La detención del fiscal Róger Mariaca en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, ejecutada en simultáneo con allanamientos policiales sin orden judicial en las sedes del Ministerio Público en Sucre y Santa Cruz, consumó una de las más graves fracturas institucionales en la historia democrática reciente de Bolivia. La sorpresiva captura de la máxima autoridad de la fiscalía y del fiscal departamental cruceño, Alberto Zeballos. Ambos incorporados días antes a la lista de restricciones de visado del Departamento de Estado de EEUU.
Se produjo al margen de los fueros y garantías que establece la Constitución Política del Estado, en un operativo calificado por juristas y funcionarios judiciales como una maniobra de silenciamiento orientada a descabezar las investigaciones penales que comprometen al exasesor presidencial Fernando Cerimedo y sus conexiones con la derecha regional y el entorno MAGA en Washington.
Operativo en Viru Viru y toma policial de la Fiscalía en Sucre
El arresto de Mariaca y Zeballos se registró en la terminal aérea cruceña sin que las autoridades del Ministerio de Gobierno informaran de manera oficial los fundamentos jurídicos, los delitos imputados ni la existencia de un mandamiento de aprehensión emitido por un juez competente.
Casi en paralelo, contingentes de policías encapuchados irrumpieron en la sede central de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre, interrumpiendo las labores administrativas e impidiendo una conferencia de prensa que la entidad tenía programada para responder a las presiones internacionales.
Durante una transmisión en vivo en las plataformas institucionales, la jefa de comunicaciones de la Fiscalía, Claudia Pardo, denunció la intervención irregular antes de ser aprehendida: «Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal (…). Pretendíamos brindar una conferencia de prensa, pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento y nos aprehendieron a todos». La Fiscalía Departamental de Santa Cruz también fue intervenida por agentes de élite, dejando incomunicadas a las principales direcciones de investigación penal del país.
El móvil de fondo: paralizar el cerco penal sobre Fernando Cerimedo
La violenta arremetida contra el Ministerio Público coincide con la fase más delicada de las pesquisas dirigidas por Mariaca contra Fernando Cerimedo, el consultor argentino y exasesor personal de Rodrigo Paz recluido en un penal de máxima seguridad.
El despacho del Fiscal General concentraba expedientes de alto impacto político y criminal:
- Tentativa de feminicidio: El ataque a tiros contra la abogada Nadia Beller en agosto de 2026.
- La «Ruta del Oro»: El decomiso de 189,5 kilos de lingotes de oro en Viru Viru y la llamada tripartita que compromete al Ministerio de Gobierno y a la Aduana Nacional.
- Narcovuelos en el Beni: Los audios presentados por el vicepresidente Edmand Lara donde Cerimedo negocia tarifas de $us 15.000 por avioneta con el coronel Frans William Cabrera y controladores de NAABOL.
- Negociados en YPFB y la empresa FUTURA: Las recientes pruebas entregadas por Beller sobre comisiones millonarias de combustibles gestionadas entre Cerimedo, su esposa Natalia Belén Basil y Brad Parscale.
Días antes de su captura, Mariaca había sido tajante ante los medios al advertir que no cedería a presiones externas: «No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión. Ninguna presión política, nacional o internacional, puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos».
La red internacional en la mira: de Trump Jr. al Cono Sur
El avance de las investigaciones bolivianas había escalado a niveles geopolíticos tras la difusión de pruebas documentales que vinculaban la estructura de Cerimedo con los principales liderazgos de la derecha continental:
- El nexo MAGA en EEUU: Fotografías y chats revelaron reuniones conjuntas entre Donald Trump Jr., Brad Parscale (exjefe de campaña de Donald Trump), el consultor Andy Rivas y Cerimedo, articulando contratos de consultoría y negocios energéticos tras la victoria electoral de Rodrigo Paz en 2025.
- Ramificaciones en la región: La maquinaria de desinformación algorítmica y asesoría no oficial investigada en Bolivia abarca nexos directos con Javier Milei en Argentina (causa ANDIS), Jair Bolsonaro en Brasil (indiciamiento por el intento de golpe de 2023), Keiko Fujimori en Perú (pagos de $us 170.000 para granjas de bots), Daniel Noboa en Ecuador y Santiago Peña en Paraguay.
La detención extrajudicial de Mariaca ocurre precisamente cuando las declaraciones de testigos protegidos y los peritajes a dispositivos electrónicos amenazaban con exponer la totalidad de los contratos y transferencias internacionales de esta red.
El libreto de la injerencia: sanciones de Washington y videos filtrados
Para allanar el terreno al golpe institucional, el Departamento de Estado de EEUU revocó la visa de Mariaca en el marco del programa Escudo de las Américas, acusándolo de recibir supuestos sobornos sin acompañar la sanción con una denuncia formal ante tribunales.
Como parte de la campaña de desprestigio, medios afines al oficialismo difundieron un video no verificado del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset —capturado y expulsado durante la gestión del propio Mariaca con apoyo de la DEA— en el que el capo afirmaba de manera informal que el fiscal era su «amigo».
La utilización de acusaciones externas y piezas audiovisuales sin peritaje oficial para justificar el descabezamiento del Órgano Judicial confirma un patrón de injerencia donde la subordinación política exterior del gobierno de Rodrigo Paz se impuso sobre la legalidad constitucional, vulnerando la independencia de poderes (Arts. 12, 178 y 225 de la CPE) y clausurando por la fuerza las investigaciones sobre la mayor trama de corrupción y poder en las sombras de la región.
