Combustible y millonarias deudas. El fin de los más de 50 días de bloqueos de carreteras —sofocados bajo la declaratoria de Estado de Excepción y militarización del gobierno de Rodrigo Paz— no trajo consigo el alivio esperado para la población. Aunque las vías interdepartamentales se encuentran despejadas, Bolivia amaneció paralizada por un colapso energético crónico: las filas kilométricas por gasolina y diésel no desaparecen en las principales ciudades del país.
La promesa gubernamental de que el despliegue de las Fuerzas Armadas garantizaría el abastecimiento inmediato chocó de frente con la cruda realidad económica. Transportistas y ciudadanos llevan hasta dos semanas durmiendo en sus vehículos, evidenciando que el problema de fondo no era solo las barricadas en las carreteras, sino una insolvencia estructural para pagar la importación de hidrocarburos.
Filas, desesperación y bloqueos urbanos
A pesar de las promesas oficiales de regularización, el panorama en las calles es crítico. En La Paz y El Alto, la desesperación empujó a los choferes del transporte público y pesado a instalar bloqueos urbanos en zonas como Obrajes y la Avenida 6 de Marzo, exigiendo respuestas tras una semana de vigilia en los surtidores.
En Cochabamba y Oruro, las filas interminables han provocado el colapso del transporte pesado, cuyos conductores denuncian que “sin diésel no podemos trabajar” y advierten sobre inminentes quiebras. La crisis se extiende hasta el sur, en Villazón y Tupiza, donde también se registran bloqueos por la escasez de gasolina y el racionamiento extremo de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
La excusa de la calidad y la cruda realidad de la deuda falta combustible y sobran millonarias deudas
El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, intentaron apaciguar el malestar argumentando que la demora en el despacho responde a “controles de calidad”. Blanco, en una inspección a la planta de Senkata, aseguró que “no saldrá ni una gota de gasolina contaminada”, culpando casi exclusivamente a los bloqueos carreteros.
Sin embargo, las propias autoridades terminaron revelando la verdadera raíz del desabastecimiento. En una entrevista con el periodista Jhon Arandia, el ministro Blanco confesó que el Gobierno está recurriendo a la importación de combustible a crédito, y que el Estado boliviano mantiene deudas pendientes por más de 500 millones de dólares con gigantes proveedores internacionales como Vitol y Trafigura.
Este colapso financiero fue expuesto con mayor detalle por el economista Gonzalo Colque, quien reveló una caída abismal en los pagos estatales. Según datos de Colque, entre enero y abril de 2025, el gobierno anterior cubrió el 99% del costo de los combustibles con divisas reales ($900,5 millones). Por el contrario, en el mismo periodo de 2026, bajo la gestión de Paz, Bolivia importó combustibles por $814,4 millones, pero solo destinó $68,8 millones en divisas para pagarlo. Es decir, una cobertura de apenas el 8%.
“¿Cómo se financió la diferencia? ¿Hay combustible al fiado? (…) No basta decir que es a causa de bloqueos o que los nuevos controles de calidad retrasan la descarga. Excusas baratas”, cuestionó Colque, sugiriendo que el Gobierno podría estar comprometiendo o usando las reservas de oro del Banco Central como garantía ante su insolvencia de dólares.
El respaldo geopolítico de Estados Unidos
En medio del colapso interno, la crisis boliviana resonó en el tablero internacional. Durante la Asamblea de la OEA en Panamá, el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Oficina para el Hemisferio Occidental, lideró una reunión de aliados para emitir un contundente respaldo a Rodrigo Paz.
A través de una declaración conjunta firmada por EEUU, Argentina, Canadá, Chile, Perú y otros once países, condenaron los bloqueos (ya levantados) calificándolos como intentos de una “minoría violenta para debilitar y derrocar al gobierno legítimamente elegido”, advirtiendo que estas acciones amenazan el orden constitucional y la seguridad hemisférica.
Este apoyo diplomático orquestado por Washington llega en un momento de altísima tensión, donde el Gobierno de Paz, amparado por el Estado de Excepción, busca sofocar cualquier nuevo brote de descontento civil. No obstante, el blindaje político internacional contrasta dramáticamente con el abandono que sufren los ciudadanos en las calles: varados en largas filas nocturnas, en un país que, bajo la asfixia de la deuda y la escasez de dólares, ya no tiene con qué pagar el combustible que necesita para avanzar.
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