Un proyecto de ley presentado por el diputado Néstor Rodríguez, de la bancada de Unidad, busca esterilizar a mujeres en sitaución de calle. Esto ha generado un profundo rechazo en el ámbito de los derechos humanos. La propuesta legislativa busca implementar un programa de esterilización obligatoria para mujeres en situación de calle y con problemas de drogadicción, bajo el argumento de prevenir la trata y tráfico de personas y controlar la natalidad en sectores vulnerables.
Una propuesta que desafía la Constitución
Desde una perspectiva legal y constitucional, la iniciativa es inviable en un Estado de Derecho. La Constitución Política del Estado (CPE) establece en su Artículo 22 que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. La esterilización forzosa, al ser una intervención quirúrgica invasiva e irreversible impuesta por el poder público, contraviene directamente el derecho a la integridad física (Art. 15 CPE) y el derecho a decidir sobre la propia salud reproductiva (Art. 66 CPE).
El Estado boliviano no tiene la potestad de arrebatar la autonomía corporal de sus ciudadanos. La propuesta de Rodríguez incurre en una discriminación sistémica por condición socioeconómica, castigando la pobreza y la adicción mediante la privación de derechos reproductivos, lo cual contradice el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el Artículo 14 de la Carta Magna.
El rechazo de la Defensoría del Pueblo
Ante la gravedad de los anuncios, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento oficial expresando su “más profundo rechazo y preocupación”. La institución recordó que la esterilización forzada es una práctica condenada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), citando casos emblemáticos como I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú.
La Defensoría enfatizó que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer y no pueden ser objeto de coerción bajo ninguna circunstancia. Asimismo, instó a la Asamblea Legislativa a descartar cualquier iniciativa que implique prácticas de esterilización forzada, exhortando a los distintos niveles del Estado a priorizar políticas públicas de prevención, rehabilitación y protección integral, abordando las causas estructurales de la vulnerabilidad en lugar de atacar a las víctimas.
Un retroceso civilizatorio
El análisis de la propuesta revela un enfoque eugenésico que busca controlar problemas sociales complejos —como la indigencia y la drogadicción— mediante la mutilación reproductiva. Esta visión simplista ignora que las personas en situación de calle son sujetos de protección especial y que el Estado tiene el deber de ofrecer salud, vivienda y reinserción, no de ejercer violencia institucional sobre sus cuerpos.
La propuesta no solo es inconstitucional, sino que, de ser aplicada, expondría al Estado boliviano a demandas internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la esterilización forzada es tipificada como una grave violación a los derechos humanos.
El camino hacia la protección integral
En lugar de medidas coercitivas, el bloque de constitucionalidad y convencionalidad exige que el Estado boliviano cumpla con sus obligaciones internacionales bajo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño. La solución a la trata y tráfico de personas y a la vulnerabilidad de las mujeres en situación de calle no reside en el control de la natalidad, sino en la implementación de políticas sociales efectivas que garanticen una vida libre de violencia y el acceso real a derechos fundamentales.
La propuesta del diputado Rodríguez, al intentar convertir al Estado en un agresor de sus ciudadanos más desamparados, representa un retroceso en la defensa de la dignidad humana y un desafío directo a los principios democráticos que rigen el país.
El fantasma de la eugenesia y el pasado nazi
La propuesta de Rodríguez no es un hecho aislado en la historia, sino que resuena con las prácticas más crueles del siglo XX. La esterilización forzada fue una herramienta central de la eugenesia, una pseudociencia que sostenía que la sociedad podía “mejorarse” mediante la cría selectiva. Entre 1933 y 1945, el régimen nazi alemán promulgó la “Ley para la prevención de crías con enfermedades hereditarias”, que exigía la esterilización forzada de personas consideradas “biológicamente defectuosas” o “socialmente desviadas”.
Bajo este régimen, cerca de 400.000 personas fueron esterilizadas a la fuerza, incluyendo a personas con discapacidad, romaníes, alemanes negros y aquellos etiquetados como “asociales”. Médicos de las SS llegaron a realizar experimentos inhumanos en campos de concentración como Auschwitz y Ravensbrück. Hoy, el derecho internacional tipifica estas acciones como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
Un historial de abusos globales
La historia reciente muestra que esta práctica ha sido utilizada por diversos Estados para controlar poblaciones consideradas “inferiores” o “inadecuadas”:
- Perú (1996-2000): Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se esterilizó a unas 270.000 mujeres, principalmente campesinas e indígenas quechuas y aymaras.
- América del Norte: Estados Unidos y Canadá implementaron programas de eugenesia que afectaron a miles de mujeres, especialmente de comunidades indígenas.
- Europa: Suecia aplicó leyes eugenésicas hasta 1996, esterilizando a 230.000 personas. Actualmente, el Foro Europeo de la Discapacidad denuncia que al menos 12 países de la UE aún contemplan estas prácticas.
- Groenlandia y Japón: Programas estatales de control demográfico forzado afectaron a miles de mujeres inuit y personas con discapacidad, respectivamente.
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