Lobby de Grupo Gloria y Luis Arce. Un escándalo de corrupción y tráfico de influencias con tintes internacionales ha sacudido la política y la justicia en Bolivia. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España destapó que el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, presuntamente cobró más de 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria para ejercer lobby directo ante el gobierno del entonces presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.
El objetivo de esta intermediación habría sido influir en el sistema judicial boliviano para liberar a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) —empresa adquirida en su totalidad por el Grupo Gloria en 2014— de pagar una millonaria indemnización de 107 millones de dólares a su rival chuquisaqueña, la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), por un litigio de competencia desleal.
Las conversaciones intervenidas con el Grupo Gloria: “Llama a la jefa secretaria de Arce”
El medio español 20minutos.es reveló que la UDEF interceptó mensajes clave del teléfono de Gertrudis Alcázar, secretaria personal de Zapatero. Según el informe, el contrato del exmandatario español con la empresa peruana Focus Social Research (vinculada al Grupo Gloria) acordaba el pago de 200.000 euros en un año, más dietas de 10.000 euros diarios en caso de viajes y viáticos.
La misión era tratar de “mediar o influir en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia”. Para ello, Zapatero contactó con altas esferas, incluyendo a los entonces ministros de Economía y Justicia.
Los mensajes datan de 2025. El 4 de mayo de ese año, Zapatero escribió a su secretaria: “Buenos días, hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia”. Alcázar respondió inmediatamente: “Ahora escribo a la jefa secretaria de Arce”. Una hora después, la asistente confirmó el puente: “Llama a esta mujer, es de la confianza de Arce y te lo pasa. Está esperando tu llamada”, a lo que Zapatero contestó: “¡Perfecto!”.
La investigación española señala a la exembajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras, como el supuesto nexo entre la oficina de Zapatero y el Grupo Gloria. Casualmente, Almendras renunció por “razones personales” a su cargo de Secretaria Municipal de Ciudad Cultural en la Alcaldía de La Paz justo antes de que el escándalo estallara públicamente.
El polémico fallo constitucional a favor de Soboce, de Grupo Gloria que supeustamente apalcó Arce
Las supuestas gestiones de Zapatero coinciden de manera asombrosa con los tiempos judiciales en Bolivia. El 31 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda de La Paz emitió un cuestionado fallo que anuló la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), liberando a Soboce de pagar los $us 107 millones a Fancesa.
El abono de los 200.000 euros al expresidente español, según la UDEF, “se completó al mes siguiente de finalizar exitosamente la operación”. Actualmente, el polémico fallo de primera instancia se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Luis Arce se defiende desde la cárcel
Frente a la gravedad de las acusaciones, el expresidente Luis Arce —actualmente recluido en el penal de San Pedro por otros procesos— emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente cualquier vinculación con el Grupo Gloria o Soboce.
“No me he escapado, no tengo nada que ocultar, respeto la independencia de los Órganos del Estado y no estoy involucrado en ningún tráfico de influencias”, afirmó Arce, asegurando que su relación con Zapatero fue estrictamente política y enfocada en los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna del MAS-IPSP.
Para respaldar su defensa, Arce recordó que en su gestión, la propia Procuraduría General del Estado impugnó y rechazó el fallo del Tribunal Departamental de Justicia a favor de Soboce, calificándolo de “extralimitado”. “Si mi gobierno hubiese tenido algo que ver con esa resolución, la Procuraduría no habría combatido ese fallo”, argumentó.
Reacciones, investigaciones y el silencio en Fancesa
El escándalo ha provocado indignación nacional, especialmente en Chuquisaca. Mientras las autoridades de Fancesa han mantenido un absoluto hermetismo sobre el caso, la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca emitió un comunicado exigiendo una “investigación exhaustiva, imparcial y pronta”.
A nivel nacional, la Cámara de Diputados aprobó una minuta solicitando al Ministerio Público, a la Cancillería y a la Procuraduría que coordinen acciones para acceder a la información oficial de la justicia española. Por su parte, la bancada de Alianza Libre anunció la conformación de una comisión investigadora.
Las consecuencias también alcanzan al Órgano Judicial. El Consejo de la Magistratura, a través de su decano Manuel Baptista, anunció el inicio de una investigación preliminar de oficio contra los dos vocales constitucionales que fallaron a favor del Grupo Gloria, con el objetivo de determinar si existieron dádivas o presión política externa, y si corresponde iniciar procesos disciplinarios.
El Grupo Gloria, que domina no solo el sector cementero con Soboce (adquirida entre 2011 y 2014) sino también el rubro alimenticio a través de PIL Andina S.A. desde 1996, se encuentra ahora en el centro de uno de los mayores escándalos de injerencia judicial transnacional en la historia reciente de Bolivia.
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