Una nueva Ley de Carburantes analizada por La Pluma y Espada es advertida como inconstitucional y una trampa para privatizar el negocio de los combustibles en Bolivia. El proyecto de ley PL-324/25, presentado por el diputado Miguel Antonio Roca S., busca romper el privatizar la importación y comercialización de gasolina y diésel, abriendo la puerta a la participación «plena e irrestricta» del sector privado. Sin embargo, detrás de la promesa de solucionar la crisis de abastecimiento, la norma esconde un mecanismo que, según nuestros análisis jurídico, vulnera la Constitución, beneficia a una pequeña élite económica con «dólares VIP», desfinancia al Estado y facilita las operaciones del narcotráfico y la minería ilegal.
Como medio ya publicamos esta nota, pero sufirmos un ataque del gobierno de Rodrigo Paz, asi que volvemos a subir para neustros lectores.
La Trampa Constitucional: De «Hidrocarburos» a «Carburantes»
La Constitución Política del Estado es clara al reservar para el Estado la gestión de los recursos naturales estratégicos, como los hidrocarburos. Para evadir este mandato, el proyecto de ley crea una distinción artificial entre «hidrocarburos» (recursos en estado bruto) y «carburantes» (productos refinados).
Este simple cambio de palabra es la clave para desmantelar el rol de YPFB y entregar el negocio a manos privadas. Al argumentar que los carburantes importados no son hidrocarburos en su estado natural, el proyecto busca un resquicio legal para privatizar una cadena logística que, por mandato constitucional, debería estar bajo control estatal. Es una jugada que bordea la inconstitucionalidad para legalizar un modelo de negocio privado.
Los Peligros de una Ley a Medida de las Élites
Aunque el proyecto se presenta como una solución para las largas filas y la escasez de divisas, su contenido revela que los principales beneficiarios no serán los ciudadanos, sino un reducido grupo de grandes empresarios. Porque el costo lo asumirá el pueblo y todos los beneficios los privados.
«Dólares VIP» para Importadores, Mercado Negro para el Resto
El Artículo 8 del proyecto de ley obliga al Banco Central de Bolivia (BCB) a crear «subastas de divisas condicionadas a la entrega de combustible». Esto significa que los escasos dólares de las Reservas Internacionales serán entregados con absoluta prioridad a los importadores privados.
Mientras el pequeño empresario, el importador de medicinas o el ciudadano común deben recurrir al mercado negro para conseguir dólares a precios exorbitantes, los grandes importadores de combustible tendrán una vía VIP para acceder a los dólares del BCB, en lo que se considera una privatización de facto del acceso a las reservas.
Vía Libre al Crimen Organizado
E Artículo 7, que busca excluir a la gasolina y al diésel de la lista de sustancias controladas de la Ley 913. Esta medida es un regalo para el crimen organizado.
Al eliminar la fiscalización de la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), el narcotráfico y la minería ilegal del oro podrán comprar cisternas enteras de combustible a estos nuevos importadores privados sin ningún tipo de control sobre su destino final. Para los cárteles, que mueven millones, el precio no es un problema; lo que necesitan es volumen sin fiscalización, y esta ley se los otorga.
Un Estado Desfinanciado y un Negocio Redondo para los Privados
El proyecto de ley también propone una exención total de impuestos (IVA, ICE y aranceles) por un año para los importadores privados (Art. 4). El engaño es evidente:
- El importador gana: Su costo baja drásticamente al no pagar impuestos.
- El ciudadano pierde: Seguirá pagando el combustible a precios elevados, ya que el privado lo venderá al precio de referencia estatal. La exención fiscal se convertirá en el margen de ganancia neta del empresario.
- El Estado se desfinancia: Al dejar de recaudar cientos de millones por estos impuestos, habrá menos recursos para la coparticipación, lo que se traduce en menos presupuesto para salud, educación y bonos sociales.
En resumen, la propuesta del diputado Roca, aunque se presenta como una modernización necesaria, es en realidad un proyecto de ley que desmantela el rol del Estado, crea privilegios para una élite importadora y abre peligrosas puertas a la ilegalidad, todo bajo la justificación de una crisis que el propio modelo neoliberal podría agravar.
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