Control político y quiebre institucional: la intervención al Ministerio Público de Bolivia tras la caída de Mariaca

La intervención al Ministerio Público de Bolivia y la disputa abierta por su conducción profundizaron una severa crisis constitucional tras la aprehensión de su máxima autoridad, Róger Mariaca Montenegro, y el posterior desconocimiento del Órgano Ejecutivo a la suplencia legal asumida por el fiscal superior Luis Montaño Morales. Mientras la defensa del Fiscal General interpuso una acción de libertad contra el presidente Rodrigo Paz Pereira y los ministros de su gabinete por detención arbitraria, el Gobierno nacional, respaldado diplomáticamente por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y la alianza Escudo de las Américas, forzó el adelantamiento de una sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para nombrar una autoridad interina a la medida del poder, en una maniobra orientada a neutralizar las causas penales que comprometen al exasesor presidencial Fernando Cerimedo, los negocios de combustibles con la firma FUTURA y la red de influencias en la Casa Grande del Pueblo.

La batalla por la Fiscalía: amenazas de arresto a Luis Montaño y purga interna

Tras la captura de Mariaca en el aeropuerto de Viru Viru, el fiscal superior de Santa Cruz, Luis Montaño Morales, anunció que asumía temporalmente la Fiscalía General del Estado en suplencia legal, amparado en el principio de antigüedad que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260) hasta que el Legislativo designe un titular conforme a los dos tercios constitucionales.

La respuesta del Gobierno fue inmediata y punitiva:

• Desconocimiento y amenaza penal: El vocero presidencial, José Luis Gálvez, y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, tildaron a Montaño de «ilegal e ilegítimo», acusándolo de usurpación de funciones y de bloquear el sistema informático de denuncias: «Esta persona está siendo buscada y va a ser detenida porque va a tener que rendir cuentas ante la justicia», advirtió Gálvez.
• Destitución de fiscales del caso: En ejercicio de su interinato, Montaño apartó al fiscal de materia Juan Pablo Mazzone, quien había sido comisionado por el Ejecutivo para tomar las declaraciones a los fiscales aprehendidos en dependencias de la FELCN en El Alto, ordenándole la entrega inmediata de toda la documentación física y digital.

Acción de libertad contra Rodrigo Paz y advertencias de extradición a EEUU

En el plano judicial, el abogado Jerjes Justiniano asumió la defensa técnica de Róger Mariaca, del fiscal departamental cruceño Alberto Zeballos y del fiscal superior Martín Daniel Irusta, presentando una acción de libertad ante la Sala Constitucional Tercera de La Paz, con audiencia fijada para este viernes. Justiniano denunció que las aprehensiones vulneraron garantías fundamentales y cuestionó que el operativo policial se ejecutara por instrucción directa del Presidente del Estado sin orden judicial previa.

En paralelo, la Policía informó de la aprehensión de 14 personas vinculadas al entorno del Ministerio Público y reportó el hallazgo de Bs 3.532.100 y $us 10.000 en una ambulancia que salía del domicilio de Mariaca.

Lejos de retrotraer las medidas, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ratificó que el Gobierno no descarta viabilizar una solicitud de extradición a Estados Unidos contra el Fiscal General: «No tenemos todavía una solicitud de extradición, pero no descartamos que pronto pueda venir», afirmó, señalando que la Cancillería tramita la recepción oficial de las pruebas acusatorias de Washington.

La maniobra legislativa: sesión adelantada sin el Vicepresidente

Para consumar el control de la Fiscalía, la presidencia del Senado adelantó la sesión plenaria de la Asamblea para este viernes, aprovechando el viaje oficial a España del vicepresidente Edmand Lara, quien había programado el tratamiento recién para el lunes siguiente.

Desde el exterior, Lara denunció la ilegalidad de la convocatoria y advirtió que se pretende ejecutar un golpe institucional a la justicia:

«No se puede destituir a un Fiscal General de manera arbitraria en una sesión improvisada sin respetar los procedimientos de la Constitución y la Ley 260. Se está buscando manejar la justicia a dedo».

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, arribó a Santa Cruz exigiendo que se preserve el principio de imparcialidad y el debido proceso, recordando que los elementos colectados deben ser valorados con objetividad por jueces naturales y no por presiones políticas.

El trasfondo inconfesable: el blindaje al caso Cerimedo y la red MAGA

El descabezamiento forzado de la Fiscalía ocurre en el momento exacto en que las indagaciones de Mariaca tocaban los nervios más sensibles de la cúpula política boliviana y sus aliados internacionales:

1. La causa contra Fernando Cerimedo: El consultor argentino, detenido por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, enfrentaba la apertura de procesos por legitimación de ganancias ilícitas, los 189,5 kilos de oro en Viru Viru y el audio revelado por Edmand Lara donde negociaba cobros de $us 15.000 mensuales por narcovuelo en el Beni coordinando con el Cnl. Frans William Cabrera y personal de NAABOL.
2. El negocio de combustibles con Brad Parscale: Beller entregó chats y audios que prueban la intermediación de Cerimedo en YPFB para beneficiar a la empresa FUTURA, donde se pactaban comisiones para el exjefe de campaña de Donald Trump, Brad Parscale, y auditorías de tancaje operadas por la esposa de Cerimedo, Natalia Belén Basil.
3. El lobby continental: Las investigaciones amenazaban con exponer la red compartida con Donald Trump Jr. y el operador en las sombras Andy Rivas, lo que explica el cerrado respaldo diplomático emitido por Marco Rubio y los 15 países del Escudo de las Américas, avalando la intervención policial en Bolivia bajo la retórica de la lucha contra el crimen organizado.