Las kilométricas filas en los surtidores de Bolivia han destapado una profunda contradicción en el gabinete del presidente Rodrigo Paz. Mientras la población soporta el desabastecimiento, las autoridades intentaron inicialmente culpar a los más de 50 días de bloqueos carreteros y a estrictos “controles de calidad” en las plantas de YPFB. Sin embargo, las declaraciones cruzadas entre ministerios y el análisis de datos macroeconómicos revelan que el problema central es financiero: el Estado boliviano está comprando combustible al fiado a proveedores de combustible Virol Trafigura.
La confesión: importación a crédito y deudas millonarias con proveedores de combustible
El intento de apaciguar el malestar ciudadano con argumentos logísticos se derrumbó cuando el propio ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, confesó en una entrevista con el periodista Jhon Arandia que el Gobierno está recurriendo a la importación a crédito.
Blanco admitió que el Estado mantiene deudas pendientes que superan los 500 millones de dólares con gigantes multinacionales proveedoras de hidrocarburos, como Vitol y Trafigura. Esta confesión dejó en evidencia que las trabas para descargar gasolina y diésel no responden únicamente a los bloqueos de carreteras —que ya fueron levantados—, sino a la falta de liquidez inmediata para honrar estos compromisos internacionales.
Los datos que hunden el relato: solo se pagó el 8% en efectivo a proveedores de combustible
El colapso financiero fue detallado de manera contundente por el economista e investigador Gonzalo Colque. A través del análisis de las balanzas de pago estatales, Colque demostró una caída abismal en la capacidad del país para pagar sus importaciones energéticas.
Según sus datos, entre enero y abril de 2025, el gobierno anterior importó combustibles por un valor de $900,5 millones y logró cubrir el 99% de ese costo con divisas reales. Por el contrario, en el mismo periodo de 2026, bajo la gestión de Rodrigo Paz, Bolivia importó $814,4 millones en combustibles, pero solo destinó $68,8 millones en divisas para pagarlo. Es decir, una cobertura en efectivo de apenas el 8%.
“¿Cómo se financió la diferencia? ¿Hay combustible al fiado? (…) No basta decir que es a causa de bloqueos o que los nuevos controles de calidad retrasan la descarga. Excusas baratas”, cuestionó Colque. El economista encendió las alarmas al sugerir que, ante la insolvencia de dólares en efectivo, el Gobierno podría estar comprometiendo o utilizando las reservas de oro del Banco Central de Bolivia (BCB) como garantía para sostener esta deuda con los proveedores extranjeros.
Economía niega la crisis de dólares: “Tenemos más de 700 millones”
Frente a la lluvia de críticas y la evidencia del endeudamiento con Vitol y Trafigura, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, salió al paso para negar rotundamente que exista una escasez de divisas en las arcas del Estado.
Espinoza rechazó las versiones de analistas y argumentó que el cuello de botella es estrictamente logístico, derivado de la demanda “extraordinaria” de los vehículos que vaciaron sus tanques durante las siete semanas de parálisis vial. “Ningún país del mundo compra en el día; tenemos contratos por 45 o 50 días”, explicó.
Contradiciendo el temor generalizado por la iliquidez, el titular de Economía aseguró que el Estado cuenta con el respaldo financiero necesario: “No es un tema de falta de dólares para pagar. Hoy estamos cerca de 3.900 millones de dólares en reservas internacionales y, solamente en dólares, tenemos más de 700 millones”.
“Que quede muy claro: existen los recursos para seguir pagando. Obviamente hay deudas acumuladas de anteriores gestiones, pero estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades”, enfatizó Espinoza.
A pesar de estas garantías ministeriales, la realidad en las calles contradice el optimismo financiero del Ejecutivo. Mientras el Ministerio de Economía asegura que la billetera estatal tiene fondos, YPFB sigue acumulando deuda extranjera y los conductores bolivianos continúan durmiendo en sus vehículos, víctimas de un Estado que depende del crédito internacional para mantener los motores del país encendidos.
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