Durante la contienda electoral de 2025, el entonces candidato y senador Rodrigo Paz Pereira construyó una de las banderas políticas más contundentes de su campaña: la solución inmediata y definitiva a la escasez de diésel y gasolina en Bolivia. Con un discurso encendido dirigido a sus contendientes, Paz no solo aseguró tener la logística y los contactos con empresas privadas para abastecer al país desde el primer día de gobierno, sino que calificó la falta de carburantes como una violación flagrante a las garantías fundamentales.
«Está matando de hambre a la gente, está violentando los derechos humanos de los hombres y mujeres de la patria… Nosotros tenemos una respuesta rápida y pronta. Cuando seamos gobierno, inmediatamente habrá gasolina y diésel», proclamaba Paz en sus apariciones públicas.
Sin embargo, a nueve meses de haber asumido la Presidencia del Estado, el contraste entre el discurso de campaña y la gestión pública expone una severa grieta entre la promesa y la realidad. Lejos de la solución inmediata, el país atraviesa jornadas de intensas filas en los surtidores, mientras el propio mandatario ha tenido que pedir disculpas públicas, reconociendo la magnitud del desastre: «Aquellas cosas que no hemos podido cumplir de buena manera porque son nueve meses, pido disculpas… resulta que el problema había sido más grande».
El Decreto Supremo 5676: Diésel a Bs 18 para grandes consumidores
Para intentar contener la sangría de divisas y frenar el desvío de combustible subvencionado hacia el contrabando y el mercado negro —donde el litro se comercializa entre Bs 15 y Bs 20—, la administración de Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5676. La norma establece un precio diferenciado de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, clientes directos y usuarios particulares que soliciten volúmenes adicionales a su consumo habitual, aproximando el costo al valor de importación internacional.
El Gobierno ha clasificado la medida en tres escalas de consumo mensual:
- Usuario directo: De 120 a 5.000 litros mensuales en estaciones de servicio.
- Cliente directo: De 5.000 a 19.999 litros mensuales comprados en plantas de almacenaje.
- Gran Consumidor (GRACO): Volúmenes iguales o mayores a 20.000 litros mensuales.
Aunque la norma ratifica que se mantendrá la tarifa de Bs 9,80 el litro para el transporte público y usuarios particulares en surtidores, sectores productivos advierten que el precio de Bs 18 impactará directamente en los costos de operación del agronegocio, la minería y la industria, lo que inevitablemente se trasladará al precio final de los alimentos y la canasta básica familiar.
Disculpas ministeriales e inestabilidad en YPFB
La crisis de abastecimiento ha forzado a los miembros del Gabinete Presidencial a dar explicaciones constantes. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, anunció que la provisión comenzará a regularizarse de forma «paulatina», tras acordar monitoreos y reuniones de evaluación de hasta tres veces al día con los ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, prefirió no comprometer una fecha exacta para el fin de las filas y optó por pedir disculpas públicas a la ciudadanía por las demoras en los surtidores. «Estamos trabajando. Es un problema estructural… nosotros somos gente de palabra y la solución va a llegar pronto», sostuvo Blanco.
Sin embargo, los antecedentes inmediatos de la gestión petrolera siembran dudas sobre la capacidad de respuesta oficial. A lo largo de estos nueve meses, YPFB ha atravesado por una inestabilidad técnica crítica, acumulando tres presidentes en menos de un mes (Yussef Akly, la renuncia irrevocable de Claudia Cronenbold tras 23 días calificando a la empresa de «Estado Tranca», y la asunción de Sebastián Daroca), además del escándalo por la distribución de «gasolina basura» con exceso de etanol que dañó a miles de vehículos y las denuncias de deudas acumuladas por $us 500 millones con proveedores internacionales.
¿Un problema de derechos humanos?
El archivo político le pasa una alta factura al presidente Rodrigo Paz. Aquello que en campaña definía enérgicamente como una acción que estaba «matando de hambre a la gente» y «violentando los derechos humanos de la patria» es hoy la realidad cotidiana de miles de choferes, agricultores y ciudadanos que pierden días enteros en los surtidores o deben acudir al mercado informal para conseguir combustible a precios inflados.
Inspirado en modelos de segmentación tarifaria aplicados en países como Colombia y Chile, el Gobierno busca incentivar además que las empresas privadas importen su propio diésel. Sin embargo, mientras las disculpas oficiales se multiplican en los medios y los decretos de ajuste intentan sincerar los costos de importación, la población boliviana continúa asumiendo el costo social y económico de una crisis energética que, lejos de resolverse «de inmediato», ha demostrado ser el problema más complejo de la actual administración.
