La destitución de Alberto Soto de la Vía como presidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional fue oficializada este 17 de septiembre mediante la Resolución Suprema N.º 32495, rubricada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales Burgos. La determinación gubernamental abroga la Resolución Suprema N.º 32118 emitida el 20 de noviembre de 2025, cerrando un ciclo de gestión marcado por graves revelaciones difundidas por DTV, la cadena argentina A24 y el medio digital La Pluma y Espada, las cuales vincularon al exfuncionario con el frustrado contrabando de lingotes de oro en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru y esquemas de concentración familiar en el transporte aéreo estatal.
La anulación del mandato y el procedimiento legislativo pendiente
Soto de la Vía había asumido la presidencia interina de la entidad recaudadora el 25 de noviembre de 2025, oportunidad en la que fue posesionado por el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en un acto conjunto donde Jorge Zogbi asumió la dirección del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
La nueva disposición legal fundamenta el cese recordando que la Ley General de Aduanas establece un mecanismo expreso para la designación de la máxima autoridad ejecutiva de la institución: el nombramiento definitivo corresponde al Presidente del Estado a partir de una terna aprobada por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, un proceso institucional que había quedado postergado y que ahora deberá ser reactivado por el Legislativo.
La «Ruta del Oro» en Viru Viru: el cargamento de 25 millones de dólares
El detonante que precipitó la salida del titular aduanero se originó el 22 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz), cuando se interceptaron cuatro valijas especiales que contenían 77 lingotes de oro de alta pureza listos para ser embarcados en un vuelo chárter con ruta São Paulo (Brasil) y destino final en Dubái.
El operativo, documentado por DTV y A24, desató una controversia inicial por el manejo de la evidencia:
- El bache de los 22 kilos: Los pesajes preliminares sumaron 211 kilogramos brutos, mientras que el acta oficial fijó la incautación en 189,5 kilogramos netos, abriendo sospechas por una diferencia de 22 kilos valuados en aproximadamente 3 millones de dólares. El mineral decomisado fue transferido posteriormente a custodia del Banco Central de Bolivia (BCB).
- El nexo con Cerimedo: La carga era transportada por Adrián Lema Roca (22 años), quien fue imputado por contrabando, compraventa ilegal de minerales y enriquecimiento ilícito. Las pericias telefónicas revelaron que el joven figuraba registrado en el teléfono celular del consultor Fernando Cerimedo bajo el contacto «Adrián Lerma». Pese a la gravedad del hecho, la justicia le concedió detención domiciliaria el 14 de agosto.
- Empresas intermediarias: Conversaciones analizadas entre Cerimedo y su expareja Nadia Beller mencionaron gestiones vinculadas a Mauricio Ayala y su primo Alejandro Rivera para intentar brindar protección jurídica a los involucrados.
La llamada tripartita de madrugada y las liberaciones exprés
El expediente adquirió trascendencia política al revelarse una comunicación telefónica sostenida durante la madrugada del decomiso en la que participaron tres autoridades:
- Alberto Soto de la Vía: Quien como titular de la Aduana Nacional defendió la legalidad de la carga y aseguró que Lema Roca contaba con la documentación en regla.
- Armando Magne Zelaya: Director Nacional del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), quien frenó el despacho del vuelo al constatar que los formularios M-02 y M-03 y los códigos QR eran falsificados y pertenecían a empresas fantasma.
- Marco Antonio Oviedo: Ministro de Gobierno, cuya intervención telefónica derivó en indagaciones sobre presuntas presiones para franquear la salida del chárter.
El escándalo se profundizó tras conocerse que, durante esa misma madrugada, cinco acompañantes inicialmente capturados en el aeropuerto fueron puestos en libertad desde la comisaría de Satélite Norte tras la intermediación de la capitán policial Denise Guzmán Montesinos y llamadas hacia despachos de gobierno. Los liberados fueron identificados como Luis Enrique Rivero Sotelo, Edgar Alfredo Rivera León, Carlos Andrés Lamu Cuéllar, Federico Ballerstaedt Sauma y Lucas Manuel Muñoz. Reportes de inteligencia consignados por DTV señalaron que uno de ellos se comunicaba insistentemente con una persona a la que llamaba «Ministro».
Ante estos hechos, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció la ampliación de las investigaciones penales bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para procesar a las autoridades involucradas sin distinción de jerarquía.
La red familiar: control de aduanas y aeropuertos
Paralelamente al caso del oro, en julio de 2026 el vicepresidente Edmand Lara denunció, publicado en La Pluma y Espada, la existencia de un presunto esquema de nepotismo e influencias entre las fronteras y el espacio aéreo estatal.
Lara expuso que la hermana de la máxima autoridad aduanera, Tatiana Soto de la Vía, designada en enero de 2026 como Jefa Nacional de Aeropuertos de Boliviana de Aviación (BoA), accedió a pasajes internacionales de primera clase en la ruta Cochabamba-Miami pagando apenas Bs 1.588, repitiendo el patrón atribuido al exgerente de la aerolínea Eduardo Valdivia (quien pagó Bs 933 por un vuelo desde EE.UU.).
El Vicepresidente criticó que mientras Alberto Soto administraba el control de mercancías en frontera, su hermana ejercía la supervisión técnica en las terminales aéreas, marcando distancias con la jefa de gabinete Gilda Céspedes y exigiendo auditorías sobre las designaciones en una empresa estatal cuya flota operativa cayó de 14 a 9 aeronaves.
Viru Viru en el centro de las rutas irregulares
La remoción en la Aduana se inscribe en una secuencia de incidentes críticos registrados en la principal terminal aérea cruceña durante la actual administración:
- Las 32 maletas (Noviembre 2025): Vuelo privado procedente de EEUU cuyo cargamento fue retirado por la exdiputada Laura Rojas mediante un pasaporte diplomático anulado, derivando en el hallazgo de marihuana líquida y divisas, caso por el cual Rojas y el juez Hebert Zeballos guardan detención preventiva, mientras el ciudadano italiano Gabriel Giuliano Leoni permanece prófugo.
- Tráfico de armamento (Julio 2026): Decomiso de cuatro fusiles de asalto AK-47 calibre 7,62 mm camuflados en equipaje, con órdenes de captura activas contra el sospechoso Adrián H.S.
- El cargamento de lingotes (Julio 2026): Los 189,5 kg de oro con sellos adulterados que finalmente detonaron la caída del mando aduanero.
La salida de Soto de la Vía deja abierta la designación de una nueva presidencia aduanera que deberá ser canalizada por la Asamblea Legislativa, en un escenario de creciente presión sobre el Ministerio de Gobierno y los organismos de fiscalización aeroportuaria del país.
