Rodrigo Paz, presidente, y su entorno de nuevo están bajo otro escándalo de nepotismo y corrupción, esta vez con Gilda Céspedes Quevedo, jefa de Gabinete de la Presidencia. De ser una figura de confianza del Ejecutivo, pasó a protagonizar un caso que ha destapado denuncias de ascenso militar irregular,colocar familiares en cargos y una presunta estrategia de amedrentamiento contra la libertad de prensa.
El origen: Un ascenso bajo la lupa
La polémica estalló cuando el periodista Junior Arias, director de la red DTV, cuestionó públicamente el ascenso al grado de General de Brigada Aérea de Julio Jorge Céspedes Quevedo, hermano de la jefa de Gabinete. Según los antecedentes, el oficial no logró ascender en la gestión 2024 por no cumplir con los requisitos, siendo “rezagado” junto a otros miembros de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, dos años después y con su hermana ocupando un cargo de alto poder en el Ejecutivo, el militar logró su ascenso mediante un amparo constitucional. La pregunta que ha resonado en la opinión pública, y que el periodista Arias planteó en su programa Detrás de la Verdad, es directa: ¿Por qué se utilizó un recurso judicial para forzar un ascenso que no correspondía por la vía regular, y por qué este beneficio solo se aplicó al hermano de la jefa de Gabinete?
La respuesta del poder: Denuncia contra el periodista
Lejos de transparentar los méritos o informes que respaldarían la promoción del general Céspedes, Gilda Céspedes presentó el pasado viernes 3 de julio una denuncia formal ante la fiscalía de La Paz contra Junior Arias por “violencia y acoso político”.
Desde la red DTV, esta acción ha sido calificada como un intento de amedrentamiento. Arias ha reiterado que no se retractará, argumentando que su labor periodística se limita a investigar un asunto de interés público: el uso de influencias políticas para obtener beneficios dentro de una institución estatal. “No nos van a callar, no nos van a amedrentar”, sentenció el periodista, quien además ha prometido continuar investigando otros temas relacionados con la funcionaria, incluyendo cuestionamientos sobre su patrimonio personal.
El factor Edmand Lara: La denuncia de las credenciales
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, ya había señalado anteriormente a la funcionaria por un episodio que calificó de “vergonzoso”. Según Lara, Céspedes fue la responsable de impedir la entrega de credenciales a la familia del vicepresidente durante su posesión, un hecho que, en su momento, fue interpretado como una muestra de la soberbia y el control que la jefa de Gabinete ejerce sobre el entorno presidencial.
Nepotismo y cargos públicos: El caso de la sobrina
La polémica se profundizó con la revelación de que Micaela Lola Céspedes Cadena, sobrina de Gilda Céspedes e hija del ahora General Julio Céspedes, fue designada como Directora de Trabajo. Esta designación ha generado una ola de críticas sobre los criterios de selección en la administración de Rodrigo Paz, donde los vínculos familiares parecen pesar más que la meritocracia.
Sectores críticos exigen que el Gobierno explique si esta designación respondió a méritos profesionales o si, nuevamente, la influencia de la jefa de Gabinete fue el factor determinante.
La reflexión del Vicepresidente
El 16 de junio, el vicepresidente Edmand Lara rompió el silencio sobre el ascenso del general Céspedes, advirtiendo que este tipo de hechos debilitan la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. “Cuando el mérito pasa a segundo plano y pesan más los vínculos que el esfuerzo, se le envía un mensaje muy negativo al país”, afirmó Lara, subrayando que la meritocracia debe ser un principio innegociable.
¿Qué sigue?
El caso Gilda Céspedes ha dejado al descubierto una red de influencias que toca las fibras más sensibles del Gobierno: la transparencia en las Fuerzas Armadas, la ética en la designación de cargos públicos y el respeto a la libertad de prensa. Mientras la denuncia contra Junior Arias sigue su curso en la fiscalía, la sociedad boliviana espera respuestas claras. Si el ascenso y las designaciones fueron legales, la salida es simple: mostrar los documentos. Si, por el contrario, se confirma el uso del poder para beneficio familiar, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de la gestión de Rodrigo Paz.
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