El derecho humano a la alimentación en Bolivia atraviesa su momento más crítico, la inflación de alimentos no para. Según el informe “Monitoreo del Acceso a Alimentos y su Impacto en el Ejercicio del Derecho a la Alimentación en Bolivia – 2026”, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el país enfrenta una elevación sostenida y desproporcionada de los precios de los alimentos básicos, una situación que está deteriorando la calidad de vida de miles de hogares.
El impacto en la mesa de los bolivianos
El monitoreo, realizado en las nueve capitales departamentales y El Alto, arroja datos alarmantes sobre la capacidad de consumo de la población:
- 63% de las familias afirma que su presupuesto ya no alcanza para cubrir la alimentación familiar.
- 22% logra satisfacer sus necesidades solo parcialmente.
- Apenas un 15% considera que su presupuesto es suficiente para adquirir alimentos.
Los mercados de La Paz y El Alto registran los incrementos más severos, mientras que en Oruro y Potosí se han reportado episodios de desabastecimiento. Esta escalada de precios, que coincide con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que alcanzó el 2,15% en junio, no es un fenómeno coyuntural derivado de bloqueos, sino un proceso estructural que está asfixiando el poder adquisitivo de los bolivianos.
La caída de la clase media: Un efecto dominó
Este encarecimiento de la canasta básica es el detonante principal de un fenómeno social más profundo: el encogimiento de la clase media. El informe “Pobreza en Bolivia” de la Fundación Jubileo explica que la inflación silenciosa está empujando a familias que antes se consideraban estables de regreso a la clase baja.
La clase media boliviana, que según registros oficiales representaba el 59,1% de la población, se ha reducido drásticamente a un 51% al ajustar los datos por la inflación real. Este “espejismo estadístico” oculta una realidad donde un hogar puede caer en la pobreza con una variación de apenas Bs 89 por persona al mes. La subida de precios en los alimentos básicos actúa como el golpe final para un sector que vive al límite, sin capacidad de ahorro y sin protección social, borrando años de esfuerzo económico en cuestión de meses.
Exhortación estatal ante la crisis, inflación y alimentos
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural a fortalecer el control de precios y prevenir distorsiones en la cadena de abastecimiento. Asimismo, se ha solicitado al Ministerio de Economía que evalúe el impacto real de esta inflación sobre el poder adquisitivo y fortalezca las medidas de protección para los hogares en situación de vulnerabilidad.
La crisis se ve agravada por un contexto macroeconómico complejo: la contracción del 39,78% en las exportaciones de gas natural durante los primeros cinco meses de 2026 ha reducido la disponibilidad de divisas, limitando la capacidad del Estado para intervenir. Aunque el Gobierno, a través del PGE Reformulado 2026, busca reducir el déficit fiscal del 15,8% al 9,2% del PIB mediante una racionalización del gasto, la población siente que la estabilidad económica prometida es cada vez más frágil.
“La alimentación definitivamente no es un privilegio; es un derecho humano”, sentenció Callisaya. Mientras el Estado intenta consolidar sus finanzas públicas, la realidad en los mercados demuestra que la inflación no solo está encareciendo la vida, sino que está reconfigurando la estructura social del país, devolviendo a la pobreza a quienes, hasta hace poco, creían haberla superado.
En septiembre de 2022 con una tasa del 2,2% Bolivia era el país con la menor inflación de alimentos en Latinoamérica, acorde a la la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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