La tragedia del jaguar en Bolivia: La indignación por un individuo, la impunidad de las élites y el ecocidio del agronegocio

Un nuevo episodio de biocidio ha encendido la indignación ciudadana en Bolivia. La Fiscalía del departamento de Beni confirmó la aprehensión de un ciudadano en Guayaramerín —localidad fronteriza con Brasil— tras ser grabado disparando, decapitando, desollando y mutilando a un ejemplar de jaguar (Panthera onca) que había ingresado a un inmueble urbano. La acción de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) fue inmediata: se recuperó la piel y las patas, se activaron imputaciones por biocidio y porte ilícito de armas, y el Ministerio Público anunció que solicitará detención preventiva.

Sin embargo, la celeridad penal con la que la justicia boliviana actúa contra un ciudadano particular en la periferia contrasta de manera escandalosa con la impunidad sistémica que protege a las verdaderas amenazas del felino más grande de América: la expansión desenfrenada del agronegocio, la deforestación industrial para ganadería y los grandes traficantes internacionales de fauna silvestre cuyos casos son cerrados en el archivo del olvido.

La doble vara de la justicia: Del “caso Guayaramerín” al carpetazo de “Caza & Safaris”

El jaguar ha dejado de ser una especie vulnerable para ingresar a la categoría “En Peligro” en el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia. Aunque el Tribunal Agroambiental dictó en abril de 2025 un fallo histórico ordenando medidas de protección para la especie tras la muerte documentada de más de 95 ejemplares en años recientes, la aplicación de la ley en Bolivia demuestra tener una profunda sesgo de clase y origen.

Mientras el ciudadano de Guayaramerín se enfrenta a una pena inmediata por defenderse o cazar al felino en un área urbana, la Justicia boliviana cerró en silencio el mayor caso de tráfico transnacional de fauna silvestre de la historia reciente: el caso Caza & Safaris.

Impunidad

Mientras en Argentina la justicia ejecutó 12 allanamientos, embargó 37 vehículos de alta gama, incautó 44 armas de fuego y decomisó casi 8.000 piezas de taxidermia, la Fiscalía de Santa Cruz en Bolivia desestimó la demanda penal en 2025. El fiscal del municipio fronterizo de San Matías alegó “insuficiencia de pruebas” y retiró el proceso del sistema digital del Ministerio Público, ignorando las pruebas periciales de telefonía, la geolocalización de las imágenes de los felinos ejecutados e incluso las denuncias de guardaparques y activistas como Marcos Uzquiano y Lisa Mirella Corti. La impunidad de Noya y sus clientes de élite demostró que la riqueza nacional puede ser saqueada si el cazador tiene dólares y contactos.

El verdadero enemigo el jaguar en Bolivia: La ganadería capitalizada y la “Diagonal Seca”

Aunque el tráfico de partes de jaguar para el mercado asiático y los safaris furtivos golpean a las poblaciones, la literatura científica internacional confirma que el peligro existencial del felino no es la caza aislada, sino la transformación industrial del territorio impulsada por el agronegocio y las políticas permisivas del Estado.

Recientes investigaciones publicadas en Mongabay Latam y coordinadas por el científico Jamie Burton (Universidad Humboldt de Berlín), junto a expertos de la Red Yaguareté y CINCIA, revelan cómo la ganadería y el cultivo de commodities (soja, maíz, sorgo) están desmantelando los corredores biológicos en más de 4,2 millones de kilómetros cuadrados de la llamada “Diagonal Seca Sudamericana” (que abarca el Chaco, la Chiquitania, el Cerrado y la Caatinga):

• Fronteras Rampantes y Ganadería Capitalizada: Las grandes empresas agroindustriales operan mediante la sustitución masiva y continua del bosque primario por pasturas inducidas. Este desmonte intensivo destruye bloques continuos de vegetación, arrastrando al jaguar al aislamiento funcional, la pérdida de diversidad genética y la extinción local.
• Ataques al ganado y represalias: A medida que la ganadería avanza sobre el hábitat natural del felino, sus presas tradicionales (tapires, pecaríes, venados) desaparecen. Obligado por el hambre, el jaguar ataca al ganado doméstico en las fronteras agrícolas fragmentadas, provocando la reacción violenta de pequeños y grandes ganaderos que los eliminan en “cacerías de represalia”.
• El papel de Bolivia en el ecocidio regional: Mientras Brasil redujo en un 36,8% la deforestación en su Amazonía gracias a la aplicación estricta de leyes ambientales bajo el mandato de Lula da Silva, Bolivia se consolidó en 2025 por segundo año consecutivo como el segundo país con mayor pérdida de bosques tropicales primarios del mundo (solo por detrás de Brasil), según datos del World Resources Institute (WRI) y Global Forest Watch.

Estado cómplice: Decretos de desmonte y abandono institucional

El deterioro de la población de jaguares en Bolivia no se comprende sin la complicidad de las políticas públicas de los sucesivos gobiernos. Mientras el Estado gasta recursos en perseguir el biocidio menor en las ciudades, mantiene vigentes las normas que autorizan el desmonte, el chaqueo descontrolado y la conversión de pequeñas propiedades en medianas para el agronegocio.

Asimismo, iniciativas de conservación regional como el proyecto “Ríos del Yaguareté” —que pretende conectar 2,5 millones de kilómetros cuadrados en la cuenca del río Paraná vinculando las ecorregiones de los Yungas, el Gran Chaco, el Pantanal y la Selva Atlántica— se estrellan contra la falta de voluntad política de las autoridades bolivianas para frenar la ganadería extensiva en zonas intangibles y fiscalizar las importaciones masivas de deforestación.

Salvar al jaguar exige frenar la topadora del agronegocio

El encarcelamiento de un ciudadano por matar a un jaguar en Guayaramerín puede llenar titulares y calmar momentáneamente la indignación en las redes sociales, pero no salvará a la especie de la extinción.

Si el Estado boliviano realmente busca proteger al protector de la selva —aquel felino sagrado que las culturas tupí-guaraníes llamaron yaguareté— debe abandonar la hipocresía jurídica:

1. Reabrir e imputar el caso Caza & Safaris, tramitando la extradición de Jorge Néstor Noya y castigando la corrupción de los fiscales que archivaron el expediente en San Matías.
2. Frenar la expansión de la frontera ganadera e industrial sobre las áreas protegidas del oriente y la Chiquitania, exigiendo el cumplimiento de la deforestación cero.
3. Implementar corredores biológicos reales y sistemas de compensación para productores, evitando que la conservación del felino dependa de las represalias en el campo.

Mientras la justicia siga siendo dura con el campesino o el vecino acorralado y servil con el empresario extranjero y el latifundista deforestador, el jaguar seguirá perdiendo su territorio, y Bolivia continuará marchando hacia el desastre ambiental bajo el amparo de la impunidad estatal.