La guerra de bots y desinformación en el golpe de Bolivia representó el punto de partida de un modelo sistemático de intervención digital y desestabilización política que transformó a América Latina en un tablero de guerra híbrida. Lo que en noviembre de 2019 se ejecutó en las calles de Bolivia bajo el ropaje de un reclamo cívico contra un supuesto fraude electoral, constituyó en realidad el primer gran ensayo general donde convergieron operaciones psicológicas masivas en redes sociales, financiamiento encubierto de agencias de EEUU, el arbitraje político de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la sublevación de mandos castrenses adoctrinados en academias militares norteamericanas. Este dispositivo cibernético y conspirativo, probado inicialmente para forzar la renuncia de Evo Morales y capturar las mayores reservas mundiales de litio, sentó las bases operativas de la maquinaria continental que años más tarde encabezaría el consultor argentino Fernando Cerimedo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Honduras y el retorno de la derecha en Bolivia.
La confirmación de este esquema emergió con fuerza tras el atentado del 17 de agosto de 2026 en Santa Cruz contra la abogada Nadia Beller, expareja de Cerimedo. Al sobrevivir a tres impactos de bala disparados por sicarios, la jurista desclasificó el funcionamiento de las granjas de cuentas automatizadas, billeteras frías con más de 132 millones de dólares y la red de complicidades que ataba al asesor presidencial de Rodrigo Paz Pereira con antiguos jerarcas del golpe de 2019 y con la cúpula republicana en Washington.
El factor geoestratégico: La batalla por el litio y el despertar del Corolario Trump
El quiebre democrático de 2019 no respondió a una crisis electoral espontánea, sino a un diseño geopolítico planificado con más de un año de antelación. Documentos del centro de inteligencia privada Stratfor revelaron que ya en enero de 2018 la consultora estadounidense proyectaba un escenario de confrontación violenta en el oriente boliviano apalancado en acusaciones de fraude electoral, advirtiendo que la reelección de Morales mantendría la fuerte intervención estatal y amenazaría el acceso corporativo a las reservas minerales del país andino.
El botín estratégico era el salar de Uyuni. Bolivia concentra cerca del 70% de los recursos mundiales de litio, insumo crítico para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y tecnologías de transición energética. La política soberana del Movimiento al Socialismo (MAS), que exigía al menos un 50% de control estatal sobre los proyectos extractivos y destinaba los excedentes a programas sociales, cerró las puertas a consorcios canadienses y europeos. Paralelamente, el avance de acuerdos con dos corporaciones de China, potencia que controla dos tercios de la producción global de baterías, encendió las alarmas de seguridad nacional en Washington.
Litio
En agosto de 2018, el influyente centro de pensamiento Atlantic Council advirtió que el control boliviano sobre el litio representaba un problema geopolítico de primer orden frente a la hegemonía china. Apenas meses después, el Departamento de Estado de EEUU publicó su reporte sobre Clima de Inversiones calificando a Bolivia como un entorno inseguro. Esta visión extractivista se consolidó formalmente en la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump, documento que proclamó una reactivación agresiva de la Doctrina Monroe de 1823 mediante el denominado Corolario Trump. Bajo esta premisa, la potencia del norte fijó como prioridad hemisférica impedir que competidores extrarregionales asuman el control de activos vitales en América Latina, abriendo el camino para acciones de fuerza, sanciones económicas y operaciones encubiertas de cambio de régimen.
El brazo armado: Graduados de la Escuela de las Américas y la red policial de APALA
La caída de Evo Morales requirió la complicidad decisiva de las fuerzas de seguridad del Estado, estructuras que conservaban cordones umbilicales con el aparato militar y de inteligencia de EEUU. Informes del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) e investigaciones del periodista estadounidense Jeb Sprague documentaron que al menos seis de los principales jefes militares y policiales involucrados en la asonada golpista eran egresados del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, conocido históricamente como la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia:
- General Williams Kaliman: Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que sugirió públicamente la renuncia de Morales el 10 de noviembre, había asistido en 2003 al curso de Comando y Estado Mayor en Fort Benning y se desempeñó como agregado militar de la embajada boliviana en Washington entre 2013 y 2016.
- General Sergio Orellana Centellas: Nombrado jefe militar del régimen de facto de Jeanine Áñez, cursó estudios en 2003 sobre operaciones de acción cívica y militar en la misma base estadounidense.
- General Vladimir Yuri Calderón Mariscal: Comandante general de la Policía Boliviana que ordenó el acuartelamiento y motín policial el 9 de noviembre, había fungido hasta diciembre de 2018 como agregado policial en Washington y presidente de la Asociación de Agregados Policiales de América Latina en EEUU (APALA).
- Oficiales conspiradores en audios filtrados: Dieciséis grabaciones telefónicas divulgadas por medios como La Época y El Periódico de Costa Rica exhibieron las coordinaciones del exalcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, también exalumno de Fort Benning, junto al general Remberto Siles Vásquez (audio 12), el coronel Julio César Maldonado Leoni (audios 8 y 9), el coronel Óscar Pacello Aguirre (audio 14) y el coronel Teobaldo Cardozo Guevara (audio 10), todos vinculados a la Escuela de las Américas.
Los audios
En las grabaciones, los uniformados detallaban planes para incendiar instalaciones públicas, articular paros patronales con comités cívicos y coordinar acciones con la embajada estadounidense y con los senadores republicanos Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez. La estructura de APALA en Washington sirvió como canal reservado de contacto entre agencias federales como el FBI, la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los agregados policiales latinoamericanos, evadiendo la fiscalización de las cancillerías soberanas.
A este alineamiento doctrinario se sumaron sobornos millonarios gestionados en el extranjero. Investigaciones periodísticas revelaron que el encargado de negocios de EEUU, Bruce Williamson, coordinó pagos de un millón de dólares para los jefes militares y 500.000 dólares para los mandos policiales. Las transacciones se habrían articulado en la provincia argentina de Jujuy bajo el auspicio del gobernador Gerardo Morales, coincidiendo con la sospechosa visita realizada a esa localidad el 4 de septiembre de 2019 por Ivanka Trump, escoltada por 2.500 agentes federales y el subsecretario de Estado John Sullivan.
Lawfare electoral y el papel instrumental de la OEA
La legitimación política del golpe descansó en la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro. A pesar de que el conteo provisorio y los cómputos oficiales otorgaban la victoria a Evo Morales en primera vuelta con más del 10% de ventaja sobre Carlos Mesa, la misión de observación electoral emitió pronunciamientos apresurados sembrando dudas sobre la transmisión preliminar de resultados.
Estudios estadísticos posteriores desarrollados por el investigador Walter Mebane de la Universidad de Michigan y por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) en Washington demostraron de manera matemática que no existió una alteración fraudulenta del resultado final y que la tendencia obedeció al ingreso regular de los votos rurales. Sin embargo, la madrugada del 10 de noviembre, Almagro forzó la publicación prematura de un informe preliminar de auditoría electoral, detonando la exigencia de renuncia contra el mandatario indígena horas antes de que el general Kaliman consumara el ultimátum militar.
El laboratorio digital de 2019: La primera granja de troles financiada desde el exterior
Paralelamente a la conspiración militar, Washington inauguró en Bolivia la guerra de desinformación automatizada a gran escala. Documentos desclasificados y peritajes en plataformas digitales identificaron que el Departamento de Estado destinó 100.000 dólares a la firma de consultoría CLS Strategies para operar campañas de intoxicación informativa mediante perfiles falsos. En cuestión de semanas, la estación de inteligencia en La Paz activó el control de redes de mensajería por Wahtsapp además de lanzar más de 68.000 cuentas automatizadas en Twitter, ahora X, posicionando matrices de fraude y odio racial contra la población indígena.
El entramado canalizó recursos a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fondeando a plataformas como la ONG Ríos de Pie (Standing Rivers), dirigida por Jhanisse Vaca Daza, becaria de la Human Rights Foundation y vinculada a la red de formación de liderazgos de la Red Atlas y la Universidad de Harvard. Estas organizaciones articularon etiquetas como #BoliviaUnida y #EvoEsFraude, creando una burbuja informativa de indignación ficticia que los medios corporativos internacionales replicaron sin contrastación. Asimismo, la presencia en Santa Cruz del asesor político estadounidense,israelí George Eli Birnbaum consolidó la asesoría técnica a las juventudes cívicas y la distribución de contenidos manipulados en apoyo a la candidatura de Oscar Ortiz y la desestabilización posterior a las urnas.
La franquicia continental: De Bulo Bulo al fraude cibernético de Honduras Gate
El éxito experimental de las granjas de desinformación en Bolivia en 2019 catapultó una industria corporativa de manipulación electoral en todo el hemisferio, teniendo como figura visible al publicista argentino Fernando Cerimedo. Formado por Brad Parscale, el director de la campaña digital de Donald Trump en 2016, Cerimedo reconoció públicamente que el estratega de EEUU le diseñó la arquitectura informática basada en algoritmos, troles y segmentación masiva.
Asociado con el cabildero estadounidense Damián Merlo a través de la consultora Numen, Cerimedo exportó el modelo ensayado en Bolivia a los principales procesos políticos de la región:
• Brasil y el intento de golpe (2022 y 2023): Integró la campaña de Jair Bolsonaro y amplificó falsas denuncias de fraude contra las urnas electrónicas brasileñas, prestando soporte a la insurrección golpista de enero de 2023 en Brasilia.
• Argentina (2023): Asumió como responsable tecnológico de la campaña presidencial de Javier Milei. Declaraciones de Nadia Beller confirmaron que el consultor percibía 800.000 dólares mensuales por operar ejércitos de cuentas falsas, admittediendo el propio Cerimedo en La Nación que controlaba miles de perfiles automatizados.
• Chile y el rechazo constitucional (2020 y 2025): Montó encuestas artificiales para deslegitimar el plebiscito constituyente y desplegó ataques algorítmicos para allanar la victoria electoral del derechista José Antonio Kast.
• Perú y Colombia (2026): Asesoró a Keiko Fujimori tras recibir el respaldo de Carlos Díaz Rosillo, consejero del Departamento de Defensa de EEUU, mientras en Colombia el presidente Gustavo Petro denunció la intervención de dos millones de bots dirigidos por la red de Cerimedo para derrotar a las fuerzas de izquierda.
• El escándalo de Honduras Gate (2025 y 2026): Grabaciones filtradas presentadas por el exconsejero electoral Marlon Ochoa revelaron la voz de Cerimedo coordinando el relleno de urnas, la alteración del sistema de cómputo y el envío de millones de mensajes telefónicos intimidatorios para imponer la victoria de Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional favorecido por la previa excarcelación de Juan Orlando Hernández en EEUU.
El desenlace en Santa Cruz y la protección al operador de la Casa Blanca
La maquinaria continental se cerró sobre su propio origen cuando Cerimedo desembarcó en Bolivia y terminó como asesor personal del presidente Rodrigo Paz Pereira, instalando una oficina contigua al despacho presidencial. Allí operó la granja digital que moldeó la opinión pública previa a las elecciones de 2025, mientras intermediaba acuerdos energéticos con consorcios de criptominería como ALPS Blockchain en la termoeléctrica de Bulo Bulo, decretos mandados desde EEUU, una red de logistica de combustible. Revisar el enlace
La tentativa de asesinato contra Nadia Beller el 17 de agosto de 2026 quebró la coraza de impunidad. Al descubrirse en su domicilio equipos de alta tecnología, cientos de miles de dólares en efectivo y billeteras virtuales con sumas exorbitantes, Cerimedo fue encarcelado bajo cargos de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y narcotráfico.
La respuesta de Washington ante el arresto de su operador confirmó el valor estratégico del personaje: el Departamento de Estado impuso sanciones inmediatas al fiscal general del Estado, Róger Mariaca, quien fue detenido y destituido de forma irregular para neutralizar las pesquisas judiciales sobre Cerimedo y la red transnacional de comisiones energéticas.
El golpe de Estado de 2019 en Bolivia no fue un episodio aislado del pasado, sino la partida de nacimiento de una metodología de agresión invisible donde los fusiles de la Escuela de las Américas fueron complementados por los algoritmos de la guerra digital, garantizando la subordinación económica de los recursos naturales del sur bajo la sombra perpetua del imperio del norte.
Errores
Esta información no significa lavarle la cara a Evo Morales ni al Movimiento al Socialismo (MAS). Sus errores, desde la obstinación con la reelección de Morales y los abusos y atropellos contra la ciudadanía común, apoyaron las narrativas falsas apoyadas desde EE. UU.
Es preciso resaltar que la soberanía nacional que poco a poco se está perdiendo también se encuadra en ser capaces de resolver nuestros problemas, y no apelar a intervención extranjera.
Lo que inició el 2019 fue apenas el comienzo de una serie de atropellos y autoritarismos desde un escritorio en EEUU La izquierda boliviana y de la región no cumplió un papel ético de mostrar a la gente que se puede vivir bien con un Estado responsable, con un proyecto que beneficie al trabajador, y no a las élites incrustadas en la región que obedecen a los patrones del norte.
