Bolivia vuelve a caminar sobre el filo de la navaja, bloqueos vs Comité Cívico. Con una economía asfixiada por la escasez de dólares y combustibles, el país se encuentra atrapado entre dos frentes que amenazan con desbordar la institucionalidad: los bloqueos que aíslan al occidente del país y el ultimátum de comité cívico cruceño que advierte con desbloquear las rutas «por mano propia». Mientras el gobierno de Rodrigo Paz se tambalea a seis meses de su investidura, surge el debate fundamental: a la luz de la Constitución y la historia, ¿quién actúa al margen de la ley? ¿El sector movilizado que estrangula a las ciudades o la ciudadanía que amenaza con usurpar la fuerza pública?
Para entender este polvorín, es necesario mirar más allá del caos inmediato y sumergirse en la compleja relación de Bolivia con la protesta social.
El peso de la historia: el bloqueo como lenguaje de los oprimidos
La narrativa del Comité Cívico cruceño y de sectores urbanos califica a los bloqueadores como «delincuentes». Sin embargo, en la historia de Bolivia, el bloqueo no es un invento reciente ni un simple capricho sindical; ha sido, históricamente, la herramienta de última instancia de los sectores populares y oprimidos para hacerse escuchar frente a un Estado sordo.
El filósofo y analista Rafael Bautista lo resume así: «Nuestro derecho a existir nació bloqueando al poder imperial. El ‘cerco a La Paz’ instaló la autodeterminación de nuestro pueblo. Fueron los bloqueos contra los golpes y las dictaduras los que allanaron el camino a la democracia… El pueblo emplea el bloqueo nunca como medida inicial, sino que constituye el pico de acumulación de la resistencia popular».
Los antecedentes le dan la razón a Bautista. En el año 2000, durante la Guerra del Agua, fueron los bloqueos masivos en Cochabamba los que lograron revertir la privatización transnacional del agua, a costa de una dura represión y un muerto. Tres años después, en 2003, la Guerra del Gas paralizó El Alto y La Paz, forzando la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y frenando la exportación de gas a través de Chile bajo condiciones perjudiciales para el país. Goni duró 1 año 2 meses y 11 días.
Para citar otro opuesto, el periodista de extrema derecha, Rafael Archondo suma una lectura coyuntural: la actual crisis no es solo una rabieta del «evismo». Lo que estalla ahora son los “escombros del Estado masista”: una gigantesca red prebendal, sindical y territorial que hoy se rebela contra Rodrigo Paz simplemente porque ya no existen fondos estatales para sostener ese modelo corporativo.
La Constitución contra las cuerdas: cuando la protesta se vuelve delito
Pese a su legitimidad histórica, la protesta actual ha cruzado líneas rojas. Al impedir el paso de medicamentos, oxígeno y alimentos a las ciudades, los movilizados abren un profundo debate constitucional.
En Bolivia, no existe jerarquía entre derechos fundamentales (Art. 13.III de la CPE). El derecho a la protesta tiene el mismo valor que el derecho a la libre circulación o la salud. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aplica la «ponderación de derechos». Al destruir el núcleo esencial del derecho a la vida y la salud (impidiendo el paso de insumos vitales), la protesta pierde su manto de protección y se convierte en un ilícito penal (atentado contra la salud pública).
Más grave aún es la demanda política: usar el estrangulamiento económico para exigir que un Presidente, elegido democráticamente hace seis meses, acorte su mandato a 90 días, roza los linderos de la sedición.
El ultimátum cívico: la inconstitucionalidad de la justicia por mano propia
Al otro lado del país, la multitudinaria Marcha por la Democracia en Santa Cruz marcó la cancha. Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, lanzó un ultimátum al Gobierno hasta este domingo para liberar las vías: «Caso contrario, somos miles los ciudadanos que vamos a salir a desbloquear».
Esta advertencia es tan inconstitucional como los propios bloqueos.
- El monopolio de la fuerza: El Estado boliviano tiene la exclusividad del uso de la fuerza legal. Según el Art. 251 de la CPE, es la Policía Boliviana la única facultada para conservar el orden público.
- Delito penal: Ningún civil o comité cívico tiene potestad para despejar carreteras. Hacerlo configura el delito de instigación pública a delinquir.
- Usurpación de funciones: El Art. 122 de la CPE declara nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen.
La historia reciente también es un espejo incómodo para Santa Cruz. Bautista recuerda que en 2019, la clase media y cívica protagonizó la «Revolución de las Pititas». En aquel momento, ellos también bloquearon el país entero creyendo defender la democracia frente al fraude electoral de Evo Morales. «Su ignorancia estaba legitimando un golpe», critica Bautista, en referencia a la crisis que derivó en la presidencia inconstitucional de Jeanine Áñez y las masacres de Sacaba y Senkata.
En 2019, el bloqueo urbano fue celebrado como heroísmo cívico; hoy, el bloqueo campesino es condenado como terrorismo. Una dualidad que refleja la fractura social y racial que aún divide al país.
El retorno del federalismo y el Estado de excepción
En medio de la crisis, Santa Cruz revivió su vieja demanda: sepultar el centralismo. Agustín Zambrana, vicepresidente cívico, proclamó el reinicio de la era autonómica. Sin embargo, transitar hacia el federalismo, como proponen algunas voces radicales, requiere una Asamblea Constituyente (Art. 411 CPE), no un cabildo.
La otra exigencia cívica es que el Gobierno dicte un estado de excepción sectorizado (Art. 137). Si bien es una herramienta constitucional válida frente a una «conmoción interna», requiere despliegue militar y la aprobación del Parlamento en 72 horas, una misión casi imposible en una Asamblea Legislativa fracturada.
El Estado ausente
Bolivia está atrapada entre dos frentes que caminan al margen de la ley. Por un lado, una facción sindical que asfixia a las ciudades ignorando que el derecho a la vida prima sobre la consigna política. Por el otro, un movimiento cívico desesperado que amenaza con ejercer justicia por mano propia, usurpando el rol policial.
La responsabilidad ineludible (Art. 172.1 de la CPE) recae sobre el presidente Rodrigo Paz. Es el Estado quien debe usar las herramientas de la Constitución para liberar las vías y proteger la vida, antes de que el vacío de autoridad empuje a los bolivianos a un enfrentamiento civil de incalculables consecuencias. Como advierte Bautista, «cuando al pueblo le quitan todo, le quitan hasta el miedo».
La solución
Desde el punto de vista social o moral, el enojo de la población es completamente comprensible. Sin embargo, desde el Derecho Constitucional boliviano, el incumplimiento de promesas electorales, que es el phatos de los marchistas y bloqueadores, no justifica el estrangulamiento económico del país ni legaliza el acortamiento forzoso de un mandato.
La Constitución ya tiene una salida para esto: La Revocatoria de Mandato
La Constitución Política del Estado (CPE) previó que los gobernantes podían defraudar al pueblo. Por eso, creó el Artículo 240 (Revocatoria de Mandato). Si el pueblo siente que el Presidente Rodrigo Paz no cumplió sus promesas, tiene el derecho constitucional de sacarlo del poder mediante el voto directo.
Pero hay una regla inquebrantable en el Art. 240.II: «La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato». Un periodo presidencial dura 5 años. Por lo tanto, el pueblo debe esperar a que se cumplan 2 años y medio para activar este mecanismo legal. Exigir que se vaya a los 6 meses rompe el diseño constitucional.
Por lo tanto, la única salida a esto es que los sectores movilizados hagan firmar un acuerdo público, vinculante ante las instituciones del Estado pertinentes, donde Rodrigo Paz se comprometa a realizar un revocatorio, no existan más preguntas que esa y no intenten meter otra consulta.
De todas formas, en estas épocas donde no se respeta la CPE en valor está en la fuerza social, el llamado a detener esto y la solución siempre fue nuestra COnstitución, que Rodrigo PAz no la respeta, como sus antecesores. Además, que se abra juicio de responsabilidades a todas las autoridades electas que no cumplieron la carta magna. Es hora de llevar la batalla a los que se beneficiaron del Estado.
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