Los jailones empresarios de las narcomaderas: Por décadas, el discurso oficial en Bolivia ha asociado el narcotráfico a sectores populares, campesinos o cocaleros. Sin embargo, detrás de las toneladas de cocaína que cruzan silenciosamente las fronteras bolivianas, opera una verdadera clase social elitista. Son empresarios de alcurnia, miembros de directorios prestigiosos, “jailones” que habitan en los condominios más exclusivos del Urubó. Hoy, el escándalo de las “narcomaderas” expone cómo esta antigua oligarquía controla el comercio exterior de la droga bajo el manto de la impunidad y la extorsión estatal.
En Bolivia, luchar contra el narcotráfico se ha convertido en el camino más expedito para el enriquecimiento ilícito de un sector del Estado. Policías, fiscales, jueces y ministros operan como un eslabón decisivo en la cadena productiva de la cocaína. Así lo define el investigador Wilson García Mérida en Sol de Pando, al analizar el reciente escándalo de los empresarios madereros descubiertos in fraganti exportando toneladas de droga desde puertos chilenos.
Estos “narco-madereros” no son delincuentes marginales. Son hombres de negocios respetados, varios de ellos de la tercera edad, ponderados socios de la Cámara Forestal de Bolivia. Son los “jailones” del narcotráfico, cuya fortuna y estatus social los blinda, casi por defecto, de la obsoleta y corrompida Ley 1008.
La “Droga Invisible” y el megaoperativo en Chile
El escándalo estalló con fuerza el 8 de mayo de 2026, pero sus raíces se remontan a mucho antes. Según reportes de la Fiscalía de Arica (Chile) publicados en La Pluma y la Espada, una gigantesca red de narcotráfico internacional logró movilizar 108 toneladas de droga, valuadas en la estratosférica suma de 8.334 millones de dólares (8 billones).
La operación ilícita utilizaba como fachada la exportación de madera legal. Entre el 13 de enero y el 6 de abril de 2026, se despacharon 32 envíos marítimos desde aserraderos ubicados en Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y El Alto. El método utilizado fue un salto cualitativo en la ingeniería criminal: la “madera impregnada”. La droga (cocaína y ketamina) no iba en dobles fondos, sino adherida químicamente a los listones de madera, lo que la hacía invisible a los escáneres y canes antidrogas. Solo con inteligencia artificial y análisis de laboratorio del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile se logró confirmar que hasta el 20% del peso de los contenedores era droga pura.
Las empresas y los nombres detrás de la exportación
El entramado logístico requería de firmas legalmente establecidas en Bolivia. La investigación conjunta internacional identificó al menos a 15 empresas vinculadas a estos envíos, con destinos en Alemania, Bélgica, México, Estados Unidos y República Dominicana.
Entre las empresas y nombres fiscales expuestos por la Fiscalía de Arica destacan:
- Héctor de la Fuente Gazzaniga: A través de Impor Expor Gazzaniga (Santa Cruz), despachó contenedores hacia Arica en enero de 2026.
- Enimlaga SRL: Desde Cochabamba, envió un contenedor a Manzanillo, México, retirado el 13 de enero de 2026.
- Industria Maderera Martínez – Indusmar SRL: (Cochabamba y Riberalta, Beni). Realizó envíos a Bulgaria (Puerto de Melnik) en enero y a Francia (Le Havre) en abril de 2026.
- Genesio Stanger Manurini – Eco Import Export: (Porvenir, Pando). Registró envíos a la República de Mauricio en febrero y a Bélgica (Puerto de Amberes) en la misma fecha.
- Camacho Salvatierra Primo – Multipando: (Pando). Despachó contenedores hacia Charleston, Estados Unidos, en marzo de 2026.
- Lucas Wink Alves – Aserradero Rondonia: Operando desde el norte de Bolivia.
- Demetrio Larcón Chambi – Express Woods KD: (El Alto, La Paz). Envió madera contaminada a Hamburgo, Alemania, en marzo de 2026.
- Grupo Industrial del Norte: (Cobija, Pando). Con destino a Hamburgo, Alemania.
- Amonak: Operando desde la Av. Cristo Redentor en Santa Cruz, con envíos a Norfolk, EE. UU.
- Valdir Wagner / Madera Siempre Verde: Empresa de origen brasileño vinculada al sector forestal de Pando, con despachos a Alemania y EE. UU. en marzo de 2026.
- DIMAV SRL (Distribuidora de Maderas Villazón): Con destino a República Dominicana en marzo de 2026.
- Rioyata Madera Import Export: (Guayaramerín, Beni).
- Joel Rubén Torrez y Yáñez: (Alto Sopocachi, La Paz). Con envío a Charleston, EE. UU.
- Bolprow Productos Forestales de Bolivia: (Santa Cruz). Con retiro de contenedor el 6 de abril de 2026 rumbo a Francia.
Según Sol de Pando, estos empresarios “han destinado parte de su inversión de capital en ‘propinas’ a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), al Senasag, a la FELCN y a la Aduana para hacer fluir sus cargas“.
Un historial de impunidad: De Pedro Montenegro a Robin Justiniano
La exportación de cocaína encubierta en madera no es nueva. En 2019, el cártel de Pedro Montenegro (protegido por altos jefes policiales como Gonzalo Medina) exportó 679 kilos de cocaína a Bélgica a través de las empresas madereras Serfito y Soinpex SRL.
A inicios de 2026, el diario El Deber reportó otro cargamento de 700 kilos detectado en Arica, operado por la empresa Export Mader Bolivia SRL, cuyos principales accionistas (los ciudadanos españoles Manuel P.A. y Eduardo J.M.) huyeron tranquilamente del país tras realizar 152 envíos a Europa desde 2018.
Pero el caso que mejor ilustra cómo la burguesía “jailona” del narcotráfico se inserta en el poder político y estatal es el del abogado cruceño Robin Justiniano Merubia.
Según denuncia Wilson García Mérida en Sol de Pando, Justiniano tiene un prontuario de tres encarcelamientos por narcotráfico (2010, 2012 y 2019), siendo este último por sus vínculos directos con el cártel de Pedro Montenegro y el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. A pesar de esto, Justiniano fue absuelto, “lavó su imagen” invirtiendo en el sector forestal y publicando libros ambientales auspiciados por la Cámara Forestal de Santa Cruz.
El nivel de infiltración llegó al punto en que Justiniano fue designado Asesor Legal de la ABT durante el gobierno de Luis Arce. Irónicamente, él era el encargado de “investigar” la vinculación cocaína-madera, sin presentar jamás un informe conclusivo. Con su prontuario borrado, Justiniano emergió como operador político, financiador y fue candidato a diputado en la franja de seguridad de la alianza de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado.
El acoso de los madereros: El intento por silenciar la verdad
La exposición pública de estos oscuros nexos no quedó sin respuesta por parte de las élites involucradas. Cuando el periodista Wilson García Mérida, a través de Sol de Pando, comenzó a desentrañar la red de los “narco-madereros” y sus conexiones con el poder político, la maquinaria de intimidación de esta burguesía se activó de inmediato. Según denunció el propio medio, un supuesto periodista vinculado a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) obtuvo mediante engaños los contactos directos de la dirección del periódico, entregándoselos posteriormente a un grupo empresarial forestal de Santa Cruz estrechamente ligado al tráfico de cocaína.
Días después de aquella filtración, las amenazas se materializaron. Colegas desde Santa Cruz alertaron a García Mérida que el entorno empresarial aludido —encabezado presuntamente por exautoridades de la ABT con intereses en medios de comunicación— había decidido “investigarlo” y, más alarmante aún, contactar a un sicario reincidente en Cochabamba para acallarlo definitivamente. Este amedrentamiento no solo refleja la impunidad con la que operan estos “jailones” frente a un sistema judicial que los protege, sino que demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar que el país conozca cómo el negocio legal de la madera se ha convertido en la gran lavandería del narcotráfico transnacional.
Dos clases sociales: El Urubó y el Chapare
Como sostiene el análisis de Sol de Pando, en Bolivia el narcotráfico ha dejado de ser operado por simples cárteles para convertirse en la base económica de dos clases sociales bien definidas.
Mientras existe una alta clase cocalera en el Chapare, los simples indígenas son estigmatizados y señalados, encarcelados por la producción de cocaína. Una excusa perfecta para los “buenos ciudadanos” alejados del Chapare gente “de bien” que vive en Santa Cruz.
La oligarquía “jailona” camba, arraigada en Santa Cruz y Beni, controla el comercio exterior, posee la logística empresarial, la flota aérea y utiliza el sector forestal como fachada perfecta. Su base social se asienta en los lujosos condominios del Urubó.
Bolivia exporta anualmente alrededor de 500 toneladas de cocaína pura, cálculos generados por las incautaciones, lo que sale libre puede ser mucho más, generando un movimiento interno de 10.000 millones de dólares, cifra que supera los ingresos históricos por la venta de gas. Ante este colosal “narco-excedente”, el Estado boliviano no combate el tráfico, sino que lo administra de forma extorsiva. Policías, fiscales y jueces se enriquecen “tributando” a estos empresarios “jailones”, garantizando que, al final del día, las “narcomaderas” sigan fluyendo hacia los puertos del Pacífico, mientras la justicia voltea la mirada hacia otro lado.
El mito del mercado gringo: La DEA, Rodrigo Paz y la farsa sobre el destino de la droga
Desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia en noviembre de 2025, el Gobierno ha impulsado un giro radical en su política exterior, marcando el inminente retorno de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tras 18 años de expulsión. Con la vuelta de la agencia estadounidense, se ha reinstalado rápidamente una vieja narrativa mediática y política: la presunción de que la cocaína boliviana inunda y envenena las calles de Estados Unidos.
Sin embargo, cuando se cruza el destino de las recientes incautaciones de “narcomaderas” con los datos oficiales de las Naciones Unidas, esta narrativa se desmorona por completo. El discurso gubernamental parece estar diseñado más para justificar la injerencia extranjera que para reflejar la realidad del comercio ilícito.
Según el Global Cocaine Report 2023 de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Estados Unidos no tiene un problema significativo con la cocaína boliviana. El mercado norteamericano es abastecido en más de un 75% por Colombia, el mayor productor mundial. La cocaína boliviana (que representa apenas el 13% de la producción global) no se dirige al norte; sus mercados naturales y consolidados son el Cono Sur (Brasil, Argentina, Chile) y, fundamentalmente, Europa.
Esta realidad estadística quedó en absoluta evidencia al revisar los manifiestos de exportación de los jailones de las “narcomaderas”. De los 32 envíos marítimos despachados por esta élite empresarial, la abrumadora mayoría tenía como destino los puertos del Mar del Norte y la Península Ibérica. Contenedores de empresas como Express Woods KD o el Grupo Industrial del Norte iban directo a Hamburgo (Alemania); la carga de Eco Import Export apuntaba a Amberes (Bélgica); y los listones de Indusmar SRL tenían ruta hacia Le Havre (Francia). Aunque un puñado de envíos (como los de Amonak) intentaron ingresar a Estados Unidos, el grueso de este negocio de 8.334 millones de dólares estaba fríamente calculado para alimentar el insaciable —y más lucrativo— mercado europeo.
La insistencia en vincular la droga boliviana con Estados Unidos oculta una severa hipocresía sobre el rol de la DEA en la región. Las estadísticas de la ONU demuestran que Colombia y Perú son los mayores productores del planeta. Paradójicamente, en ambos países la DEA opera con total libertad desde su creación en 1973, sin que su presencia haya logrado mermar la producción. Muy por el contrario, la historia documentada de la agencia estadounidense demuestra que en el pasado utilizó el dinero de la droga para financiar guerras anticomunistas, como quedó al descubierto en los años 80 con la megafábrica de Huanchaca en Bolivia, un oscuro episodio de narcoterrorismo de Estado que la actual gestión prefiere mantener silenciado.
El informe de la UNODC también arroja luz sobre por qué esta élite empresarial cruceña y pandina resulta tan vital para el narcotráfico. Bolivia, al carecer de salida marítima, depende de una logística extremadamente sofisticada para exportar. Ya no bastan las “mulas” o las avionetas; llegar a puertos como Rotterdam o Amberes requiere impregnar químicamente la madera, evadir controles aduaneros, utilizar métodos como el rip-on/rip-off en altamar y articularse con la mafia albanesa, el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil o la ‘Ndrangheta italiana.
Esta cadena de suministro internacional es tan especializada y costosa que es imposible que sea operada únicamente por sindicatos campesinos del Chapare. Requiere, ineludiblemente, de firmas de exportación limpias, grandes capitales de inversión, agentes aduaneros corrompidos y “jailones” sentados en directorios empresariales.
Al final, la llegada de la DEA bajo el amparo de Rodrigo Paz parece responder a una estrategia geopolítica estadounidense antes que a un interés real por desarticular estas élites. Mientras la atención mediática persigue el fantasma del mercado gringo, las “narcomaderas” bolivianas y sus dueños de cuello blanco continúan operando con redes europeas y brasileñas, demostrando que en el negocio del narcotráfico transnacional, el capital no tiene ideología, pero sí mucha protección estatal.
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