Cronología del pedido de renuncia de Rodrigo Paz. Si el Gobierno hubiera escuchado en enero, en marzo o en abril, Bolivia no estaría hoy en llamas. Un repaso cronológico demuestra que la exigencia de renuncia presidencial no fue un complot repentino, sino el resultado de seis meses de oídos sordos a obreros, choferes y un movimiento indígena que hoy, asfixiado por la Ley 157, exige que el mandatario deje la Casa Grande del Pueblo.
Hoy, con 56 puntos de bloqueo asfixiando a cinco departamentos, el saldo de dos muertos (Víctor Cruz y Martha Villca) y enfrentamientos con dinamita en Parotani, el gobierno del presidente Rodrigo Paz se encuentra acorralado. Desde El Alto hasta Santa Cruz, la exigencia unánime de las bases movilizadas es una sola: la renuncia inmediata del mandatario y la convocatoria a nuevas elecciones en 90 días.
Pero, ¿cómo llegó un gobierno que apenas lleva seis meses en el poder a este punto de no retorno? El análisis de los archivos recientes revela una verdad irrefutable: la crisis actual era evitable. Si el Ejecutivo se hubiera sentado a dialogar con los sectores afectados en lugar de llamarlos «vándalos» o «minoría», el país no estaría paralizado.
A continuación, la cronología del descontento: de las peticiones ignoradas a la exigencia de renuncia.
Fase 1: El gasolinazo y el «preaviso de despido» (Diciembre 2025 – Enero 2026)
La primera grieta surgió a finales del año pasado con la promulgación del Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los combustibles. La medida, dictada de forma sorpresiva y sin socialización previa, golpeó duramente la economía popular.
- La demanda ignorada: La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió al Gobierno que, si no abrogaba la norma o consensuaba un plan paralelo, tomaría las calles. «Si el Gobierno no quiere dejar sin efecto el decreto, que aliste las maletas y se vaya», advirtió el ente matriz en enero.
- La soberbia estatal: En lugar de abrir un diálogo sincero, el Ejecutivo intentó dividir a los sectores pactando solo con cúpulas dirigenciales. Fue entonces cuando el propio vicepresidente, Edmand Lara, se desmarcó y le envió a Paz un mensaje lapidario: «Esta es tu última oportunidad, tómalo como un memorándum de preaviso de despido». El Presidente no escuchó.
Fase 2: La «gasolina basura» y la burla al transporte (Febrero – Marzo 2026)
Lejos de estabilizarse, la crisis energética empeoró con la distribución de combustible adulterado (mezclado con agua sucia y aceite usado proveniente de una mafia en Chile). Miles de motores se arruinaron.
- La demanda ignorada: El transporte urbano y pesado paralizó La Paz y El Alto, pidiendo la destitución del titular de YPFB y un resarcimiento transparente.
- La soberbia estatal: Rodrigo Paz calificó la crisis como un «sabotaje electoral», minimizando el dolor de los transportistas. Aunque YPFB desvió $us 20 millones para pagar compensaciones mediante empresas privadas, el daño a la confianza pública ya estaba hecho. Los sectores pedían soluciones estructurales; el Gobierno respondió con parches técnicos.
Fase 3: La traición agraria y la chispa en Pando (Abril 2026)
El punto de inflexión ocurrió a principios de abril, cuando Rodrigo Paz viajó a Santa Cruz para participar en la feria Agropecruz. Allí promulgó la Ley 157 (oficialmente denominada Ley 1720), que autoriza la conversión de la pequeña propiedad campesina a mediana o empresarial.
La norma fue vista como una sentencia de muerte para el campesinado, ya que suspende por 10 años la verificación de la Función Económica Social (FES) y permite que la tierra indígena y campesina pueda ser embargada por los bancos y comprada por latifundistas extranjeros.
- La demanda ignorada: El lunes 13 de abril de 2026, la Federación de Campesinos de Pando inició una marcha histórica. Tras seis días de caminata bajo el sol, llegaron al municipio de Reyes en ruta hacia Rurrenabaque, pidiendo auxilio a las centrales de Vaca Díez y Madre de Dios.
- El Encuentro Nacional: Paralelamente, en Santa Cruz, se instaló el Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio, unificando a las fuerzas más grandes del país: la CNAMIB (mujeres indígenas), CEMIG (Guarayas), CIRABOL, la Nación Qara Qara de Chuquisaca, BOCINAB y CIPOAP. Todas rechazaron la norma por promover la «reconcentración de la tierra y la mercantilización del territorio».
- La soberbia estatal: El presidente Paz jamás los recibió. No hubo mesas de diálogo ni comisiones de negociación para tratar la Ley 1720. El Gobierno los ignoró por completo.
Fase 4: El estallido y el pedido de renuncia (Mayo 2026)
Tras el ampliado de la COB del 1 de mayo, las bases —ya sin paciencia tras las crisis del Decreto 5503, la gasolina basura y la Ley 1720— rebasaron a sus dirigentes y cortaron las carreteras.
Lo que en enero era un pedido de abrogación de un decreto, en mayo se transformó en una consigna única e innegociable. Dirigentes como Severo Marka o Policarpio Acarapi (Fejuve El Alto Sur) lo dejaron claro: «Ya no queremos reuniones. Estamos pidiendo pacíficamente que el Gobierno se vaya por su incapacidad, por su mentira y por sus engaños».
El Gobierno respondió con balas y gases, tildándolos de «minoría» y «vándalos». Hoy, con más de 50 puntos de bloqueo, la Defensoría del Pueblo advierte que las palabras del propio Presidente dinamitaron el diálogo. Para las bases, sentarse a negociar ahora, con dos muertos encima, equivale a traicionar su lucha.
Renuncia de Rodrigo Paz
La crisis que hoy asfixia a Bolivia no fue un accidente ni una conspiración fugaz. Fue el resultado predecible de un mandatario que subestimó a sus electores, cerró las puertas de la Casa Grande del Pueblo a los indígenas marchistas de Pando y a los transportistas afectados, y que ahora se enfrenta al repudio nacional. El tiempo del diálogo se agotó; hoy, la calle solo grita «renuncia».
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