La visita de Bibi Urquidi a comunidad indígena de Eyiyoquibo, en la Amazonía paceña, se convirtió en un bochornoso fracaso político para el Ejecutivo, luego de que las autoridades del pueblo Esse Ejja rechazaran indignados la entrega prebendal de juguetes y televisores al constatar que la comitiva oficial ignoró por completo la catástrofe sanitaria por contaminación de mercurio que devasta sus ríos y su salud. El paso de la esposa del presidente Rodrigo Paz por la ribera del río Beni fue catalogado por los pobladores locales como un burdo intento de lavado de cara, matizado por una profunda hipocresía institucional y un total desconocimiento de las necesidades vitales del país.
Televisores y juguetes frente a una catástrofe de salud pública
El pasado 28 de octubre, en el marco de una agenda presidencial que trasladó al mandatario y a su entorno hasta las inmediaciones del Parque Nacional Madidi y Rurrenabaque, María Elena Bibi Urquidi cruzó el río Beni en una ostentosa caravana escoltada por personal de seguridad presidencial y efectivos militares de la Armada Boliviana para apersonarse en la comunidad Esse Ejja de Eyiyoquibo, ubicada en el municipio de San Buenaventura.
La versión oficial difundida por medios estatales pintaba un panorama benéfico, asegurando que se entregó equipamiento tecnológico para la unidad educativa junto a alimentos e insumos esenciales. Sin embargo, la realidad relatada por las autoridades originarias fue diametralmente opuesta. “Tenemos ganas de llorar, estamos indignados”, expresó vía telefónica Jhonny Sossa, capitán grande de la población. El dirigente lamentó que la Primera Dama hubiera llegado con juguetitos, ropa, sandalias, celulares para los profesores y dos televisores para el colegio, pero “se olvidó de lo importante”. “No dijo nada de la contaminación por el mercurio de los peces y el agua, no entregó alimentos, ni medicinas, y tampoco llegó con un médico para que atienda a nuestros enfermos”, sentenció con frustración.
El rechazo comunitario: «No nos van a endulzar para callarnos»
Las declaraciones de Sossa levantadas por Erbol fueron respaldadas categóricamente por el vicepresidente de Eyiyoquibo, Apolinar Campos Sossa, quien desmintió el comunicado gubernamental al asegurar que jamás recibieron los supuestos alimentos ni los insumos esenciales anunciados en las redes sociales del Estado. El dirigente calificó la acción como una limosna insuficiente y un intento burdo por comprar conciencias: “Quieren endulzarnos con regalitos para no dejarnos expresar nuestros justos reclamos. Somos callados y tranquilos, pero que no piensen que nos van a endulzar para callarnos”, remarcó con firmeza, cuestionando además el innecesario despliegue de vehículos de alta gama y escoltas armados que llegaron a la zona sin aportar una sola solución médica o de saneamiento ambiental.
El descontento de los Esse Ejja no es infundado. Su subsistencia depende milenariamente de la pesca en los ríos amazónicos, cauces que hoy se encuentran gravemente envenenados por el uso indiscriminado de mercurio en la minería aurífera aluvial. Investigaciones científicas previas, respaldadas por análisis laboratoriales de la Universidad Mayor de San Andrés y el Centro de Documentación e Información Bolivia, revelaron que hasta el 91,7% de los integrantes de este pueblo indígena superan los límites seguros de absorción de metales pesados en el cabello y la sangre, registrando consecuencias devastadoras en el hígado, el sistema reproductor y alteraciones en el ADN de mujeres en edad reproductiva.
La paradoja del poder: lavado de cara tras los audios de corrupción
La inoportuna incursión proselitista de la esposa del presidente en la selva amazónica encaja perfectamente en una estrategia desesperada de relaciones públicas para maquillar la imagen de un clan presidencial acorralado por los escándalos. Mientras Bibi Urquidi reparte televisores en comunidades abandonadas, los expedientes judiciales y las filtraciones de audios la señalan como la operadora de un esquema de coacción familiar que exigía al ministro de Hidrocarburos subordinarse a las directivas del consultor Fernando Cerimedo para asegurar licitaciones de kits de GNV y cuotas de poder en YPFB.
A este prontuario de tráfico de influencias se suman las revelaciones sobre su participación en la purga del excomandante de la Policía Mirko Sokol para proteger a un contratista vinculado a obras públicas millonarias, la administración de sociedades privadas en Florida y los polémicos viajes en el avión militar FAB 002 hacia Boca Ratón. Intentar mostrar una faceta altruista y humanitaria en la Amazonía choca de bruces contra la realidad de una cúpula gubernamental consumida por las sospechas de corrupción, el saqueo aurífero y el abandono sistemático de las poblaciones más vulnerables.
El trasfondo ecocida: la alianza con la minería aurífera que envenena los ríos
La indignación de los indígenas de Eyiyoquibo resume la esquizofrenia de la política estatal: por un lado, el Ejecutivo despliega una caravana de lujo para entregar juguetes intrascendentes en comunidades envenenadas; por el otro, el Ministerio de la Presidencia, a cargo de Fernando Aramayo, sella una estrecha alianza política con las federaciones de cooperativistas mineros auríferos como Ferreco, alabando su aporte a la economía y garantizándoles condiciones operativas sin exigirles el cumplimiento de normativas ambientales ni la sustitución del tóxico mercurio.
Mientras el oro extraído de forma ilegal bate récords históricos de exportación superando los mil seiscientos millones de dólares y enriqueciendo a los barones de las dragas, el costo biológico lo pagan los pueblos indígenas que consumen pescado contaminado todos los días ante la mirada indiferente de un Estado que prefiere la complicidad minera y el maquillaje proselitista antes que asumir su deber constitucional de proteger la vida y la salud pública.
