En una reciente entrevista con la Red DTV, el vicepresidente Edmand Lara destapó un intento de chantaje político por parte del entorno del presidente Rodrigo Paz. Según relató la autoridad, un abogado cercano al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se le acercó para ofrecerle la restitución de su presupuesto y espacios de poder a cambio de una condición clara: dejar de denunciar y atacar la gestión presidencial.
La oferta del sauna y el temor al 6 de agosto
Lo que llamó poderosamente la atención fue el método y el lugar propuesto para el supuesto pacto de silencio. De acuerdo con el testimonio de Lara, el emisario gubernamental le transmitió que el presidente Rodrigo Paz quería reunirse con él en un sauna.
“Me ha dicho que el presidente quiere reunirse conmigo en un sauna, no sé a qué le tendrá miedo. Me imagino que quiere verlo sin polera, para ver si no lleva grabadoras o micrófonos”, ironizó el Vicepresidente, sugiriendo que la cita en un espacio sin cámaras ni celulares buscaba blindar la negociación. Sin embargo, Lara rechazó tajantemente la propuesta: “Si Rodrigo Paz quiere hablar conmigo de frente, y si es posible públicamente, aquí no hay nada que ocultar. No nos vamos a dejar chantajear por presupuestos o por espacios de poder”.
Según Lara, el trasfondo de esta desesperada jugada desde el Ministerio de la Presidencia es el temor del mandatario ante el discurso que el Vicepresidente emitirá este próximo 6 de agosto en Sucre, donde se prevé que exponga más irregularidades de la administración actual.
Una escalada de denuncias contra la corrupción
La negativa de Lara a ceder al chantaje se sustenta en una larga lista de fiscalizaciones que ha venido realizando contra el entorno de confianza de Rodrigo Paz y los privilegios en empresas estatales como Boliviana de Aviación (BoA).
El Vicepresidente ha sido el principal impulsor de las investigaciones sobre el uso indebido de influencias en la aerolínea estatal. Recientemente, Lara destapó el caso de Tatiana Soto de la Vía, actual Jefa Nacional de Aeropuertos de BoA, quien viajó en primera clase de Cochabamba a Miami pagando la insólita suma de 1.588 bolivianos. Este modus operandi repite el escándalo protagonizado por el exgerente Eduardo Valdivia, quien abandonó sus funciones para irse al Mundial de Fútbol en EEUU pagando solo Bs 933 por su retorno, motivo por el cual fue destituido e imputado por la Fiscalía.
A este caso se suma el cuestionamiento sobre la concentración de poder familiar: Tatiana Soto es hermana de Alberto Soto de la Vía, actual presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, lo que pone bajo sospecha el control absoluto de fronteras y aeropuertos en manos de un solo clan.
Un Gobierno acorralado por sus propias contradicciones
Las revelaciones de Edmand Lara confirman que la administración de Rodrigo Paz atraviesa una crisis ética insostenible. Mientras el Ejecutivo intenta apagar los incendios políticos mediante ofrecimientos tras bambalinas y reuniones en saunas, las denuncias de corrupción, nepotismo y despilfarro de recursos públicos en BoA y otras instituciones continúan acumulándose.
Lara ha reafirmado que mantendrá su línea de fiscalización, advirtiendo que continuará respaldando al Presidente solo en la medida en que actúe enmarcado en la ley y beneficie al país, pero advirtió: “Si siguen con actos de corrupción, vamos a seguir denunciando, no nos van a callar”.
La ofensiva del Vicepresidente contra la corrupción institucional no se limita al ámbito político y administrativo, sino que ha escalado directamente a la cúpula policial. Paralelamente a sus denuncias sobre los privilegios en BoA, Lara se presentó ante el Ministerio Público para sustentar una denuncia formal contra el comandante general de la Policía, Gral. Mirko Sokol, dentro del caso de los presuntos audios. La investigación, que ya cuenta con siete delitos admitidos por la Fiscalía, se intensificó tras la filtración de una grabación en la que el propio Sokol denunció una presunta recaudación de 2 millones de dólares por parte de un grupo de oficiales conocidos como “los Golden” para pagar su remoción del cargo, un hecho que el Vicepresidente calificó como “un golpe directo a la dignidad de la Policía” que exige identificar a todos los implicados.
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