La COB le coloca los puntos y comas a Rodrigo Paz. Tras más de un mes y medio de asfixia en las carreteras y colapso económico, el conflicto social en Bolivia parece entrar en una fase de inflexión. En el día 48 de las medidas de presión, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó una drástica caída en la conflictividad: de los más de 100 cortes viales registrados semanas atrás, el país amaneció este miércoles con 45 puntos de bloqueo activos, concentrados mayoritariamente en La Paz (19) y Cochabamba (15).
A la par de esta desescalada en las vías, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) entregó oficialmente en la Casa Grande del Pueblo un pliego petitorio de ocho puntos dirigido al presidente Rodrigo Paz. El documento representa un giro clave en el conflicto: si bien lanza una conminatoria de respuesta «inmediata», omite explícitamente la exigencia de renuncia del mandatario, demanda que fue el motor principal del cerco campesino y sindical durante el último mes y medio.
Las 8 exigencias de la COB para pacificar el país
El máximo ejecutivo de la COB, Mario Argollo, advirtió que si el Ejecutivo no muestra «intención política de solucionar este problema», las protestas se masificarán. Sin embargo, en un tono más conciliador, evocó al fallecido dirigente Orlando Gutiérrez para señalar que «un dirigente, así como llama a la movilización, también tiene que saber llamar a la pacificación». Argollo se desmarcó de las acusaciones de cercanía con Evo Morales, afirmando que las protestas «se ensuciaron» y que no hay intención de «favorecer a ningún viejo político».
El pliego entregado a la Presidencia exige garantías inmediatas y verificables en los siguientes ocho ejes temáticos:
- Derechos Humanos y pacificación: Cese de la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes. Liberación de detenidos y rechazo a las leyes de «excepción» o normas que busquen criminalizar la protesta social.
- Transparencia e investigación: La exigencia más llamativa es la destitución inmediata del asesor argentino Fernando Cerimedo de cualquier función gubernamental, junto a una investigación sobre su influencia. Además, exigen una comisión legislativa para investigar los casos de narcotráfico denominados «narcomaderas» y «narcomaletas».
- Freno a las privatizaciones: El Gobierno debe garantizar que no habrá transferencias, capitalizaciones ni concesiones encubiertas de empresas públicas a privados.
- Política de hidrocarburos: Congelamiento de precios de los combustibles y resarcimiento a los afectados por gasolina adulterada o desestabilizada.
- Rechazo al FMI: Prohibición de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y exigencia de un esquema de distribución de recursos 50/50 entre el nivel central y las regiones.
- Protección al salario y canasta familiar: Medidas urgentes para contener la especulación de precios y la creación de un fondo que garantice el 100% de jubilación para los trabajadores.
- Consulta previa obligatoria: Ninguna ley, decreto o medida macroeconómica podrá aprobarse sin consulta previa a la COB, juntas vecinales y pueblos indígenas.
- Protección ambiental: Prohibición de actividades extractivas en parques nacionales y áreas protegidas.
La otra cara del conflicto: Sucre, hoteles vacíos y quiebra turística
Mientras la política intenta destrabar la crisis en La Paz, el impacto económico en las regiones ya es devastador. El sector turístico y de servicios es uno de los mayores damnificados de los casi 50 días de aislamiento.
En Sucre (Chuquisaca), el silencio reina en los pasillos de los hospedajes. Patricia Albis, administradora del Capital Plaza Hotel, relata la cruda realidad: «Nadie transita por las habitaciones. Abril fue el mes de las suspensiones, junio llegó sin señales de recuperación y ya están anulando reservas de diciembre».
La crisis es terminal. Según Teresa Molina, presidenta de la Cámara Hotelera de Chuquisaca, los ingresos «están prácticamente en cero». Ante las pérdidas acumuladas, cinco hoteles iniciaron trámites de suspensión de actividades y muchas empresas enviaron a su personal a vacaciones forzadas colectivas.
Las cifras de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca exponen el desastre: las pérdidas en la región superan los 4,4 millones de dólares diarios, poniendo en riesgo inminente a unos 5.000 empleos directos vinculados al turismo y la gastronomía.
Con los bloqueos descendiendo a 45 puntos y un pliego petitorio en la mesa, el país aguarda la respuesta oficial del Gobierno de Rodrigo Paz. El desafío del Ejecutivo no será solo pacificar las carreteras, sino reactivar a un aparato productivo y comercial que, tras 48 días de parálisis, se encuentra al borde de la asfixia total.
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