Laura Rojas y Herbert Zeballos beneficiados por la justicia. El sistema judicial boliviano vuelve a estar en el centro de la polémica tras una serie de decisiones que benefician de manera sistemática a los principales investigados en los mayores casos de narcotráfico y contrabando que operan a través del Aeropuerto Internacional de Viru Viru. La impunidad parece consolidarse mientras los eslabones políticos y de alto rango involucrados escapan de las rejas.
Liberaciones clave en el “Caso Maletas”
En las últimas horas, la justicia emitió un mandamiento de libertad para Heber Zeballos, uno de los principales investigados dentro del denominado “Caso Maletas”, el cual investiga el ingreso irregular de un vuelo chárter el 29 de noviembre de 2025 sin controles aduaneros, donde posteriormente se hallaron 80 kilos de marihuana y armas en un galpón. Zeballos, quien previamente había emitido resoluciones judiciales polémicas, abandonó el penal de Palmasola tras la disposición de la juez Rosario Flores Paniagua.
En agosto del 2025 el juez Heber Zeballos ordenó la noche de este jueves la libertad del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso denominado “carro bombero”.
Paralelamente, la Justicia modificó las medidas cautelares de la exdiputada Laura Rojas, principal implicada en el caso, beneficiándola con detención domiciliaria sin custodia policial, una fianza reducida de 50.000 bolivianos y arraigo, tras permanecer cinco meses preventiva en Palmasola. Las decisiones judiciales contrastan con la gravedad de los delitos investigados (tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa) y reavivan las críticas sobre la debilidad del Ministerio Público para sostener las acusaciones contra figuras con poder político.
El escándalo de las maletas de oro y la sombra de Marco Antonio Oviedo
La puerta giratoria de la impunidad no se detiene allí. El aeropuerto de Viru Viru volvió a ser escenario de un operativo de alto impacto cuando se interceptaron cuatro maletas especiales con 189,5 kilogramos de oro de alta pureza (valuados en aproximadamente 25 millones de dólares) que pretendían ser enviados a Dubái en un vuelo chárter.
El caso adquir matices de encubrimiento político tras revelarse la existencia de una conversación telefónica tripartita realizada en plena madrugada del operativo entre:
- Alberto Soto de la Vía, presidente de la Aduana Nacional.
- Armando Magne Zelaya, director nacional de Senarecom.
- Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno.
Según los reportes de la Red DTV, mientras el presidente de la Aduana intentaba validar la legalidad de la carga de un joven de 22 años identificado como Adrián Lema Roca (único encarcelado hasta el momento con pedido de 180 preventiva), el director de Senarecom se plantó y sentenció: “Esa carga es ilegal”, revelando que el código QR y la autorización eran falsos.
La presencia del ministro Marco Antonio Oviedo en esta línea de comunicación expone el delicado rol de la cartera de Gobierno, especialmente cuando se investiga por qué cinco de los seis aprehendidos iniciales fueron liberados de manera exprés en la madrugada tras llamadas telefónicas y la intervención de la capitán Denise Guzmán Montesinos, mientras uno de los liberados se comunicaba constantemente con un misterioso “Ministro”.
Viru Viru: Un corredor de impunidad
Estos hechos reafirman que la principal terminal aérea del país se ha convertido en un colador para operaciones ilícitas, uniendo tres grandes casos recientes:
- Las 32 maletas (Noviembre 2025): Valijas con marihuana líquida y divisas retiradas con un pasaporte diplomático por la hoy beneficiada Laura Rojas.
- El tráfico de fusiles AK-47 (Julio 2026): Cuatro armas de guerra ingresadas clandestinamente en equipajes.
- Las maletas de oro (Actual): 189,5 kg de oro con documentos falsificados de Senarecom, cuya red de protección política e institucional aún no ha sido desmantelada por la Fiscalía.
Mientras la Fiscalía General del Estado, a través de Roger Mariaca, anuncia ampliaciones investigativas bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la sensación generalizada en la opinión pública es que los peces gordo de la corrupción y el narcotráfico aeroportuario continúan encontrando mecanismos judiciales y políticos para eludir la justicia.
Spanish 
English