su carácter de vigente y con diligencias en curso. Por su parte, el embajador de Brasil en Bolivia, Luis Henrique Sobreira, fue enfático al señalar que no existe información oficial que descarte la presencia de sustancias ilícitas en los cargamentos retenidos en territorio brasileño.
Esta discrepancia pone en evidencia una desconexión entre la narrativa del Ejecutivo boliviano y la realidad judicial internacional. Mientras el vocero Gálvez calificó las acusaciones de “inverosímiles” y exigió un resarcimiento de imagen para la industria maderera, las autoridades chilenas y brasileñas mantienen el hermetismo propio de una investigación compleja que involucra a 15 empresas bolivianas y destinos internacionales en Europa y América.
La distinción necesaria: ¿Qué se investiga realmente en las narcomaderas?
La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) ha intentado aclarar que los resultados negativos difundidos por el Gobierno corresponden únicamente a la madera retenida en pasos fronterizos internos, donde la FELCN realizó pruebas rápidas. No obstante, el gerente de la CFB, Walter Rioja, admitió que estos procesos son independientes de la investigación que lidera la Fiscalía de Arica en una entervista en Radio Fides.
El punto central de la controversia es el método de la “droga invisible”. La técnica de impregnación química, que adhiere la cocaína a los listones de madera, hace que las pruebas de campo convencionales arrojen falsos negativos. Solo análisis de laboratorio avanzados, como los realizados por el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, han logrado confirmar que hasta el 20% del peso de los contenedores era droga pura.
El trasfondo: La élite de las “narcomaderas”
El caso de las 108 toneladas de droga, valuadas en más de 8.000 millones de dólares, ha expuesto una red que trasciende el narcotráfico tradicional. Investigaciones periodísticas, como las publicadas en Sol de Pando, señalan que detrás de este entramado no operan delincuentes marginales, sino una clase social elitista —los “jailones”— que utiliza el prestigio de directorios empresariales para blanquear sus actividades.
Empresas como Indusmar SRL, Multipando o Express Woods KD son solo algunos de los nombres que figuran en los manifiestos de exportación bajo sospecha. La infiltración llega a niveles institucionales alarmantes, con antecedentes de exautoridades de la ABT vinculadas a redes de narcotráfico, lo que explica por qué, a pesar de la magnitud del operativo en Chile, en Bolivia no existen responsables identificados ni detenidos.
La farsa del “mercado gringo” y el rol de la DEA
El Gobierno de Rodrigo Paz ha utilizado el retorno de la DEA como una bandera política, insistiendo en que la cocaína boliviana inunda las calles de EEUU. Sin embargo, los datos de la UNODC y los manifiestos de exportación de las empresas investigadas cuentan otra historia: el destino principal de estas “narcomaderas” es el mercado europeo (Alemania, Bélgica, Francia).
La insistencia en vincular la droga con EEUU parece responder a una estrategia geopolítica para justificar la injerencia extranjera, mientras se ignora la sofisticada red logística que permite que la droga salga por los puertos del Pacífico.
Un daño a la imagen que requiere transparencia
El Gobierno boliviano se encuentra en una encrucijada. Mientras exige un “resarcimiento de imagen” para la industria forestal, la negativa de las fiscalías de Chile y Brasil a cerrar el caso sugiere que el escándalo está lejos de terminar. La verdadera crisis no es la imagen del país, sino la incapacidad —o falta de voluntad— para desarticular a las élites empresariales que han convertido al sector forestal en la gran lavandería del narcotráfico transnacional.
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