La impunidad en el caso de las narcomaletas y los grandes expedientes de tráfico ilícito en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru quedó al descubierto tras confirmarse el fallecimiento en el penal de Palmasola de Juan Carlos Espinoza Vaca, el único procesado que permanecía tras las rejas por el ingreso clandestino de 32 valijas con sustancias controladas. El deceso del socio y responsable legal de la empresa de seguridad Ebose consuma una profunda asimetría procesal en el país: los principales operadores políticos y judiciales vinculados al narcotráfico, armamento de guerra y contrabando de oro han sido beneficiados con detenciones domiciliarias o permanecen en libertad, mientras el Órgano Ejecutivo y la Policía ejecutan capturas arbitrarias contra fiscales investigadores en un escenario marcado por la reactivación de operaciones de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
La muerte del eslabón más débil en Palmasola
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Edson Fernández, confirmó que el interno Espinoza Vaca falleció tras presentar complicaciones médicas severas. El recluso, quien padecía enfermedades de base como diabetes y tuberculosis, sufrió una insuficiencia respiratoria aguda el 28 de septiembre, siendo evacuado de emergencia al Hospital San Juan de Dios y posteriormente derivado al Hospital Francés, donde se constató su deceso.
Espinoza se encontraba recluido con detención preventiva desde el 29 de enero de 2026, imputado por delitos contemplados en la Ley 1008 y legitimación de ganancias ilícitas. Su figura jurídica era la de responsable legal de Ebose, la compañía de seguridad privada en cuyo galpón de la avenida Tres Pasos al Frente la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautó cerca de 80 kilos de marihuana, maquinaria industrial de procesamiento y documentación personal que vinculaba directamente a las cabezas políticas del caso.
El club de los beneficiados: libertad para jueces y exlegisladores
A diferencia del destino fatal de Espinoza, las figuras de mayor jerarquía vinculadas al arribo del vuelo chárter desde Estados Unidos el 29 de noviembre de 2025 lograron eludir la cárcel:
- La exdiputada Laura Rojas Ayala: La exasambleísta nacional del partido Creemos, quien utilizó un pasaporte diplomático revocado por Cancillería para eludir los escáneres y retirar las 32 maletas de gran peso sin inspección aduanera, fue beneficiada en agosto con detención domiciliaria y una fianza económica.
- El exjuez Hebert Zeballos: Propietario real de la empresa Ebose y amigo personal de Rojas, captado en los videos de seguridad de Viru Viru coordinando con personal aduanero el día del arribo del cargamento, también abandonó el penal de Palmasola bajo arresto domiciliario.
Ambas resoluciones provocaron que el Departamento de Estado de EEUU incluyera recientemente en su lista de sanciones con revocatoria de visa a las juezas cruceñas que autorizaron la salida de los principales imputados, exhibiendo la descomposición del control jurisdiccional en el oriente del país.
Oro, fusiles AK-47 y nexos del poder: una terminal sin presos
La muerte de Espinoza resalta el patrón de permisividad en otros escándalos que convirtieron a Viru Viru en un corredor aéreo de impunidad:
- La «Ruta del Oro» (189,5 kg): Adrián Lema Roca (22 años), transportador de cuatro valijas con 77 lingotes valuados en $us 25 millones y registrado en el teléfono del exasesor presidencial Fernando Cerimedo como «Adrián Lerma», obtuvo detención domiciliaria el 14 de agosto, mientras cinco sospechosos capturados en el operativo fueron liberados en la madrugada desde la comisaría de Satélite Norte.
- Tráfico de fusiles AK-47: Tras el decomiso en julio de 2026 de cuatro fusiles de asalto calibre 7,62 mm en equipajes comerciales, el principal sospechoso, Adrián H.S., continúa prófugo sin avances investigativos.
- El entorno presidencial: Mientras el contratista Miguel Esteban Rockholt («Miguelito») fue protegido de indagaciones antinarcóticos mediante presiones de la primera dama Bibi Urquidi y Cerimedo, ninguno de los operadores comerciales del poder rinde cuentas en prisión.
La paradoja judicial: la detención extrajudicial de Róger Mariaca
El contraste de la actuación estatal es contundente: mientras los imputados por narcotráfico y tráfico de armas acceden a medidas sustitutivas o fugan del país, las fuerzas policiales ejecutaron la captura sin orden judicial del fiscal general Róger Mariaca y del fiscal cruceño Alberto Zeballos en el propio aeropuerto de Viru Viru.
La detención de Mariaca, acompañada del asalto policial encapuchado a la sede central de la Fiscalía en Sucre, se consumó precisamente cuando el Ministerio Público avanzaba en la apertura de causas contra Fernando Cerimedo por el cobro de $us 15.000 por narcovuelo en el Beni junto al Cnl. Frans William Cabrera, negociaciones de combustible con la firma FUTURA de Brad Parscale y los contratos de YPFB. La justicia operó con celeridad represiva contra los investigadores, pero mantuvo una parálisis protectora con los involucrados en las redes criminales.
El retorno de la DEA: tutela externa y sombras en la interdicción
Este escenario de opacidad y desprotección coincide con la formalización del regreso de la DEA a territorio boliviano tras 18 años de expulsión. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó a la agencia Associated Press (AP) que la agencia antidroga estadounidense ya trabaja activamente en el país en intercambio de inteligencia y soporte operativo: «Estamos ya recibiendo apoyos en capacitación y soporte (…), la decisión política está tomada».
Aunque el Gobierno de Rodrigo Paz presentó el alineamiento con Washington y el Escudo de las Américas como una cruzada de modernización, la realidad operativa evidencia un retroceso institucional. Desde la reactivación de los vínculos con las agencias norteamericanas y el anuncio del subsecretario Christopher Landau sobre el «renacimiento bilateral», el país asiste a la proliferación de vuelos irregulares, encubrimiento de cargamentos millonarios y el silenciamiento de las autoridades judiciales que intentaron desmantelar las redes del crimen organizado transnacional.
