Los bloqueos de carreteras por el ajuste económico que mantienen asfixiado al país desde hace 46 días no son solo una cifra en el mapa de conflictividad. En el asfalto congelado del altiplano y en las improvisadas terminales de las ciudades, la crisis se mide en estómagos vacíos.
Los sectores movilizados exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, impulsados por la desesperación ante medidas que golpean el bolsillo: la escasez de dólares, el encarecimiento diario de la canasta familiar y un ‘gasolinazo’ que trituró el valor del boliviano. Sin embargo, en esta batalla política y económica, las víctimas colaterales son precisamente los eslabones más débiles de la cadena laboral: los transportistas pesados y las familias migrantes.
Sobrevivir en la carretera: «Pisamos chuño por un plato de comida»
A la intemperie y varados desde finales de mayo, miles de camioneros bolivianos enfrentan condiciones extremas en la ruta que conecta La Paz con Oruro y Cochabamba. La falta de efectivo —agravada porque en las comunidades rurales no hay cajeros ni señal para transferencias— ha dejado a los choferes sin posibilidad de comprar agua o comida.
Gualberto, un conductor retenido en Ayo Ayo (La Paz), relata la crudeza de su realidad: «Había casos donde no comíamos por dos días (…) La gente no sabe lo que estamos pasando. Nos fuimos al pueblito a hacer trabajo comunitario, fuimos a pisar chuño por un plato de comida para cada colega».
A la falta de alimentos se suma el deterioro de la salud. En las interminables caravanas de camiones varados, hay conductores de la tercera edad sufriendo descompensaciones por diabetes, hipertensión y deshidratación, sin acceso a medicamentos ni ambulancias. «Tenemos cuatro enfermos, todos nos olvidaron, hasta nuestros dirigentes», lamentó Facundo Guchani, otro transportista atrapado cerca de Patacamaya, quien denunció además que muchos vehículos terminaron con los vidrios destrozados tras enfrentamientos, obligando a los choferes a dormir expuestos a las temperaturas bajo cero del altiplano.
Irónicamente, para poder avanzar unos kilómetros en supuestos «pasos humanitarios», los choferes deben reunir entre 20 y 30 bolivianos para comprar coca, refrescos o comida destinados a los propios bloqueadores.
La odisea de los migrantes: atrapados sin salida en El Alto
La parálisis del país ha golpeado también a los más invisibles. En las inmediaciones de la Terminal Interprovincial de El Alto, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) constató la presencia de un centenar de extranjeros —principalmente familias venezolanas y colombianas, con niños y ancianos— en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Estas familias se encontraban en tránsito de retorno a sus países tras huir del endurecimiento migratorio en Chile. Al quedar atrapadas por los bloqueos en Bolivia, sin dinero ni redes de apoyo, apenas logran alimentarse una vez al día mientras esperan, en el frío alteño, poder continuar su viaje hacia la frontera de Desaguadero (Perú).
Una caravana humanitaria contra reloj
Ante la indolencia estatal, la sociedad civil ha tenido que reaccionar. Este lunes, la Defensoría del Pueblo, junto a la Cruz Roja Boliviana y Cáritas La Paz, despachó una Caravana Interinstitucional de Asistencia Humanitaria.
El convoy, compuesto por ambulancias y vehículos con banderas blancas, partió con el objetivo de llevar alimentos, agua, vituallas y medicamentos a unos 500 choferes atrapados en el tramo entre Caracollo y Tambo Quemado (vía a Chile), donde la Cámara del Transporte Pesado estima que hay entre 800 y 1.000 camiones inmovilizados.
«Hacemos un llamado a quienes están movilizados para que dejen pasar la caravana. Su único propósito es atender las necesidades más urgentes de los transportistas, que llevan semanas lejos de sus familias», exhortó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Mientras la caravana intenta sortear las barricadas sin resguardo policial y apelando únicamente a la negociación, los casi 70 puntos de bloqueo que persisten en Bolivia (según el último reporte de la ABC) son el reflejo de un país fracturado. La incapacidad del gobierno de Rodrigo Paz para frenar la devaluación económica y pacificar el país, sigue cobrándose su precio más alto en el hambre y la desesperación de quienes habitan las carreteras.
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