La filtración de un nuevo audio entre el consultor Fernando Cerimedo y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, abrió un frente de profunda gravedad institucional y legal. El contenido del material acústico expone la estructuración logística y financiera de un operativo de aprehensión clandestino, evidenciando conductas que, de acuerdo con el análisis dogmático del Código Penal boliviano y la Constitución Política del Estado, configuran al menos seis delitos penales graves.
Expediente Integral: Caso Cerimedo, Zamora, Mariaca y Tutela de EEUU
Registro completo de implicados, filtraciones recientes de financiamiento público, presiones a la prensa, contratos de YPFB y la crisis del Ministerio Público.
| Actor / Entidad | País y Jurisdicción | Nexo Central en el Caso | Expediente |
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Radiografía de una operación al margen del Estado de Derecho
El diálogo documenta la planificación de una incursión en la región de Chimoré para capturar al expresidente Evo Morales sin contar con mandamiento judicial emitido por autoridad competente ni requerimiento fiscal, vulnerando el artículo 23 de la Constitución.
Para ejecutar el plan, los interlocutores coordinan la adquisición de equipos de alta tecnología, como drones con cámaras térmicas y dispositivos de rastreo, además del alquiler de helicópteros. El aspecto más crítico radica en el financiamiento: ante la necesidad de capital inmediato, el ministro Zamora convalida el uso de recursos fiscales al señalar que se emplearán entre siete y ocho millones de bolivianos provenientes del presupuesto general.
Lo más alarmante del diálogo radica en el financiamiento. Ante la solicitud de recursos inmediatos en efectivo y en moneda extranjera para compras en Santa Cruz, el interlocutor ministerial avala el uso de recursos fiscales:
(2:42) “Que no sea plata tuya, que sea plata del recurso general. Mirá que vamos a necesitar como 7 u 8 millones de bolivianos en estos 15 días”, a lo que la autoridad gubernamental responde: (2:51) “Sí, ya, yo ya sé de dónde”.
A partir de los elementos expuestos en el audio filtrado entre Cerimedo y el ministro Zamora, el análisis jurídico establece la comisión flagrante de los siguientes ilícitos:
1. Malversación de Fondos Públicos (Art. 144 del Código Penal)
La disposición abierta de recursos económicos del Estado para financiar compras informales, logística encubierta, alquiler de aeronaves y pagos a fuentes de inteligencia al margen del Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP) configura malversación flagrante y daño económico al patrimonio estatal.
2. Organizaciones Criminales (Art. 132 bis del Código Penal)
La estructuración de una red permanente y coordinada con distribución de roles definidos,provisión de dinero en efectivo, logística militar, infiltración territorial y ejecución operativa paralela a las instituciones formales, encaja plenamente en la tipificación de asociación delictiva organizada.
3. Usurpación de Funciones (Art. 163 del Código Penal)
El consultor Fernando Cerimedo manifiesta de forma explícita que asumirá la dirección física de las acciones de fuerza: (3:51) “Básicamente voy a dirigir la operación… Todo lo que sea por fuera [de la norma] lo voy a hacer yo”. Asumir competencias operativas de persecución sin poseer investidura ni nombramiento oficial como funcionario policial o militar constituye usurpación directa de funciones.
4. Privación Indebida de Libertad / Secuestro (Arts. 292 y 334 del Código Penal)
Planificar una operación destinada a la captura y traslado de un actor político por fuera de los canales procesales establecidos por el Código de Procedimiento Penal transforma cualquier retención material en un delito de secuestro o privación ilegítima de libertad agravada.
5. Atentado contra la Soberanía y Operación Armada No Autorizada (Art. 109 del CP y Art. 158 de la CPE)
La revelación sobre la incursión de personal extranjero en territorio nacional, mencionado textualmente como “fuimos con una fuerza afuera, con los gringos y no hablan español ninguno”, evidencia el despliegue de agentes foráneos sin la autorización constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vulnerando la seguridad nacional.
6. Uso Indebido de Influencias (Art. 146) y Resoluciones Contrarias a la Ley (Art. 153)
El compromiso de una autoridad de Estado de proveer cobertura financiera oculta y coordinar comisiones de servicio espurias infringe el principio de legalidad administrativa y desvía las atribuciones ministeriales hacia fines delictivos particulares.
De confirmarse la autenticidad técnica del registro mediante peritajes acústicos forenses, el Ministerio Público se encuentra ante la obligación procesal de abrir una investigación de oficio para procesar a los responsables de esta estructura paralela.
El audio filtrado entre Cerimedo y el ministro, Mauricio Zamora, demuestra que el Estado actúa fuera de la ley.
