Estados de sitio y excepción en Bolivia han sido, históricamente, el mecanismo jurídico y político empleado por gobiernos militares y civiles para sofocar la disidencia, imponer modelos económicos y perpetuarse en el poder. A lo largo de las últimas seis décadas, la aplicación de estas medidas ha operado bajo la sombra de la Doctrina de Seguridad Nacional, el asesoramiento de agencias extranjeras como la CIA y la DEA, y la infiltración de redes criminales y neofascistas. El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, desde las masacres mineras de los años sesenta hasta las crisis políticas de 2003 y 2019, revela cómo el Estado boliviano ha utilizado la violencia institucionalizada para responder a las profundas demandas sociales, dejando una huella imborrable en la memoria democrática del país.
El ciclo de dictaduras militares y la Doctrina de Seguridad Nacional (1964-1978)
La inestabilidad política en la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por el uso recurrente de la violencia estatal y la supresión de derechos, impulsada por los intereses geopolíticos de Estados Unidos en plena Guerra Fría.
René Barrientos y Alfredo Ovando: Masacres mineras y represión guerrillera
El ciclo autoritario inició en 1964 con el derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro por parte de René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candia. Barrientos, con fuerte respaldo de la CIA, implementó el «Sistema de Mayo» en 1965. El 17 de mayo de 1965, la Junta Militar decretó el Estado de Sitio para quebrar la huelga general de la Central Obrera Boliviana (COB), declarando «zonas militares» a los distritos mineros. Esta represión estatal derivó en las masacres de mayo y septiembre de 1965, y posteriormente en la Masacre de San Juan (1967), dejando centenares de víctimas civiles.
Ovando Candia, en su presidencia de facto (1969-1970), volvió a dictar Estado de Sitio el 19 de julio de 1970 para enfrentar a la Guerrilla de Teoponte, ordenando el exterminio sin piedad de 58 guerrilleros bajo la consigna: “ni presos ni heridos, todos deberán ser muertos”.
Hugo Banzer Suárez: El Plan Cóndor y la institucionalización del terror
Tras un sangriento golpe en agosto de 1971, Hugo Banzer Suárez instauró un «permanente Estado de Sitio». Con el amparo de la Ley de Seguridad del Estado, suspendió garantías constitucionales y persiguió a opositores políticos, sindicatos y miembros de la Iglesia vinculados a la Teología de la Liberación.
El 28 de enero de 1974, Banzer dictó formalmente el Estado de Sitio ante los bloqueos campesinos en Cochabamba que protestaban por el alza de precios, ejecutando la «Operación Limpieza», que culminó en la Masacre del Valle. Su gobierno fue pilar fundacional del Plan Cóndor, coordinando con Argentina y Chile vuelos de la muerte, desapariciones forzadas y el asesinato de rivales militares como Juan José Torres y Joaquín Zenteno Anaya. Las redes de corrupción florecieron, marcando el inicio del «boom del narcotráfico» que financió el aparato represivo de la dictadura.
Golpes sangrientos, neofascismo y narcotráfico (1979-1981)
La transición a la democracia fue abortada repetidamente por facciones militares vinculadas a economías ilícitas y asesoradas por criminales de guerra europeos.
Alberto Natusch Busch y la Masacre de Todos Santos
El 1 de noviembre de 1979, Alberto Natusch Busch ejecutó un golpe de Estado apoyado por Banzer y sectores del MNR para frenar los juicios de responsabilidades impulsados por Marcelo Quiroga Santa Cruz. El 4 de noviembre, impuso el Estado de Sitio, la Ley Marcial y el toque de queda. Su efímero mandato de 16 días costó la vida de entre 280 y 500 civiles ametrallados desde tanques y helicópteros. Al huir al exilio, su cúpula sustrajo ilegalmente 3,5 millones de dólares del Banco Central de Bolivia.
Luis García Meza: La narcodictadura y «Los Novios de la Muerte»
El 17 de julio de 1980, Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, instauraron un régimen de terror financiado directamente por el narcotráfico. El toque de queda y la suspensión de garantías constitucionales rigieron desde el primer día.
El aparato represivo fue orquestado por «Los Novios de la Muerte», una red paramilitar de mercenarios neofascistas integrada por el nazi Klaus Barbie (alias Klaus Altmann) y los italianos Stefano Delle Chiaie y Pier Luigi Pagliai. Barbie, protegido por la CIA, organizó el «Operativo Avispón», que asaltó la COB y asesinó a Quiroga Santa Cruz. La dictadura perpetró torturas sistemáticas y masacres, como la de la calle Harrington (1981), donde ocho dirigentes del MIR fueron acribillados.
La era democrática y la imposición del modelo neoliberal (1985-1997)
Con el retorno de la democracia formal, las medidas de excepción se utilizaron para imponer reformas estructurales dictadas por organismos financieros internacionales, suprimiendo la resistencia obrera y campesina.
Víctor Paz Estenssoro: El DS 21060 y la Marcha por la Vida
Para frenar la hiperinflación, Víctor Paz Estenssoro promulgó en 1985 el Decreto Supremo 21060 (diseñado por el economista Jeffrey Sachs), iniciando la era neoliberal y la «relocalización» (despido masivo) de 35.000 mineros. El 19 de septiembre de 1985, dictó Estado de Sitio, confinando a más de 1.500 dirigentes sindicales, incluido Juan Lechín Oquendo.
Un año después, ante la histórica «Marcha por la Vida» —liderada por Filemón Escóbar, Simón Reyes y Domitila Chungara—, Paz Estenssoro volvió a declarar Estado de Sitio el 28 de agosto de 1986. El Ejército y la aviación cercaron a 10.000 marchistas en Calamarca, obligando a los líderes sindicales a capitular para evitar una masacre, sellando la derrota histórica del movimiento minero. Durante este periodo también ocurrió la Masacre de Villa Tunari (junio de 1988), donde tropas de UMOPAR y la DEA asesinaron a más de una decena de cocaleros que rechazaban la Ley 1008.
Paz Zamora y Sánchez de Lozada: Ajustes y militarización
Jaime Paz Zamora apeló al Estado de Sitio el 15 de noviembre de 1989 para sofocar protestas sociales, limitando libertades mientras militarizaba el trópico de Cochabamba bajo directrices de Estados Unidos. Posteriormente, en su primer mandato (1993-1997), Gonzalo Sánchez de Lozada profundizó la privatización (Capitalización). El 18 de abril de 1995, decretó un Estado de Sitio de seis meses para reprimir una huelga del magisterio y la COB, arrestando a cúpulas sindicales en pleno aniversario obrero.
Crisis del siglo XXI: Privatizaciones, autonomías y fracturas sociales (2000-2019)
El modelo de libre mercado colapsó a inicios del nuevo milenio, desencadenando conflictos sobre la propiedad de los recursos naturales que fueron respondidos con represión estatal.
Hugo Banzer y la Guerra del Agua (2000)
Ya como presidente constitucional, Banzer enfrentó en Cochabamba una rebelión popular contra la privatización del agua otorgada a la transnacional Bechtel (Ley 2029). El 7 de abril de 2000, dictó el Estado de Sitio por 90 días. La represión policial y militar dejó más de cien heridos y el asesinato del joven de 17 años Víctor Hugo Daza. La movilización forzó la expulsión de la empresa y la suspensión de la medida de excepción el 20 de abril.
Gonzalo Sánchez de Lozada: Febrero y Octubre Negro (2003)
En su segundo mandato, Sánchez de Lozada enfrentó el colapso neoliberal. Aunque no dictó un Estado de Sitio convencional en papel, aplicó el Decreto Supremo 27209 (octubre de 2003), ordenando la movilización bélica de las Fuerzas Armadas para reprimir la «Guerra del Gas», una sublevación en El Alto contra la exportación de gas por Chile. La represión indiscriminada cobró más de 60 vidas y dejó 400 heridos, provocando la renuncia y fuga del presidente a Estados Unidos.
De Pando (2008) a la crisis de 2019
Bajo el gobierno de Evo Morales, el 13 de septiembre de 2008, se declaró Estado de Excepción en Pando tras la «Masacre de Porvenir», donde murieron unos 30 campesinos afines al MAS. El prefecto Leopoldo Fernández fue encarcelado. Durante este periodo surgieron graves denuncias de corrupción y contrabando (el caso de los 33 camiones) que involucraron al poderoso ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien además operó redes de inteligencia para censurar a medios como Sol de Pando.
Jeanine Añez y el decreto de la muerte
Finalmente, tras la crisis política y renuncia de Morales en noviembre de 2019, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078. Esta norma de excepción eximió temporalmente de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en operativos de restablecimiento del orden público, desencadenando un uso letal de la fuerza documentado internacionalmente.
Si bien no fue Estado de Excepción, la semejanza con la dictadura es obvia.
De acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), identificó al menos 24 muertes derivadas de operativos o acciones de fuerzas de seguridad iniciadas específicamente a partir de que Jeanine Áñez asumió el poder el 12 de noviembre, además de los decesos de personas previamente heridas que murieron en fechas posteriores dentro de su mandato. El informe concluye que en eventos como Sacaba y Senkata existió un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes estatales. Fueron ejecuciones sumarias.
| Presidente / Dictador | Fecha del Estado de Sitio o Excepción (o medida equivalente) | Muertes documentadas durante su gobierno o conflictos |
|---|---|---|
| Alfredo Ovando Candia (Co-presidente de facto y dictador) | 17 de mayo de 1965 (Junta Militar) 19 de julio de 1970 (Guerrilla de Teoponte) | Entre 180 y 330 muertes verificables. (Incluye 58 guerrilleros ejecutados y corresponsabilidad en masacres mineras y represión de 1964). |
| René Barrientos Ortuño (Dictador / Presidente) | 17 de mayo de 1965 (Declaratoria de Zonas Militares y Sistema de Mayo) | Más de 150 muertes estimadas. (Masacres de mayo de 1965: más de 30; septiembre de 1965: entre 80 y más de 200; San Juan de 1967: aproximadamente 40; ejecuciones del Che y guerrilleros). |
| Hugo Banzer Suárez (Dictadura) | 21 de agosto de 1971 (Cancelación de garantías) 28 de enero de 1974 (Masacre del Valle) Estado de Sitio permanente | Decenas de muertos y desaparecidos. (Masacre de la UGRM: 24 asesinados; Masacre del Valle: decenas; más víctimas del Plan Cóndor). |
| Alberto Natusch Busch (Dictador) | 4 de noviembre de 1979 (Estado de Sitio, Ley Marcial y toque de queda) | Entre 280 y 500 víctimas. (280 civiles muertos confirmados en un régimen de solo 16 días). |
| Luis García Meza (Dictador) | 17 de julio de 1980 (Toque de queda y estado de excepción permanente) | 25 desaparecidos y múltiples asesinatos. (Masacre Harrington: 8; Mina Caracoles: 7; asalto a la COB: 3 o más). |
| Víctor Paz Estenssoro (Presidente constitucional) | 19 de septiembre de 1985 (Frenar resistencia al DS 21060) 28 de agosto de 1986 (Marcha por la Vida) | 13 muertes documentadas en total. (9 víctimas políticas entre 1985-1989 y 4 víctimas en la Masacre de Terebinto de 1958, durante su mandato previo). |
| Jaime Paz Zamora (Presidente constitucional) | 15 de noviembre de 1989 (Decreto Supremo Nº 22361) | 5 muertos por conflictos sociales. |
| Gonzalo Sánchez de Lozada (Primer mandato) | 18 de abril de 1995 (Estado de Sitio por seis meses) | 63 y 68 personas fallecidas y más de 400 heridos |
| Hugo Banzer Suárez (Presidente constitucional) | 7 de abril de 2000 (Guerra del Agua; suspendido el 20 de abril) | 1 víctima mortal confirmada. (Víctor Hugo Daza, de 17 años).más de 170 heridos. |
| Gonzalo Sánchez de Lozada (Segundo mandato) | 11 de octubre de 2003 (DS 27209: movilización militar y uso de la fuerza pública, equivalente a estado de excepción) | Más de 60 muertos. (Además de más de 400 heridos durante el «Octubre Negro» o Guerra del Gas). |
| Evo Morales Ayma (Presidente constitucional) | 13 de septiembre de 2008 (Estado de Excepción en el departamento de Pando) | Entre 15 y 30 muertes. (Campesinos asesinados en la Masacre de Porvenir). |
| Jeanine Áñez (Presidenta transitoria) | 15 de noviembre de 2019 (DS 4078: autorización militar y exención de responsabilidad penal) | 24 muertos. (Víctimas registradas en los operativos represivos posteriores a la emisión del decreto, particularmente en las masacres de Sacaba y Senkata, además de centenares de heridos). |
El Dato
| Categoría | Mandatario | Dato relevante |
|---|---|---|
| Más estados de sitio o medidas de excepción | Hugo Banzer Suárez | Aparece con al menos tres medidas: cancelación de garantías en 1971, Estado de Sitio de 1974 y un Estado de Sitio permanente durante gran parte de su dictadura. Además, volvió a decretar Estado de Sitio en 2000 durante la Guerra del Agua. |
| Estado de sitio más duradero | Hugo Banzer Suárez | Su régimen dictatorial (1971-1978) es descrito como un «permanente Estado de Sitio», lo que lo convierte en el período de suspensión de garantías más prolongado de la tabla. Si se consideran solo decretos con plazo definido, el de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1995 fue por seis meses. |
| Mayor número de muertes documentadas | Alberto Natusch Busch | La tabla le atribuye entre 280 y 500 víctimas durante los 16 días de su régimen, la cifra más alta consignada para un solo gobierno o episodio represivo. |
| Segundo lugar en número de muertes | Alfredo Ovando Candia | Entre 180 y 330 muertes verificables, según los datos de la tabla. |
| Tercer lugar en número de muertes | René Barrientos Ortuño | Más de 150 muertes estimadas asociadas a masacres mineras, San Juan y la represión guerrillera. |
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