Muertes en el gobierno de Rodrigo Paz. Mientras la clase política debate en el Senado cómo facilitar un Estado de Excepción y la Justicia suspende sus labores por falta de seguridad, las familias de Víctor Cruz Mamani (muerto por herida de bala) y Martha Villca Sosa (asfixiada por gases) lloran a sus muertos en soledad. El luto que el Estado y los medios prefieren ignorar.
Bolivia atraviesa una de sus crisis más oscuras y la violencia ya se ha cobrado su tributo en sangre. Pese al silencio ensordecedor de las autoridades gubernamentales y la indolencia mediática que parece haber deshumanizado a las víctimas de los conflictos sociales, las organizaciones de base y centros médicos han confirmado el fallecimiento de dos ciudadanos tras la feroz represión policial en el occidente del país.
Los nombres que el Gobierno se niega a pronunciar son los de Víctor Cruz Mamani y Martha Villca Sosa.
Las muertes que el vocero intentó borrar
El primer caso expone una brutalidad innegable. Víctor Cruz Mamani, un joven de entre 25 y 30 años, perdió la vida tras la intervención policial ejecutada este fin de semana, un operativo encabezado por el ministro Mauricio Zamora.
Mientras el vocero de Gobierno, José Luis Gálvez, negaba categóricamente la existencia de víctimas fatales, el centro médico de Kalamarka emitió un reporte forense demoledor: Víctor sufrió una fractura de vértebra cervical, sección medular y un traumatismo cerebral penetrante por proyectil de arma de fuego. Las desgarradoras imágenes de su cuello perforado por una bala circularon en redes, destrozando la versión oficial de que las fuerzas del orden no usan armamento letal.
El segundo caso es el de Martha Villca Sosa. El Grupo Jichha logró documentar que Martha salió a marchar pacíficamente el lunes, pero quedó atrapada en la densa nube de gases lacrimógenos disparados por la Policía. Al no poder correr para resguardarse, su estado físico colapsó agudamente. Fue trasladada a su hogar en la zona de Bella Vista, en El Alto, donde su cuerpo no resistió y falleció un día después. El Gobierno también ha guardado silencio sobre este deceso.
La Justicia baja la persiana: Vacación por inseguridad
El caos en las calles no solo ha dejado luto, sino un colapso institucional. Este domingo, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz determinó suspender sus actividades y declarar una semana de vacación judicial a partir de este lunes.
La medida, que adelanta el descanso programado para diciembre, se tomó ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los jueces, funcionarios y litigantes. La semana pasada, la infraestructura judicial sufrió daños severos por los enfrentamientos, obligando primero a aplicar la modalidad de teletrabajo y, finalmente, al cierre total de los juzgados paceños.
Llamados desesperados a la paz frente al silencio oficial
La indolencia frente a las muertes y la escalada de violencia motivaron un pronunciamiento de emergencia. La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un comunicado conjunto lamentando la falta de avances en el diálogo.
Exhortaron al «cese inmediato de toda acción violenta» y exigieron una investigación urgente, independiente y transparente sobre los heridos y fallecidos. En la misma línea, las principales organizaciones del periodismo boliviano emitieron el manifiesto «Por la democracia y los derechos de todos», pidiendo deponer posiciones intransigentes para evitar consecuencias imprevisibles.
El Senado prepara el terreno para la militarización
Paradójicamente, mientras la sociedad civil clama por pacificación y justicia para Víctor y Martha, la Asamblea Legislativa mueve fichas que presagian mayor dureza. Este domingo, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, norma que limitaba el uso de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo.
El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados. La analista política Susan Bejarano advierte que, si la ley se abroga, el Órgano Legislativo quedará al margen de la fiscalización, dejando al presidente Rodrigo Paz con vía libre para declarar un Estado de Excepción sin el asfixiante control parlamentario.
«Mi lectura es que la abrogación es una advertencia de que el Gobierno hará lo que prometió que no haría: aplicar la fuerza del Estado para contener los bloqueos», señaló Bejarano.
Con un saldo de dos muertos en la morgue, la justicia cerrada y el Gobierno preparando el andamiaje legal para endurecer la represión, Bolivia se asoma al abismo, ignorando peligrosamente a las víctimas que ya comenzaron a sumarse a las estadísticas de esta nueva crisis.
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