El viraje de Rodrigo Paz con el FMI se consumó formalmente con la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del proyecto de ley que autoriza un empréstito por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos 1.900 millones de dólares. La iniciativa gubernamental, orientada a financiar un programa de reformas económicas durante 36 meses bajo la Facilidad de Servicio Ampliado (SAF), marca una ruptura directa con el discurso electoral de 2025 y corona una secuencia de tratativas reservadas que el propio gabinete ministerial negó durante meses antes de admitir la urgencia de divisas.
La promesa electoral de 2025 frente a la conformación del gabinete
Durante la campaña previa a las elecciones generales de 2025, el entonces candidato mantuvo una postura categórica de rechazo al financiamiento del organismo internacional. En declaraciones públicas, el postulante afirmó textualmente: «Yo no voy a ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 12 mil millones de dólares que después llegarán al país y a los primeros que les voy a entregar es a un grupo llamado ahorristas… 1.500 millones para los poderosos y sólo 500 para los verdaderos medianos y pequeños ahorristas».
En esa misma etapa, el dirigente cuestionó con dureza a figuras técnicas que posteriormente integraron su núcleo de confianza. Entre ellas figuraba José Luis Lupo, a quien criticaba públicamente calificándolo de «experto en endeudarse y pedir créditos», garantizando a los electores que bajo su administración no se transitaría por esa vía. Sin embargo, al asumir la conducción del Estado, Lupo fue designado ministro de la Presidencia y se convirtió en uno de los principales interlocutores del actual esquema financiero.
Cronología de las negociaciones: filtraciones, desmentidos y confirmación
El acercamiento con la entidad multilateral se desarrolló mediante etapas marcadas por contradicciones oficiales:
- Febrero de 2026 (Filtración internacional): El portal financiero Bloomberg reveló que el Gobierno gestionaba de forma reservada un crédito de hasta $us 3.300 millones para dotar de liquidez a las arcas estatales. En respuesta inmediata, el ministro Lupo negó cualquier tratativa formal, declarando que solo existían «aproximaciones generales» con organismos multilaterales.
- Abril de 2026 (Reuniones de Primavera en Washington): El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, viajó a Estados Unidos para intervenir como Gobernador por Bolivia en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el organismo crediticio, participando como panelista del Hemisferio Occidental y sosteniendo reuniones bilaterales con altas autoridades del fondo.
- Mayo de 2026 (Reconocimiento del acuerdo): En declaraciones a medios de comunicación, Lupo admitió que el Ejecutivo negociaba un programa con financiamiento sujeto a «reformas que hagan sostenible la economía», recurriendo al término de «recursos líquidos de libre disponibilidad» para evitar la palabra crédito.
- Conversaciones desde el inicio de gestión: En esa misma línea, el viceministro del Tesoro, Christian Morales, admitió públicamente que los contactos con el organismo comenzaron en noviembre de 2025, apenas instalado el nuevo gobierno.
Analistas internacionales de firmas como Barclays señalaron que la celeridad del Ejecutivo para cerrar el pacto responde a la presión de vencimientos de deuda externa por $us 2.300 millones en 2026, combinada con la caída crítica de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos.
El proyecto de ley SAF: condiciones financieras y alerta de aprobación «a ciegas»
La formalización de este proceso se materializó con la nota enviada por el presidente al titular de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, tramitada como el proyecto de ley PL-723. El texto legal solicita autorizar la Facilidad de Servicio Ampliado con las siguientes directrices técnicas:
- Monto: DEG 1.369 millones ($us 1.900 millones).
- Plazo de repago: Hasta 10 años, con un periodo de gracia para la amortización del capital de 4 años y 6 meses.
- Tasa de interés: Estructura variable compuesta por la tasa del DEG (2,879%) más un margen de 0,6%, estableciendo una tasa básica de 3,479% más sobretasas aplicables.
- Plazo de desembolsos: Hasta 36 meses, respaldado por el Tesoro General de la Nación.
La presentación de la norma desató cuestionamientos inmediatos en el ámbito analítico. El economista Gonzalo Colque calificó la iniciativa como un «cheque en blanco», denunciando que el Órgano Ejecutivo demanda al Legislativo aprobar un programa de ajuste estructural sin transparentar las metas fiscales, monetarias, cambiarias ni las condiciones tramo a tramo acordadas con el ente externo.
Un ciclo de endeudamiento en expansión
La tramitación de estos recursos consolida una política acelerada de créditos externos asumida por la actual administración. A la operación con la entidad multilateral se añaden compromisos por $us 4.500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $us 3.100 millones con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y una emisión de bonos soberanos por $us 1.000 millones colocada en mayo de 2026 a un rendimiento del 9,45%.
Con una deuda externa global que supera los 13.700 millones de dólares, el actual escenario boliviano replica virajes políticos observados en la región —como el de la administración argentina de Javier Milei, que transitó de la condena doctrinaria al ente financiero internacional a la firma de nuevos acuerdos crediticios—, dejando atrás las consignas de campaña frente a la necesidad de divisas para el balance fiscal.
