No, Mauricio Zamora, no es un tema de pareja: te explicamos por qué el intento de asesinato contra la abogada y activista Nadia Beller y la detención preventiva del consultor político Fernando Cerimedo no pueden ser tratados bajo ninguna circunstancia como una controversia privada que deba resolverse «entre ellos». Las declaraciones del ministro de Obras Públicas, en las que intentó circunscribir un ataque armado a un conflicto conyugal y desviar la gravedad del hecho preguntando «¿a quién le sirve el escándalo?», colisionan de manera frontal con preceptos constitucionales, con la dogmática penal boliviana y con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Minimizar desde un ministerio de Estado una emboscada con armas de fuego perpetrada por sicarios no solo constituye una revictimización explícita, sino una maniobra discursiva orientada a desresponsabilizar al Estado y blindar la estructura política en la que operaba el imputado.
La falacia del «asunto privado»: Vulneración a los Arts. 15 y 45 de la CPE
La pretensión del ministro Zamora de catalogar un hecho de sangre como un «problema doméstico» choca directamente contra la Carta Magna:
- Deber de debida diligencia y protección reforzada (Arts. 15.II y 15.III de la CPE): La Constitución establece que toda persona tiene derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, obligando al Estado a adoptar medidas estructurales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado. Tratar un delito de sangre como «de libre disposición» ignora el mandato supremo de protección estatal.
- Protección reforzada a la mujer gestante (Art. 45.V de la CPE): La Carta Fundamental garantiza la protección prioritaria de la maternidad. Calificar como «asunto de alcoba» un atentado de tres disparos contra una mujer embarazada representa una omisión deliberada y negligente del deber de tutela que recae sobre todas las autoridades públicas.
- Afectación a la objetividad e independencia fiscal (Arts. 178 y 225 de la CPE): Cuando un ministro de Estado impone públicamente una narrativa reduccionista antes de la conclusión de los peritajes, incurre en una injerencia indebida sobre el Ministerio Público, intentando sesgar la investigación hacia un móvil pasional para diluir las aristas políticas del caso.
Dogmática penal: Feminicidio en grado de tentativa, sicariato y Ley N.° 348
En el marco del derecho penal boliviano, los hechos no admiten interpretaciones conyugales ni salidas amistosas:
- Acción pública e inconciliable (Art. 252 bis y Art. 8 del Código Penal): La tentativa de feminicidio es un delito de acción pública que se persigue de oficio. La Ley N.° 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) prohíbe de forma taxativa cualquier tipo de conciliación en hechos que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las mujeres. Decir que «lo tienen que solucionar entre ellos» vulnera abiertamente el régimen legal vigente.
- Modalidad de sicariato y delincuencia organizada: El ataque en el hotel cruceño no fue una riña circunstancial; implicó logística previa, tiradores en motocicleta, disfraces de repartidores y el posterior robo violento de un vehículo para fugar. El uso de intermediarios armados configura un esquema de mandato remunerado o sicariato que exige identificar tanto la autoría material como la intelectual.
- Conexidad con delitos de corrupción (Ley N.° 004): El caso trasciende el hecho de sangre. El allanamiento a la vivienda ocupada por Cerimedo en Aranjuez (La Paz) permitió el secuestro de más de medio millón de bolivianos en efectivo, una «mini granja de bots» y un automóvil particular equipado con baliza policial oficial, abriendo causas conexas por presunto enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias y uso indebido de influencias.
Estándares internacionales y violencia institucional: Belém do Pará y la Corte IDH
El discurso estatal enfrenta severas observaciones desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
- Convención Belém do Pará (Art. 7): Obliga al Estado boliviano a actuar con debida diligencia estricta. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos emblemáticos como González y otras («Campo Algodonero») vs. México o Velásquez Rodríguez vs. Honduras dictamina que la desestimación estatal, la justificación de agresiones bajo estereotipos de género y la inacción fiscal constituyen violencia institucional.
- Pacto de San José (Arts. 4 y 5): Un atentado a balazos compromete el derecho a la vida y a la integridad personal. Además, Beller denunció presuntos hechos de corrupción y sobornos a parlamentarios, lo que activa de inmediato los estándares de protección reforzada para defensores de derechos humanos y testigos denunciantes.
Violencia simbólica y la cortina de humo del «¿a quién le sirve?»
Al insistir en que el atentado es «un conflicto de pareja al que hay que ver a quién le beneficia políticamente», el ministro Zamora incurre en:
- Revictimización: Se traslada la culpa y la carga procesal a la víctima, sugiriendo que el ataque responde a intereses oscuros de terceros y no a la responsabilidad penal del presunto autor.
- Blindaje al poder: Se intenta desvincular al Órgano Ejecutivo de un operador que, según el propio ministro, intervenía en los mensajes presidenciales y asistía a recepciones de Estado (como la visita del Rey de España), y que, de acuerdo con el vicepresidente Edmand Lara, daba instrucciones en reuniones de gabinete ministerial.
Mauricio Zamora, el intento de feminicidio de Nadia Beller no es un «tema de pareja»
Reducir el intento de asesinato de Nadia Beller a un «tema de pareja» es jurídicamente insostenible, éticamente reprochable y políticamente revelador.
No es un conflicto privado porque se usaron armas de fuego mediante sicarios; no es un asunto conyugal porque el Código Penal y la Ley 348 obligan al Estado a castigar el delito sin conciliación; y no es un hecho aislado porque está entrelazado con denuncias de enriquecimiento ilícito, granjas de desinformación y el uso irregular de bienes públicos. Frente al intento ministerial de cerrar el caso como una disputa doméstica, la ley y la verdad exigen una investigación penal transparente y caiga quien caiga.
