José Gabriel Espinoza se aferra al cargo tras ser censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y busca, a través de una acción de amparo constitucional, revertir la destitución dictada en su contra por el presidente Rodrigo Paz Pereira. La audiencia, fijada para este lunes 24 de agosto de 2026 en la Sala Constitucional Tercera de El Alto, abre un nuevo y tenso capítulo en el choque entre el Órgano Legislativo y los tribunales, en momentos en que la figura del exministro de Economía arrastra un severo desgaste político y ético por su gestión y por recientes denuncias sobre su patrimonio personal.
Espinoza fue censurado el pasado 18 de agosto con 91 votos favorables tras no presentarse a su interpelación, lo que obligó al Ejecutivo a emitir un decreto supremo para dejar sin efecto su designación en cumplimiento de la Ley N.° 1350, nombrando de forma interina a Óscar Mario Justiniano. Sin embargo, en lugar de acatar el mandato del primer poder del Estado, el exfuncionario decidió judicializar la fiscalización parlamentaria alegando que la censura en su ausencia requería dos tercios del total de los miembros del Parlamento (111 votos) y no de los presentes.
La polémica Sala Constitucional de El Alto y el conflicto de intereses
El intento de Espinoza por recuperar el sillón ministerial recae en un tribunal ampliamente cuestionado por el propio Legislativo. Se trata de la Sala Constitucional Tercera de El Alto, integrada por los vocales Ricardo Guisbely Limachi y Grover Jhonn Cori Paz.
El 30 de abril de 2026, el Senado aprobó la Resolución Camaral N.° 026/2025-2026, acusando formalmente a dicha sala de vulnerar la Constitución Política del Estado y causar un grave daño institucional al haber suspendido, a simple solicitud del convocado, la interpelación del ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. En esa oportunidad, la Cámara Alta dispuso denunciar penalmente a los vocales por resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato.
A este antecedente se suma una nueva observación planteada por el senador Leonardo Roca, quien anunció un recurso por presunto conflicto de intereses contra uno de los vocales encargados de resolver el amparo de Espinoza. La objeción radica en que la hija del magistrado mantiene un vínculo laboral con el Banco Central de Bolivia (BCB), entidad directamente ligada al área económica estatal, lo que pone en entredicho la imparcialidad del fallo.
Devaluación, inflación y la compra de un Audi Q4
La insistencia de Espinoza por retornar al Gabinete contrasta con el balance de su gestión económica y los recientes cuestionamientos sobre su conducta tributaria:
- Ajuste y devaluación: Bajo su mando, el Gobierno abolió el tipo de cambio fijo e impuso una flotación administrada que disparó el dólar oficial por encima de los 11 bolivianos, encareció la canasta básica e indexó las tarifas eléctricas a la divisa estadounidense mediante el DS 5647. Ante las críticas, Espinoza llegó a declarar que la población «no debería pensar en el dólar porque la vida sigue en bolivianos».
- La vagoneta de $us 60.000: Días antes de su censura, se reveló que adquirió una vagoneta de lujo Audi Q4 e-tron valuada en cerca de 60.000 dólares (Bs 350.000), pero en la Escritura Pública N.° 1685/2026 consignó un monto de apenas Bs 50.000. Aunque el exministro emitió un comunicado argumentando que el monto fue un «error de trámite» y que no hubo evasión impositiva, la subvaluación de un bien de alta gama por parte de la máxima autoridad fiscal generó un escándalo ético insostenible, considerando además que su sueldo ministerial se había reducido a aproximadamente Bs 11.000 mensuales.
¿Control democrático o blindaje judicial?
La arremetida judicial de José Gabriel Espinoza para anular el voto de la Asamblea Legislativa coloca al país ante un peligroso precedente jurídico. Si una sala constitucional desconociera la atribución fiscalizadora del Parlamento, se consolidaría un esquema de inmunidad judicial para las autoridades del Ejecutivo que rehúyen a la rendición de cuentas.
Mientras el país enfrenta una aguda escasez de combustibles y presiones inflacionarias, el empeño de Espinoza por no dejar el poder evidencia una alarmante falta de dignidad política frente al mandato soberano expresado en el voto parlamentario.
