Marco Antonio Calderón de la Barca defiende minería ilegal y desestima prohibiciones municipales

Marco Antonio Calderón de la Barca defiende minería ilegal y desestima prohibiciones municipales

En medio de una creciente crisis ecológica y social, el ministro Marco Antonio Calderón de la Barca defiende minería ilegal al descalificar tajantemente las normativas municipales que declaran zonas libres de actividad extractiva, promoviendo en su lugar la regularización y el salvataje de operaciones que devastan las cuencas hídricas del territorio nacional. En lugar de frenar el avance incontrolado de la contaminación por mercurio y la destrucción de la biodiversidad, el funcionario centralizó el discurso oficial en desautorizar a las alcaldías que intentan defender el agua de sus comunidades frente a la incursión de dragas.

El ataque del ministro a los municipios que defienden el agua

El pronunciamiento de la autoridad ministerial se estructuró como un ataque directo a las autonomías locales y a las iniciativas de autodefensa ecológica. Ante el avance voraz de campamentos mineros irregulares, gobiernos ediles del norte de La Paz y otras regiones aprobaron normativas para proteger sus recursos; en abril pasado, Caranavi promulgó una ley municipal para declararse libre de actividad y contaminación minera, una medida replicada por las alcaldías de Palos Blancos y El Torno.

Sin embargo, el ministro desestimó la validez legal de estas determinaciones bajo el argumento de que la competencia regulatoria corresponde de manera exclusiva al nivel central del Estado. “Que un municipio se declare libre de minería no tiene sentido, es ilegal. Pero eso no quiere decir que realmente haya que hacer minería en cualquier lugar”, manifestó, relativizando el impacto destructivo de la actividad bajo la premisa de que el control absoluto recae en un aparato gubernamental que ha demostrado total inacción para frenar el envenenamiento de los ríos.

Violencia en el río Boopi y la justificación oficial de la destrucción

La retórica oficial de blindaje extractivista contrasta con los estallidos de conflictividad social que ensangrientan las riberas fluviales. En agosto pasado, pobladores de La Asunta, en la cuenca del río Boopi, se levantaron en protesta contra la explotación ilegal y la contaminación de sus fuentes de agua, tomando un campamento minero y procediendo a la quema de maquinaria pesada ante la destrucción de la agricultura que alimenta a más de doscientas familias del sector.

En lugar de investigar la legalidad de los operadores en la zona del enfrentamiento, la autoridad cuestionó las denuncias de los comunarios y salió en defensa de la cooperativa señalada, argumentando supuestos favores previos brindados a la alcaldía local. Esta minimización de los daños ecológicos y de los abusos corporativos evidencia que el Ejecutivo prefiere justificar el desastre antes que garantizar la paz social y la preservación ambiental de las comunidades locales.

Legalizar el ecocidio en lugar de castigar la ilegalidad

Lejos de anunciar fiscalización rigurosa, suspensiones definitivas o procesos penales contra quienes operan al margen de la ley destruyendo el medio ambiente, la estrategia planteada por el Ministerio de Minería consiste en otorgar facilidades para regularizar a los infractores.

El ministro argumentó que contar con un derecho minero legal obliga supuestamente a los titulares a cumplir normas ambientales, por lo que su gestión facilitará que los trámites pendientes concluyan con éxito. Esta política de blanqueo institucional premia la informalidad y consolida un modelo en el que la depredación ecológica es recompensada con títulos formales por parte del Estado.

La complicidad sistémica: del respaldo a Ferreco al desastre del mercurio

Esta postura intransigente del titular de Minería forma parte de una política general de la administración de Rodrigo Paz, cuyo gabinete ha priorizado el cortejo político hacia las federaciones de cooperativistas auríferas, tal como lo evidenció el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, al prometer apoyo irrestricto a Ferreco.

Mientras los ministros aplauden a los extractivistas, las comunidades indígenas de la Amazonía como los Esse Ejja de Eyiyoquibo sufren niveles de envenenamiento por mercurio que destruyen su ADN, su hígado y su sangre. La gestión ministerial consagra así la impunidad ecológica, convirtiendo al Estado en cómplice necesario de una catástrofe ambiental irreversible.