La Asamblea frena comisión internacional para el caso Cerimedo tras una tensa sesión en la que el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó conformar una instancia especial de indagación externa. Con una votación de más de 70 legisladores en contra frente a 65 a favor, el Parlamento cerró las puertas a un escrutinio internacional sobre los presuntos hechos de corrupción, el uso de infraestructura estatal y la red de influencias que el consultor político argentino Fernando Cerimedo desplegó en el entorno del presidente Rodrigo Paz Pereira.
La iniciativa, impulsada por el diputado Edgar Zegarra Bernal, buscaba crear una comisión técnica independiente bajo el argumento de que el sistema judicial boliviano carece de las garantías de imparcialidad necesarias para investigar a las máximas autoridades del Estado. Sin embargo, el bloqueo parlamentario evidenció una alianza táctica entre la bancada oficialista y sectores de la oposición tradicional para frenar las pesquisas, un desenlace que coincide de forma directa con las recientes revelaciones de la abogada y activista Nadia Beller sobre presuntos pagos ilegales a legisladores.
La sombra de los «sobresueldos»: ¿Por qué la oposición votó contra la investigación?
El resultado de la votación parlamentaria cobra una lectura crítica al contrastarse con las declaraciones emitidas por Nadia Beller desde la clínica donde se recuperó de tres impactos de bala tras el atentado atribuido a Cerimedo. La jurista denunció públicamente la existencia de una nómina de asambleístas pertenecientes a las principales fuerzas de la derecha opositora —específicamente de las alianzas Unidad y Libre— que presuntamente percibían «sobresueldos» de 5.000 dólares mensuales pagados desde las estructuras operadas por el consultor argentino para asegurar la gobernabilidad y frenar iniciativas de fiscalización en el Congreso.
Aunque en su momento las jefaturas de bancada de Libre y Unidad rechazaron enérgicamente las acusaciones y demandaron la presentación de pruebas documentales, la conducta del pleno este 27 de agosto parece confirmar la reticencia de los bloques legislativos a permitir que peritos extranjeros auditen los flujos financieros, los contratos y las comunicaciones de Cerimedo en el país.
Para el diputado Zegarra, el rechazo de la Asamblea constituye una claudicación del rol fiscalizador: «Es lamentable que el Parlamento, que debería ser el primer fiscalizador, haya optado por el silencio y la protección de los intereses del Ejecutivo», fustigó tras la sesión.
Asamblea frena comisión internacional para el caso Cerimedo, un patron: De los ministros censurados al archivo de los bots
El rechazo a la comisión internacional no es un hecho aislado, sino la consolidación de un esquema recurrente de protección al poder político:
- Interpelaciones fallidas y amparos: Previamente, la Asamblea y salas judiciales afines protagonizaron controversias para dilatar o suspender las interpelaciones contra ministros clave, como el caso de Hidrocarburos (Marcelo Blanco) y el reciente amparo constitucional activado por el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, para desconocer su censura legislativa.
- Lo que la Asamblea decidió no investigar: La comisión rechazada tenía como objetivo esclarecer el financiamiento de la «mini granja de bots» hallada en el departamento de Cerimedo en Aranjuez (La Paz), la procedencia de más de medio millón de bolivianos en efectivo secuestrados por la Fiscalía, el uso de vehículos particulares con destelladores oficiales del Estado y la trazabilidad de billeteras digitales (cold wallets) que movilizaron más de $us 132 millones en la red blockchain.
- El rol en la redacción de normas: Tampoco se investigará en sede legislativa la intervención directa del consultor extranjero en la redacción de decretos estratégicos del Gobierno, como el Decreto Supremo 5515, ni las denuncias del vicepresidente Edmand Lara sobre la participación de Cerimedo impartiendo órdenes directas a ministros en reuniones de gabinete.
Un sistema judicial cuestionado
La insistencia en recurrir a organismos internacionales respondía a la desconfianza ciudadana en los tribunales locales. Mientras en Argentina el caso reactivó causas por enriquecimiento ilícito contra figuras como Manuel Adorni y en Brasil el Supremo Tribunal investiga a Cerimedo por el intento de golpe de Estado de 2023, en Bolivia la justicia ordinaria ha mantenido un manejo hermético de las causas conexas por corrupción, limitando las acciones públicas a la imputación por tentativa de feminicidio que mantiene al consultor con detención preventiva en el penal de Palmasola.
Al sepultar la creación de una comisión internacional, la Asamblea Legislativa envía un mensaje de complicidad que refuerza la percepción de impunidad. Lejos de actuar como un contrapeso democrático, las bancadas mayoritarias prefirieron archivar el debate, evitando que salgan a la luz los nombres de los beneficiarios de los presuntos sobresueldos y consolidando un cerco de protección alrededor de la administración de Rodrigo Paz.
