Represión policial contra maestros y estudiantes: Detenciones ilegales y vulneración de derechos en Bolivia

Represión policial contra maestros y estudiantes: Detenciones ilegales y vulneración de derechos en Bolivia

La represión policial contra maestros y estudiantes dejó más de treinta manifestantes aprehendidos tras una violenta intervención de las fuerzas del orden en las inmediaciones del Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo en La Paz, en el marco del paro nacional de 48 horas convocado por el magisterio urbano. La protesta, originada en el rechazo al anteproyecto gubernamental que busca transferir la administración de los institutos técnicos a las gobernaciones departamentales, fue dispersada con agentes químicos cuando los docentes ocupaban un carril de la autopista entre La Paz y El Alto. Aunque los manifestantes abandonaron la calzada tras la gasificación, un segundo contingente policial los interceptó en las aceras adyacentes, procediendo a su captura forzada en camionetas policiales y su posterior reclusión en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde familiares y dirigentes instalaron vigilias de emergencia.

El testimonio de los dirigentes: Denuncias de golpizas y persecución política

Los hechos registrados en la sede de gobierno guardan estrecha coherencia con las advertencias formuladas semanas atrás por la dirigencia sindical en Chuquisaca. El pasado 23 de octubre, Efraín Villalpando, directivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca, junto a Gonzalo Torres, exdirigente del magisterio urbano, denunciaron agresiones físicas y detenciones arbitrarias cometidas por uniformados cuando ni siquiera se encontraban interrumpiendo el tránsito vehicular.

En aquella oportunidad, los representantes gremiales señalaron textualmente ante los medios: «El hambre nos va a apretar a todos. El país está yéndose a pique. Si no reaccionamos los bolivianos, estamos fregados. Y ahorita nos toca al Magisterio movilizarnos en contra de la privatización de la educación. El salario ya no alcanza. De la acera nos han traído, ni siquiera estuvimos bloqueando como dicen ellos. Esto ya es una persecución política, hemos sido amenazados y golpeados por los policías que nos arrestaron solo por protestar. Lamentablemente este gobierno se ha convertido en un régimen que gobierna a punta de decretazos con violencia policial». Esta línea de acción estatal evidencia un patrón reiterado de uso arbitrario de la fuerza punitiva para sofocar el descontento de las bases trabajadoras.

Descentralización sin recursos: El trasfondo del conflicto educativo

La movilización nacional, liderada por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y respaldada por sus 31 federaciones departamentales y regionales, responde a un pliego de demandas estructurales:

• Rechazo a la transferencia institucional: Los educadores advierten que trasladar los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones precariza la enseñanza pública y abre la puerta a la privatización encubierta. Al no contemplarse un fondo nacional de compensación económica, las regiones con mayores ingresos podrán sostener precariamente sus centros, mientras los departamentos más pobres sufrirán un deterioro irreversible en infraestructura y servicios.
• Exigencias laborales y presupuestarias: El sector exige un incremento salarial acorde a la inflación real, mayor presupuesto para el equipamiento de aulas y el respeto absoluto al escalafón docente.
• Destitución ministerial: Las bases sindicales demandan la renuncia del ministro de Educación, Erick Sanjinés, a quien acusan de clausurar las mesas de diálogo y ordenar actos de amedrentamiento judicial contra el profesorado.

El conflicto se extendió con fuerza en todo el territorio boliviano. En Cochabamba se paralizaron las actividades escolares con marchas hacia la plaza principal y piquetes de huelga de hambre, coordinando movilizaciones conjuntas entre el magisterio urbano y rural sobre la avenida Blanco Galindo. De igual manera, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija registraron un acatamiento total de la huelga, consolidando el rechazo a las medidas centralistas del Ejecutivo.

Ilegalidad manifiesta en la FELCC: Violaciones al Código de la Niñez

La intervención policial en Achachicala incurrió en graves contravenciones al marco jurídico nacional e internacional al haber aprehendido y recluido a estudiantes, pasando por alto las garantías consagradas en la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) y la Constitución Política del Estado:

  1. Inimputabilidad y fuero especializado:
    El artículo 262 del Código de la Niñez establece que las personas menores de 14 años son absolutamente inimputables, por lo que su detención constituye un delito flagrante de privación ilegal de libertad. Respecto a los adolescentes entre 14 y 18 años, la privación de libertad es una medida excepcional de último recurso, aplicable únicamente ante delitos graves con violencia y jamás frente a manifestaciones callejeras o desórdenes administrativos.
  2. Omisión de la Defensoría y ausencia de fiscal juvenil:
    La normativa exige la intervención obligatoria e inmediata de un Fiscal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes y la notificación urgente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). Conducir a jóvenes a dependencias comunes de la FELCC sin la presencia de sus tutores ni defensores especializados vicia el procedimiento de nulidad absoluta.
  3. Reclusión ilegal junto a personas adultas:
    El encierro conjunto de colegiales o jóvenes técnicos con los más de treinta docentes adultos en las celdas de la FELCC vulnera de forma abierta el artículo 270 de la Ley 548, así como las Reglas de Beijing y las Reglas de La Habana de las Naciones Unidas, directrices de cumplimiento forzoso adoptadas también por tribunales de justicia en EEUU y el sistema interamericano.

Delitos cometidos por los uniformados y acciones legales inmediatas

El argumento esgrimido por las autoridades policiales, amparado en el arresto con fines de identificación por ocho horas previsto en el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, configura un fraude procesal. Esta herramienta administrativa no puede emplearse como mecanismo de castigo encubierto para suspender el derecho a la protesta garantizado por el artículo 21 de la Carta Magna.

Los efectivos policiales y mandos operativos intervinientes se exponen a responsabilidades penales directas por la presunta comisión de Privación Indebida de Libertad (artículo 292 del Código Penal), Vejaciones y Torturas (artículo 295), e Incumplimiento de Deberes (artículo 154), agravados por atentar contra el Interés Superior del Niño previsto en el artículo 60 constitucional. Ante esta situación, el magisterio y los familiares de los afectados tienen habilitada la interposición de una Acción de Libertad de Pronto Despacho e Innovativa ante los juzgados de garantías constitucionales, además de exigir la intervención urgente del Mecanismo de Prevención de la Tortura (SEPRET) y la Defensoría del Pueblo para verificar el estado de los detenidos.

*Fotografías con imágenes de crónica Bolivia