Bloqueos en Bolivia por la renuncia de Rodrigo Paz marcan el inicio del mes de junio, sumiendo al país en un colapso estructural tras 32 días ininterrumpidos de rutas paralizadas. La agudización de las protestas, que ahora tienen a Cochabamba como principal epicentro, ha detonado un severo desabastecimiento de carburantes y alimentos, empujando a las grandes industrias a evaluar la fuga de capitales y obligando al espectro político e institucional a plantear salidas constitucionales extraordinarias para evitar un inminente quiebre democrático.
Mapa de la crisis: Cochabamba lidera la parálisis y la COB cierra el diálogo
El conflicto social ha fragmentado la conectividad logística del país. Según el reciente reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el territorio nacional registra más de 90 puntos de interrupción, afectando a seis departamentos. Cochabamba ha desplazado a La Paz como el núcleo de la conflictividad, con 32 bloqueos, seguido por la sede de Gobierno (19), Potosí (16), Oruro (11), Chuquisaca (9) y Santa Cruz (3).
Lejos de una desescalada, la Central Obrera Boliviana (COB) determinó en un ampliado de emergencia rechazar las convocatorias al diálogo emitidas por el Gobierno. La dirigencia sindical ratificó el sostenimiento de las medidas de presión hasta lograr la dimisión del Ejecutivo, anunciando únicamente la apertura de corredores humanitarios.
Esta radicalización no solo aísla a las ciudades, sino que está destruyendo la infraestructura vial estatal. La ABC reporta daños críticos en la Red Vial Fundamental, especialmente en el tramo Caracollo–Confital–Bombeo, debido a la detonación de explosivos y la quema de llantas sobre la plataforma asfáltica.
Escasez de combustible en La Paz y colapso del transporte urbano
La prolongación del conflicto ha desencadenado una crisis energética en las ciudades que dependen del suministro terrestre. La Paz y El Alto amanecieron con una drástica reducción del parque automotor, largas filas en las estaciones de servicio y miles de ciudadanos obligados a desplazarse a pie o colapsar el sistema de Mi Teleférico.
La desesperación por la escasez de gasolina y diésel derivó en bloqueos esporádicos organizados por los propios choferes urbanos, quienes irrumpieron en un acto cívico en la céntrica Plaza del Obelisco, increpando al alcalde César Dockweiler. La autoridad municipal, en respuesta, justificó el malestar del sector y aseguró estar realizando las gestiones pertinentes ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidades encargadas de garantizar el suministro.
El impacto económico: riesgo de desindustrialización y pérdidas millonarias
El freno a la actividad productiva ha encendido las alarmas del sector privado. Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), advirtió que la asfixia logística está forzando a numerosas industrias asentadas en La Paz y El Alto a evaluar el traslado definitivo de sus operaciones hacia regiones menos conflictivas como Santa Cruz y Cochabamba, o incluso la relocalización en países vecinos como Perú y Paraguay.
Esta potencial fuga de capitales amenaza directamente la estabilidad del empleo formal. Actualmente, más de 200 empresas operan con serias dificultades para acceder a materias primas, lo que pone en riesgo inminente el abastecimiento nacional de alimentos y medicamentos. De acuerdo con las estimaciones de la CNI, el daño económico acumulado durante este mes de protestas asciende a la alarmante cifra de 2.000 millones de dólares.
Salidas institucionales ante el callejón político
El estancamiento político ha obligado a diversos actores a proponer mecanismos para destrabar el conflicto sin recurrir a la violencia institucional.
El llamado de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo
A través de un contundente pronunciamiento conjunto, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo instaron a la COB y al Gobierno a deponer actitudes intransigentes. Ambas instituciones advirtieron que la coacción y el uso de la fuerza no resolverán la crisis, y exhortaron a los líderes a «reemplazar la ofensa por la propuesta y las piedras por la palabra», alertando que el quiebre del tejido social dejará heridas irreparables.
Propuesta de referéndum revocatorio extraordinario
En el plano legislativo, el diputado Carlos Alarcón presentó una salida constitucional frente al «callejón sin salida» en el que se encuentra la nación. Su propuesta sugiere que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe por dos tercios una ley interpretativa para convocar a un referéndum revocatorio extraordinario que someta a las urnas los mandatos del presidente, vicepresidente y de los propios asambleístas en un plazo de tres meses.
Alarcón argumentó que esta medida evitaría que la violencia derroque a un gobierno constitucional, frenando presuntas estrategias políticas que buscarían instalar a Edmand Lara en el poder como una figura de transición que facilite el retorno político de Evo Morales.
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