La desaparición de 4 millones de la casa de Marset durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo salpica a las máximas autoridades del área de seguridad del Estado. De acuerdo con una investigación del periodista Carlos Quisbert para la red Erbol, grabaciones de cámaras de seguridad vecinales y declaraciones de uniformados vinculados a las pesquisas fiscales señalan que efectivos policiales sustrajeron al menos cuatro millones de dólares en efectivo y relojes de alta gama grabados con el alias Rey del Sur, objetos de valor probatorio que jamás llegaron a manos de los representantes de la DEA cuando el procesado fue extraditado a EEUU.
Mapa de Actores: Ministros, Mandos Policiales y Fondos Desaparecidos
Registro integral de autoridades de gobierno, jefes de inteligencia procesados, mandos policiales y operadores judiciales vinculados a la sustracción de cuatro millones de dólares y relojes de lujo.
| Actor / Autoridad | Cargo Institucional | Nexo en la Investigación y los 4 Millones | Ficha |
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Cámaras de seguridad, maletas y el ingreso de cuatro mujeres
El material audiovisual que sustenta las indagaciones fue captado por una cámara de seguridad instalada en un inmueble aledaño a la vivienda donde cayó Sebastián Marset la madrugada del 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. La secuencia cronológica muestra que a las 02:56 los uniformados realizaron maniobras para pintar con aerosol los lentes de las cámaras de los vecinos colindantes.
A las 03:11, tras escucharse instrucciones sobre la ubicación de equipajes, una camioneta blanca abandonó el recinto trasladando a Marset desprovisto de vestimenta rumbo al aeropuerto de Viru Viru. Minutos más tarde, a las 03:31, los motorizados de escolta retornaron al inmueble y comenzó la fase más cuestionada de la intervención.
Entre las 04:36 y las 04:45, los registros visuales exponen el carguío de varias maletas hacia los vehículos policiales, además de la escolta de dos mujeres hacia el interior del predio. Posteriormente, a las 05:17, ambas salieron acompañadas por una tercera persona, mientras que a las 05:54 una cuarta mujer ingresó al domicilio desierto y se retiró a las 06:03 empujando una valija adicional cruzando la acera. Esta dinámica de retiro de bienes ya había sido expuesta públicamente en reportes del periodista Junior Arias de la red DTV en las jornadas posteriores a la extradición del narcotraficante.
Altos mandos policiales y ministros bajo sospecha de desvío
Las fuentes policiales consultadas por Erbol apuntan la responsabilidad del operativo sobre tres exjefes de inteligencia que actualmente enfrentan procesos en la justicia cruceña: el coronel Oscar Moreno y los tenientes coroneles Juan Ferrufino y Erick Correa. Sin embargo, las revelaciones escalan hacia el ámbito político al vincular al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien en la fecha del operativo ejercía funciones como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.
Un exjefe del Comando General de la Policía Boliviana, bajo reserva de identidad, confirmó a Erbol que el procedimiento se coordinó de manera reservada entre los mandos de inteligencia y el despacho del ministro de Gobierno, excluyendo de los detalles operacionales al entonces comandante general de la institución, Mirko Sokol. De acuerdo con este testimonio institucional, existen al menos cinco solicitudes escritas de informes cursadas a Moreno que solo fueron respondidas con reportes genéricos y carentes de precisión técnica.
Por su parte, informes de descargo elaborados por los uniformados procesados señalan que ellos cuentan con bitácoras detalladas sobre quiénes conducían los vehículos, los custodios que acompañaron al capo uruguayo hasta la terminal aérea y los requerimientos recibidos durante la madrugada, atribuyendo cualquier anomalía a mandos superiores.
La respuesta oficial de Justiniano y el silencio de las partes
Ante la gravedad de los señalamientos, Erbol gestionó desde el 9 de octubre solicitudes formales de contraparte a las autoridades y oficiales aludidos. Los jefes policiales procesados declinaron emitir declaraciones públicas argumentando la necesidad de resguardar su estrategia de defensa procesal en los litigios abiertos en Santa Cruz. Asimismo, la defensa técnica del general Mirko Sokol, a cargo del abogado Abel Loma, comunicó que su cliente determinó no atender consultas de medios de comunicación sobre este expediente.
Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, remitió una respuesta escrita antes del cierre de edición de la investigación periodística: “Sobre los hechos específicos, considero que cualquier presunta irregularidad debe ser investigada y esclarecida por las autoridades competentes, sobre la base de pruebas. Por respeto a esas investigaciones, prefiero no adelantar opiniones ni conclusiones sobre esas denuncias”, puntualizó la autoridad gubernamental. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, no brindó una versión formal frente a los requerimientos de la prensa.
El trasfondo: Viru Viru, la extradición a EEUU y la caída de fiscales
La sustracción del botín y los relojes exclusivos cobra mayor relevancia contextual frente a los registros captados en la sala de espera de Viru Viru antes de que el capo fuera trasladado a territorio de EEUU. En ese ambiente, Marset fue filmado refiriéndose al exfiscal general Róger Mariaca como un amigo cuando sus custodios le avisaron que el titular del Ministerio Público realizaba llamadas para conocer detalles de la captura.
En versiones no distorsionadas del interrogatorio preliminar en el aeropuerto, Marset afirmó que no mantenía negocios directos con Mariaca, aunque admitió la existencia de contactos previos argumentando que el fiscal controlaba el aparato acusador. Esa grabación sirvió de sustento para que el Departamento de Estado de EEUU emitiera el 28 de septiembre una sanción con retiro de visados a Mariaca y otros operadores judiciales, acusándolos formalmente de favorecer redes de narcotráfico.
Dos días después, el 30 de septiembre, Mariaca fue aprehendido junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y mandos policiales intermedios, una acción que recibió el respaldo de la coalición regional Escudo de las Américas. El ministro Oviedo calificó entonces a Mariaca como líder de una red de protección al crimen organizado, mientras el destino final de los cuatro millones de dólares y las joyas sustraídas de la vivienda intervenida permanece sin esclarecerse en los estrados judiciales.
