Un Rodrigo Paz incapaz de solucionar el conflicto que tiene a Bolivia sumida en el caos ha dado paso a la intervención directa de EEUU. A dos semanas del inicio de los bloqueos, con La Paz cercada, el país fracturado en 47 puntos de protesta y una creciente violencia, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, salió en defensa del presidente Rodrigo Paz, denunciando un «golpe de Estado en marcha» financiado por el «crimen organizado y narcotraficantes».
Esta contundente declaración de Washington, que evidencia la pérdida de control del Ejecutivo boliviano sobre su propia crisis, se produce en un escenario de extrema tensión, donde el Gobierno ha optado por la confrontación diplomática, expulsando a la embajadora de Colombia, y por la persecución interna, con órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales.
El respaldo de EEUU: la crisis boliviana se define en Washington
Mientras la crisis humanitaria se agrava en La Paz, con escasez de alimentos, medicinas y muertes reportadas, la solución parece estar siendo dictada desde el exterior. El alto funcionario de la Casa Blanca, Christopher Landau, no solo respaldó al gobierno de Paz, sino que definió la narrativa que el Ejecutivo boliviano ahora repite:
«Que no haya error: aquellos que perdieron abrumadoramente en las urnas (…) están intentando derrocar al presidente Rodrigo Paz organizando disturbios y bloqueos con el apoyo del crimen organizado», escribió Landau en su cuenta de X, tras asegurar que EEUU se encuentra «firmemente en apoyo del gobierno constitucional».
La situación ha escalado a tal nivel que el Consejo Permanente de la OEA analizará «la situación interna» del país, adonde ya viajó el canciller Fernando Aramayo para denunciar el supuesto «atentado contra la democracia».
Un Gobierno que no escucha: diálogo roto y persecución
La intervención de EEUU se da tras la evidente incapacidad del Gobierno para gestionar el conflicto. En lugar de dialogar, la administración de Paz ha optado por la confrontación y la persecución:
- Expulsión de embajadora: El Gobierno solicitó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, la conclusión de sus funciones, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó la situación de «insurrección popular».
- Órdenes de aprehensión: El vicepresidente Edmand Lara denunció la existencia de órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales, como el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y pidió al Presidente «cesar la persecución».
Analistas como Ramiro Cavero y René Martínez coinciden en que el Gobierno «perdió tiempo y capital político» al no atender las demandas a tiempo. «El ajuste hasta ahora solo cae al bolsillo de los ciudadanos», afirmó Cavero.
El clamor del pueblo y la Iglesia: «Hemos perdido como humanidad»
Lejos de ser un «golpe» orquestado, las protestas tienen un origen social profundo. El descontento por la Ley 1720, la crisis de los combustibles y la falta de respuesta a las demandas salariales han unificado a campesinos, la COB, mineros y sectores evistas en una sola voz que ahora pide la renuncia del Presidente.
La violencia ha escalado en las calles de La Paz, con ataques a oficinas públicas, agresiones a periodistas y el uso de dinamita, lo que ha llevado a la Fiscalía a crear una «comisión de fiscales de crisis».
En medio del caos, la voz más lúcida ha sido la del Obispo de El Alto, Monseñor Giovanni Arana, quien, con la voz entrecortada, lamentó la situación: «Como humanidad hemos perdido. (…) De verdad, duele. Duele mucho». El religioso criticó a las dirigencias que movilizan a sus bases bajo el «temor» a represalias y clamó por una solución pacífica.
Sin embargo, con un gobierno que prefiere escuchar a Washington antes que a su propio pueblo y con una crisis que se agrava cada día, la paz parece un objetivo cada vez más lejano.
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