Bolivia amanece este miércoles con un nuevo y peligroso marco jurídico. Asfixiado por 27 días de bloqueos y un país en ruinas, el presidente Rodrigo Paz promulgó la noche del martes la Ley 1732, que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción. Publicada ya en la Gaceta Oficial, esta anulación elimina los «candados» legislativos que limitaban y supervisaban la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
La sanción se logró de forma exprés en la Cámara de Diputados por más de dos tercios, apenas un día después de su aprobación en el Senado. Durante el debate, la línea oficialista fue clara: desatarle las manos al Ejecutivo frente a lo que califican como «terrorismo». Sin embargo, juristas, opositores y defensores de derechos humanos advierten que la medida es «como echar gasolina al fuego» y empuja al mandatario a repetir uno de los episodios más oscuros de la historia boliviana.
El fantasma de Goni en el estado de Excepción de Rodrigo Paz
Aprobar el uso de medidas de excepción y sacar al Ejército a las calles no es un camino nuevo en Bolivia, y sus resultados siempre han sido catastróficos para quien da la orden. El mayor antecedente de este modelo de represión tiene nombre y apellido: Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni).
En 1995, ante el levantamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) y el magisterio contra la privatización de empresas públicas, Goni dictó el Decreto Supremo 23993, declarando un Estado de Sitio de 90 días (ampliado luego a 60 días más). Con la excusa de que los sindicatos atentaban contra la democracia y la paz pública, militarizó el país, confinó a dirigentes y suspendió las garantías constitucionales.
Ocho años después, en octubre de 2003, Goni volvió a tropezar con la misma piedra. Durante la «Guerra del Gas», enfrentó bloqueos masivos en El Alto y La Paz desplegando a las Fuerzas Armadas bajo medidas de excepción. El resultado fue una carnicería: decenas de civiles muertos y cientos de heridos. La masacre no aplacó la protesta, la enfureció. Goni perdió el respaldo nacional, se vio obligado a renunciar y terminó huyendo en un helicóptero hacia Estados Unidos, donde permanece hasta hoy prófugo de la justicia boliviana.
Al promulgar la abrogación de la Ley 1341 para allanar la militarización del conflicto, Rodrigo Paz parece ignorar la lección histórica de Goni: los fusiles pueden despejar una carretera, pero no sostienen la legitimidad de un Gobierno.
El muro constitucional: Las masacres se pagan con cárcel
Aunque la clase política crea que anular la Ley 1341 les da un «cheque en blanco» para reprimir, el andamiaje de la Constitución Política del Estado (CPE) advierte que no existe impunidad legal para los crímenes de Estado:
- El límite intocable (Art. 137 CPE): La Constitución permite declarar el Estado de Excepción, pero establece que «en ningún caso podrá suspender las garantías de los derechos fundamentales, ni el debido proceso». Los militares no pueden ejecutar civiles; hacerlo es asesinato, no restablecimiento del orden.
- La vida no se debate (Art. 15 CPE): Al estar prohibida la pena de muerte en el país, aplicar fuerza letal contra un bloqueador desarmado es un crimen inconstitucional.
- «Cumplir órdenes» ya no es excusa (Art. 114 CPE): El artículo destruye la vieja coartada militar: «Los autores inmediatos son responsables sin que pueda servirles de excusa haber actuado por orden superior». Si el Presidente ordena disparar, el soldado que jale el gatillo terminará en la cárcel de Chonchocoro. Las órdenes ilegales no se acatan.
- Delitos que nunca caducan (Art. 111 CPE): Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Quien ordene un baño de sangre podrá ser juzgado mañana o en cincuenta años, sin amnistía que valga.
Rodrigo Paz y su Estado de Excepción podría termina como Goni, con huicios por genocidio y crímenes de lesa de humandiad.
Un país que se asfixia: Choferes se suman al caos
Mientras el Gobierno prepara el andamiaje legal para una potencial militarización, el polvorín social sigue creciendo. A los bloqueos campesinos que exigen la renuncia del Presidente, se sumó desde las cero horas de este martes un paro indefinido con movilizaciones de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo.
El sector transporte paralizó La Paz exigiendo resarcimientos por los daños de la «gasolina basura» y protestando por el alza del costo de vida.
Hoy, con la Ley 1732 vigente y las calles incendiadas, la pelota está en la cancha del Órgano Ejecutivo. Rodrigo Paz tiene frente a sí dos caminos: ceder a la tentación de la represión militar, asumiendo los riesgos legales e históricos que condenaron a Gonzalo Sánchez de Lozada, o encontrar una salida política urgente antes de que el país termine de desmoronarse.
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