Los políticos que incumplan en campaña tendrán sanciones. El diputado nacional Rolando Santos Pacheco Chávez presentó este lunes un inédito proyecto de ley ante la Cámara de Diputados. Se busca transformar radicalmente la forma en la que los políticos bolivianos realizan sus campañas electorales. La iniciativa, denominada “Ley de Integridad Electoral, Vinculación Programática y Responsabilidad por Incumplimiento de Planes de Gobierno”, propone establecer sanciones civiles, administrativas y electorales a las autoridades electas que no cumplan con las promesas y metas trazadas en sus planes de gestión.
El objetivo central de la normativa es frenar el histórico problema de las promesas de campaña “manifiestamente falsas o técnicamente inviables”, obligando a los candidatos a sustentar sus propuestas con viabilidad económica y técnica.
De la promesa a la obligación legal
Según la exposición de motivos del proyecto (PL-520/25), en Bolivia existe una disociación estructural entre el plan de gobierno que los candidatos inscriben formalmente ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el discurso que difunden en mítines y debates. Esta desconexión, señala el documento, “deteriora la calidad del voto y debilita la legitimidad de origen de las autoridades electas”.
Para corregir esta situación, el Artículo 6 del proyecto otorga un “carácter vinculante” al plan de gobierno. Esto significa que, una vez que la autoridad asume el cargo, sus promesas electorales adquieren el valor de un contrato civil con la ciudadanía, generando obligaciones de cumplimiento exigibles por ley.
“Toda pieza de propaganda electoral —valla, spot, cuña radial o debate— debe poder remitirse a un objetivo o indicador concreto del plan de gobierno. Se prohíben las propuestas genéricas carentes de anclaje programático”, detalla el Artículo 8 de la norma propuesta.
Controles, informes y la participación de la sociedad
El proyecto de ley establece un riguroso sistema de seguimiento. Dentro de los 90 días posteriores a su posesión, la autoridad electa (Presidente, Gobernadores o Alcaldes) deberá presentar un plan de implementación que traduzca sus promesas de campaña en el Plan Operativo Anual (POA) y en el presupuesto de su primer año de gestión. La no presentación de este documento constituirá un “incumplimiento grave”.
Asimismo, las autoridades estarán obligadas a rendir informes anuales detallando el grado de avance de cada meta comprometida, los cuales serán publicados en un portal institucional del OEP para garantizar el libre acceso y el control social por parte de la ciudadanía y organizaciones civiles.
Sanciones: De la amonestación a la inhabilitación
El núcleo duro del proyecto de Pacheco radica en el Artículo 17, que tipifica las sanciones político-electorales para quienes incumplan su palabra. El nivel de castigo dependerá de la gravedad de la desviación presupuestaria o el abandono del plan:
- Leve (incumplimiento del 30% de metas): Sancionado con una amonestación pública registrada en el Registro Nacional de Sanciones Electorales.
- Moderado (incumplimiento entre 30% y 60% sin justificación): Se acumulará en un registro. Dos amonestaciones equivaldrán a un incumplimiento moderado, y tres a uno grave.
- Grave (incumplimiento mayor al 60% o desvío de fondos a fines ajenos al plan): Será castigado con la inhabilitación de hasta cinco (5) años para postular nuevamente al mismo cargo ejecutivo unipersonal.
El proyecto aclara en su Artículo 16 que existirá flexibilidad en la evaluación (eximentes) en casos de fuerza mayor debidamente justificados, como catástrofes naturales, crisis económicas internacionales imprevisibles u otras circunstancias que superen la capacidad de la autoridad.
Finalmente, la norma no exime a los malos políticos de enfrentar responsabilidades mayores. El Artículo 18 establece que si el incumplimiento del plan de gobierno implica un “uso indebido de recursos públicos”, la Contraloría General del Estado deberá iniciar procesos por responsabilidad civil y penal.
El proyecto de ley se encuentra ahora en manos de la Presidencia de la Cámara de Diputados, a la espera de ser derivado a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral para su respectivo análisis y debate parlamentario.
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