Bajo el pretexto de ayudar a «100 mil hombres y mujeres que apostaron por Bolivia», el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N° 1733 de condonación y regularización tributaria. Sin embargo, un análisis profundo del texto legal, contrastado con la Constitución y datos financieros, revela que la norma tiene otros intereses. Los verdaderos beneficiarios no son los pequeños comerciantes, sino grandes evasores, élites del agronegocio, contrabandistas y el sector financiero.
El discurso presidencial fue emotivo: el «Perdonazo» salvaría al pequeño emprendedor que vio cómo una deuda de 10 mil bolivianos se inflaba hasta los 130 mil por culpa de las multas. Sin embargo, la lectura minuciosa de la Ley 1733 desnuda una intencionalidad muy distinta. La norma ha sido diseñada con «letra chica» que asesta un golpe letal a las arcas del Estado, vulnerando el principio de Igualdad y Equidad Tributaria (Art. 323.I de la CPE).
Al diseccionar la ley, surgen los verdaderos ganadores de este paquete legislativo:
1. El agronegocio: Ganancias en dólares, perdones en bolivianos devaluados
La Ley establece (Art. 2) que se condonan deudas anteriores a 2018 para quienes tengan un tributo omitido menor a 10 millones de bolivianos. Para el ciudadano común, esta cifra es inalcanzable, pero para las corporaciones es un regalo hecho a medida. Un tributo omitido de 10 millones implica que la empresa movió y facturó cientos de millones.
Aquí entran en juego las finanzas grises del agronegocio en el oriente boliviano. Según investigaciones de Stanislaw Czaplicki y datos de OXFAM, el agronegocio aporta menos del 1% del valor de sus ventas al Estado. Muchas de estas empresas encajan perfectamente en el límite del «perdonazo» de los 10 millones de bolivianos.
Según los balances de 2023 (calculados al tipo de cambio oficial de Bs 6,97 por dólar), corporaciones gigantes pagaron impuestos irrisorios que las harían elegibles para este perdón si tuvieran deudas acumuladas:
- Prolega: Pagó apenas $us 1,2 millones (Bs 8,36 millones).
- Industrias Oleaginosas (IOL): Pagó $us 1 millón (Bs 6,97 millones).
- Frigor y San Aurelio: Reportaron pérdidas y pagaron cero bolivianos.
La doble moral cambiaria: El Estado les cobra y les perdona deudas calculadas a un tipo de cambio oficial e irreal (Bs 6,96), mientras estas corporaciones exportan y amasan fortunas en dólares reales que en el mercado paralelo superan los Bs 10,30. El Estado pierde por partida doble.
2. El misterioso «bypass» del año 2020: Un cheque en blanco
El párrafo más escandaloso del Artículo 2 de la nueva ley señala: «También se condonan las deudas tributarias y multas por delitos y contravenciones correspondientes a la gestión 2020 (…) independientemente del monto del tributo omitido«.
¿Por qué el año 2020 no tiene límite de monto? Durante ese año, marcado por la pandemia y la crisis política tras la caída de Evo Morales, grandes corporaciones y actores políticos afines al gobierno de transición generaron deudas millonarias. Esta cláusula es una ley «con nombre y apellido» que legaliza la evasión de las élites durante uno de los años más caóticos de la historia reciente de Bolivia, sin importar si la deuda es de 10 o de 100 millones.
3. Premio a los contrabandistas y regalo a los bancos
Si el alivio era para «artesanos y transportistas», la ley esconde dos regalos injustificables en sus disposiciones:
- Amnistía al contrabando: El Art. 3, Parágrafo V, establece textualmente: «Las multas por contrabando contravencional cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025 quedan condonadas». En un país donde el contrabando destruye la industria nacional y fuga divisas, el gobierno de Rodrigo Paz ha decidido premiar a los contrabandistas borrando sus multas.
- Beneficio bancario: La Disposición Adicional Segunda modifica la Ley 843 para excluir los «gastos financieros» y las cuotas de «arrendamiento financiero (leasing)» del pago del IVA. Esto abarata directamente las operaciones de la banca y las financieras, un sector que históricamente reporta ganancias multimillonarias.
El banco allá quiere dólares a 6,96 y te los vende a 10,30, con esta nueva ley les da libertad de esta transacción y pagar aún menos.
4. El golpe de gracia: El Estado renuncia a fiscalizar
Quizás el daño más profundo y permanente de la Ley 1733 está en su Disposición Adicional Primera, que modifica el Código Tributario para reducir el tiempo de prescripción de las facultades de Impuestos Nacionales de 8 a solo 4 años.
Dado que el aparato burocrático del SIN es lento, reducir el tiempo para investigar y cobrar impuestos a 4 años garantiza la impunidad corporativa. Los grandes evasores, que cuentan con ejércitos de abogados y contadores, solo tendrán que «patear» sus procesos administrativos durante 48 meses para que sus deudas millonarias prescriban y desaparezcan legalmente.
Desfinanciando los derechos humanos
A la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Estado tiene la obligación de maximizar sus recursos para garantizar salud y educación. Al promulgar la Ley 1733, el gobierno de Rodrigo Paz se está desfinanciando intencionalmente.
Cada millón perdonado a las élites soyeras, a los bancos y a los contrabandistas es un millón menos para hospitales sin insumos y escuelas sin infraestructura. El «Perdonazo» de Rodrigo Paz no es un acto de justicia social para el gremial o el cuentapropista; es un salvavidas diseñado por y para los poderes fácticos, consolidando en Bolivia la cultura de que ser un gran evasor fiscal siempre tiene recompensa.
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