Felipe Limarino y Pamela Escobar, investigadores del Observatorio de Política Exterior de Bolivia, escriben estas líneas desde una responsabilidad intelectual propia y no en representación de la institución a la que pertenecen. Desde esa posición observan con consternación la ingenuidad con la que en Bolivia se termina colaborando en la legitimación de discursos ideológicos presentados como puro análisis técnico o académico. En particular, les preocupa la facilidad con que ciertas lecturas sobre el país, como las de Loreto Correa, circulan y adquieren autoridad sin someterse a un examen crítico de sus presupuestos, sus categorías y sus efectos políticos.
Lo que sigue no busca restringir la pluralidad del debate ni descalificar la discrepancia intelectual. Busca, más bien, poner en cuestión la naturalización de marcos interpretativos que, bajo la apariencia de neutralidad, desplazan la historicidad concreta de Bolivia, minimizan sus condicionamientos estructurales y terminan favoreciendo proyectos políticos ajenos a una comprensión soberana del país.
La geopolítica de las categorías
En una época en la que la disputa geopolítica también se libra en el terreno de la producción de conocimiento, resulta insuficiente reducir la soberanía a su dimensión militar, jurídica o diplomática. La soberanía se disputa también en el campo de las narrativas, de los marcos interpretativos y de las categorías con las que una sociedad piensa su propia historia. Quien define los conceptos desde los cuales se lee un país, en buena medida ya condicionó el alcance de lo que podrá pensarse sobre él.
Desde esa perspectiva, preocupa la ingenuidad con la que en Bolivia se termina colaborando en la legitimación de discursos ideológicos presentados como análisis técnico o académico. Felipe Limarino y Pamela Escobar, investigadores del campo internacionalista, observan con especial consternación esa disposición a conceder autoridad a miradas que no solo interpretan Bolivia desde fuera, sino que además lo hacen desde una matriz conceptual que desplaza sus condicionamientos históricos, geopolíticos y estructurales.
La circulación de ciertos discursos sobre Bolivia en espacios académicos, mediáticos e institucionales no es un fenómeno neutral. Toda interpretación de la realidad nacional se inscribe en una estructura de poder y, quiera o no, contribuye a reforzar o a debilitar determinadas posiciones geopolíticas. El problema no es la existencia de una mirada extranjera sobre Bolivia. El problema es cuando esa mirada se presenta como objetiva o técnica mientras minimiza la dependencia histórica, vacía de espesor material la subordinación y sustituye la estructura por una moral de la gobernabilidad.
El caso de Loreto Correa debe leerse en ese marco. Su trayectoria en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, la sitúa dentro de un horizonte intelectual donde dominan categorías como estabilidad institucional, gobernabilidad, seguridad nacional, equilibrio regional, defensa y política exterior. Ese repertorio analítico no es inocente. Responde a una forma estatal de leer el conflicto, propia de la tradición estratégica chilena, que tiende a privilegiar la administración del orden por encima de la comprensión crítica de la dependencia, la asimetría histórica y la violencia estructural.
El problema no es que Correa estudie Bolivia. El problema es desde qué arquitectura conceptual lo hace. Su enfoque privilegia casi siempre las fallas institucionales internas, la fragilidad de las élites, la debilidad de los liderazgos y la supuesta incapacidad de articular un horizonte nacional estable. Con ello, el centro de gravedad del análisis se desplaza desde la estructura histórica de subordinación hacia una lectura interna de la crisis, como si el destino del Estado boliviano dependiera principalmente de sus propias disfunciones y no de la trama regional e internacional que lo ha condicionado durante dos siglos.
Esa operación tiene consecuencias políticas. Cuando Bolivia es presentada sobre todo como una realidad fragmentada, inestable o permanentemente amenazada por tendencias centrífugas, la descripción deja de ser descriptiva y comienza a operar como intervención. Se naturaliza la fragilidad, se convierte la crisis en atributo y se desplaza a un segundo plano el hecho decisivo de que Bolivia no ha sido históricamente un espacio autónomo en condiciones plenas de soberanía material, sino un país atravesado por relaciones de dependencia, por disputas geoestratégicas, por la mediterraneidad impuesta, por la extracción de excedentes y por la subordinación frente a poderes regionales y extra regionales.
Aquí aparece una tensión central. Correa no está pensando Bolivia desde una categoría producida por la historia boliviana o andino amazónica, sino desde una matriz de seguridad y gobernabilidad formada en otro contexto estatal. Y cuando esas categorías se transplantan sin mediación, el resultado suele ser una lectura que pretende universalizar experiencias ajenas. Lo que en Chile puede formularse como estabilidad institucional o equilibrio territorial, en Bolivia no puede trasladarse mecánicamente, porque aquí la cuestión nacional está atravesada por una historia distinta, por una desigualdad constitutiva y por una forma específica de subordinación geopolítica.
Por eso su discurso termina siendo funcional a sectores que sí se benefician de esa reducción del problema. En particular, a una élite agroextractivista y regionalista, sobre todo cruceña, que necesita un lenguaje de orden, competitividad, gobernabilidad y modernización para legitimar su propio proyecto político. Al privilegiar la crisis institucional y relegar la estructura histórica, ese discurso ofrece una gramática útil para quienes quieren convertir la disputa por el Estado en una disputa por la administración regional del poder, sin tocar las bases materiales de la desigualdad ni las condiciones tempo-espaciales de la dominación.
La cuestión de fondo, entonces, no es personal. No se trata de discutir si una investigadora extranjera tiene derecho a opinar sobre Bolivia. Lo que está en juego es algo más serio. Se trata de examinar qué concepción de Bolivia se promueve, qué relaciones de poder se invisibilizan y qué intereses se vuelven inteligibles bajo la apariencia de un análisis académico. Toda narrativa selecciona hechos, jerarquiza procesos y silencia otros. Ninguna es inocente.
Cuando las relaciones de poder que atraviesan la historia regional desaparecen del análisis, la Guerra del Pacífico, la mediterraneidad boliviana, la dependencia económica, la transferencia de valor y la disputa por recursos estratégicos como el litio quedan reducidas a contexto secundario. Entonces la crisis nacional aparece como un problema de comportamiento político interno y no como el resultado de una inserción histórica subordinada en el sistema regional y mundial. Ahí el conocimiento deja de explicar y empieza a disciplinar.
Por eso el debate no debe centrarse en censurar voces disidentes ni en bloquear la libertad académica. Debe orientarse a examinar críticamente los presupuestos epistemológicos que sostienen determinadas interpretaciones. La pregunta decisiva no es solo quién habla, sino desde qué marco conceptual habla, qué experiencia histórica toma como universal y qué tipo de orden político ayuda a naturalizar.
Una sociedad que renuncia a disputar los marcos intelectuales con los que interpreta su propia historia termina aceptando como naturales categorías producidas por otros. En ese punto, la subordinación deja de operar únicamente en el terreno económico o geopolítico y comienza a reproducirse también en el plano de la conciencia histórica.
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